El director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de los trabajadores, Ramón Ruíz, y el presidente de la Federación Ancap (FANCAP), Gerardo Rodríguez, denunciaron, en declaraciones a Caras y Caretas, que la propuesta del gobierno de reforma de la seguridad social “no toca privilegios” sino que “redistribuye entre los pobres” al aumentar el costo sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables.
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“Esta ley se va a transformar en la principal reforma estructural de este gobierno. Va a cambiar la estructura del sistema, porque no va a tocar privilegios, lejos de ser solidaria, lo que se plantea es redistribuir entre los pobres, va a haber un ajuste entre trabajadores, pero no hay una redistribución de la riqueza. No hay ningún artículo que apunte a pedir un esfuerzo a los empresarios que tienen mayor capacidad contributiva, estamos hablando de una reforma que no le hace bien a los trabajadores ni a la seguridad social”, afirmó Ruíz.
“No se trata de una propuesta de reforma a la seguridad social, sino jubilatoria. En ese sentido se recortan derechos a la clase trabajadora y a los sectores populares. Se eleva la edad de jubilación, se baja el nivel de ingreso a la hora de jubilarse, se profundiza el rol de las AFAP y se generan condiciones para que sigan aumentando las ganancias y el lucro dentro de la seguridad social. No se avanza en una reforma de la caja militar, por lo tanto mi mirada de la propuesta del gobierno es totalmente de rechazo porque creo que atenta y recorta derechos de los trabajadores”, afirmó Rodríguez.
Ambos dirigentes rechazaron la visión del presidente Luis Lacalle Pou de que esta propuesta de reforma es “solidaria y sostenible”. Reclamaron que a “los únicos que se le piden que haga un esfuerzo para que el sistema sea sostenible es a los trabajadores”.
Asimismo, Ruíz denunció que el presidente no cumplió con su promesa electoral de no aumentar la edad de retiro.
“Lo primero que queremos decir es que no hay ninguna duda de que el presidente no cumplió con la promesa de no aumentar la edad de retiro. Antes de ser presidente, hizo una promesa electoral de que no le iba a cambiar las reglas de juego a los que están trabajando, dijo que le iban a dar estímulo para que los que están trabajando se retrasen más tarde con mejor jubilación y que no iba a aumentar y esa promesa electoral, de acuerdo al proyecto que presentó, no se está cumpliendo, porque eleva la edad de retiro legal a los 65 años”, afirmó.
Nuevas formas de financiamiento
Ruíz y Rodríguez consideraron que el actual proyecto de reforma previsional no contiene ninguna medida que apunte a crear nuevas fuentes de financiamiento.
“Si lo que preocupa es el déficit, aclarando que para nosotros no es un déficit, es una inversión que hace el Estado ante el derecho humano fundamental como es la jubilación, deberíamos mirar a la caja militar que necesita 450 millones de dólares por año”, afirmó Ruíz.
Consideró que las propuestas que hay para la caja militar “son muy tímidas”.
Asimismo, Ruíz dijo que se debería analizar si todavía están vigentes las exoneraciones de aportes patronales o si es tiempo de que comiencen a aportar a la seguridad social,
“Tenemos que ver la informalidad, hace pocas semanas el Banco Interamericano de Desarrollo dijo que solamente en el transporte de carga hay una evasión de 120 millones de dólares en el BPS por parte de las empresas que trabajan en esa rama de actividad. Es básico ese cálculo porque no tiene en cuenta otras partidas y seguramente tienen evasión en la DGI por lo que hay que mirar hacia el cumplimiento que tienen los empleadores con sus obligaciones”.
En la misma sintonía, Rodríguez afirmó que se debería pensar en el desarrollo de la tecnología. “Por ejemplo, si en un supermercado tengo 10 trabajadores que atienden las cajas y sustituyo a la mitad por máquinas, el aporte patronal baja a la mitad y sin embargo la ganancia del supermercado aumenta, por lo que creemos que se deben cambiar la forma de aportes patronales, no en función de la cantidad de trabajadores sino de la ganancia de ese negocio”.
En cuanto a las AFAP, Rodríguez y Ruiz indicaron que esta propuesta de reforma aumentaría el lucro de estas empresas. “Se crearon en la reforma del 95 donde nos dijeron que era para darle sostenibilidad al sistema y se mostró que no es así. El promedio de jubilaciones de las AFAP es de 7 mil pesos cuando en el BPS el promedio es de 28 mil pesos, lo que significa cuatro veces más”, advirtió Rodríguez.
“Ni que hablar con el tema del régimen privado, las AFAP, que el año pasado ganaron 12 millones de dólares en un año. Ese dinero eran recursos de la seguridad social y ahora están en manos de los privados. Son esas cosas las que queremos discutir, pero creo que el gobierno no las quiere analizar porque no las manifiesta en el proyecto”, afirmó Ruiz.
En cuanto a la esperanza de vida, Rodríguez dijo que no es la misma para las personas que viven en Carrasco o en un asentamiento.
“Es claro que el tema de la expectativa de vida es un tema a tener en cuenta pero no puede ser definitorio. Con el incremento brutal de la riqueza, debería encaminarse el financiamiento del sistema con otra lógica y no con la que se plantea en la reforma del gobierno”, agregó.