Ley de medios: ¿Cómo seguir tras la suspensión del reglamento?

Para Gómez, la medida adoptada por el nuevo gobierno es oportuna, dado que “apenas tenemos un mes de gobierno y había que dar una señal”. En ese sentido, sostuvo que “la suspensión implica que ese reglamento sigue vivo, pero demuestra una voluntad del gobierno de reformar una ley que no nos gusta. Y que en unos meses tengamos un decreto nuevo”.

Consultado sobre las razones de ese rechazo a la normativa vigente, señaló que se trata de una ley que propició “una mayor concentración mediática en Uruguay”, al legalizar situaciones de irregularidad previas vinculadas a grandes grupos empresariales del sector. “Blanqueó situaciones de ilegalidad manifiestas de algunos grupos mediáticos muy grandes, reconociendo la situación y permitiendo además que tuvieran más concentrados y que incluso empresas extranjeras compraran el 100% del capital accionario de nuestros medios”, dijo al periodista Mateo Grille. Desde su punto de vista, esto representa una amenaza directa al pluralismo y a la soberanía nacional: “Con eso solo ya es suficiente para que sea una mala ley desde el punto de vista de la soberanía y del pluralismo mediático que un país necesita para que el derecho a la libertad de expresión sea efectivo”.

Amplio debate

Respecto a las prioridades a considerar tras la suspensión del reglamento, planteó que el nuevo decreto debería al menos corregir los elementos más cuestionables de la versión anterior, aprobada escasas semanas antes del recambio de autoridades. Pero también subrayó la necesidad de abrir un debate más amplio que apunte a modificar aspectos centrales de la ley en términos de transparencia, participación ciudadana, control democrático, concentración de medios y pluralismo. A esos tres ejes les sumó un desafío adicional: la regulación de las plataformas digitales.

Tanto la ley de medios de 2014 como la actual de 2024 comparten, según Gómez, una misma limitación de origen: “Quedaron rengas. Siguen regulando solamente los medios tradicionales”. A su juicio, el país necesita avanzar en la discusión sobre cómo regular a las grandes plataformas digitales y cómo garantizar los derechos ciudadanos ante el poder desmedido de actores como YouTube, Facebook, Instagram o X. “Uruguay necesita —y creo que este es un buen momento para discutirlo—: ¿Cómo regulamos a las grandes plataformas de internet? ¿Cómo protegemos el derecho de las personas frente a poderes casi monopólicos que manejan más plata que Uruguay?”, cuestionó.

En busca de antecedentes para abordar estos desafíos, Gómez citó el ejemplo europeo, donde ya existen marcos regulatorios diferenciados tanto para servicios similares a la televisión —como Netflix, Disney o HBO— como para redes sociales y plataformas digitales. “Hay en Europa referencias y hay organismos internacionales como la UNESCO que vienen proponiendo una serie de directrices. Una posible regulación de esos sistemas, de una manera democrática y compatible con los más altos estándares internacionales de derechos humanos, hay que mirar para ahí”, concluyó.