Una política de vivienda que ha tenido como saldo a 90 familias procesadas y desalojadas de asentamientos son el número registrado por el grado de visibilidad que los mismos alcanzaron, pero a esa cifra se suma decenas de situaciones individuales que se registran diariamente.
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Patricia vive con su esposo que luego de abandonar la pesca artesanal se encuentra haciendo changas y con su hija que ahora ingresa a sexto año escolar en una escuela de la zona, una escuela que colabora muchísimo con la situación de la menor que presenta dificultades de aprendizaje.
La precariedad de ingresos los llevó a sumarse junto a otras cuatrocientas familias a ocupar unos campos abandonados cerca de la zona de Santa Catalina, en el oeste de Montevideo.
Patricia junto a otras 60 familias, es una de las procesadas por el fiscal Diego Pérez bajo los delitos de Usurpación y Hurto de energía eléctrica y le ha dado plazo hasta el 18 de marzo de éste año para abandonar el terreno y así evitar la prisión efectiva.
Desde el área social de fiscalía le ofrecen que ella y su hija se vayan a un refugio para madres con hijos; o sea separarse de su esposo, desarmar la familia y con suerte, lograr un lugar en uno de los atestados refugios del MIDES.
El Fiscal Diego Pérez consciente del escándalo público que podía generar procesar a las 400 familias de una sola vez, optó por este camino de procesar de a decenas; quiebra la unidad entre los asentados, debilita su organización y administra judicialmente el proceso.
Las familias del Nuevo Comienzo y el San Miguel, el asentamiento lindero al camino continuación Burdeos contra Santa Catalina, han visto naufragar todas las promesas institucionales.
La primera de ellas fue un posible acuerdo entre la Intendencia Municipal de Montevideo y el Ministerio de Vivienda en la comisión de viviendas de diputados donde la intendencia cedía unos terrenos y el ministerio ponía una canasta de materiales de construcción.
La importancia de éste acuerdo que nunca se llegó a firmar es que permitía que el fiscal diego Pérez no avanzara con los procesamientos.
Algunas mujeres jefas de hogar lograron ingresar a un proyecto de Fucvam y salir de la emergencia; también el abogado de la UdelaR Juan Ceretta logró que la justicia impusiera al Ministerio de vivienda una solución habitacional para dos familias.
Pero para la enorme mayoría el procesamiento y volver a la calle es el horizonte cercano.
(Fabiana Molina vocera del asentamiento (primera ala izquierda) junto a tres de los que pueden ser procesados el 18 de marzo de no abandonar los terrenos) Foto: Meri Parrado
Hace un año el gobierno anunció con bombos y platillos el Plan Avanzar, que daría solución a las familias que vivían en algunos asentamientos, en un criterio de selección que nunca quedó muy claro; en todo caso al Nuevo Comienzo nunca le tocó.
Este plan se implementaría en 20 asentamientos de 12 localidades en siete departamentos: Artigas, Salto, Treinta y Tres, Río Negro, Durazno, Colonia y Flores. Con esta intervención se beneficiará de forma directa a más de 4.000 personas, personas que merecen también una solución habitacional, a pesar del pequeño detalle que viven en territorios en su enorme mayoría, del Partido Nacional.
Cuando la ocupación de Nuevo comienzo puso en jaque a las políticas de vivienda del nuevo gobierno, cuando las 50 mil viviendas prometidas en campaña por la ministra Moreira fueron un globo desinflado, la institucionalidad apuntó a la represión judicial como única respuesta, y desde Cabildo Abierto levantaron la apuesta , proponiendo modificar el articulo 45 de la Constitución que le da al Estado la potestad de poder resolver el acceso a la vivienda.
“Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.
Bajados del Tren
En los primeros días de marzo el procesamiento y lanzamiento es el destino de 30 familias que en la zona de Las Vegas norte en Canelones, pensaron encontrar la solución de vivienda en unos terrenos abandonados pertenecientes a AFE.
Estos vecinos iniciaron negociaciones con las autoridades del organismo que ya habia planteado su negativa a conceder la venta de los terrenos a los vecinos, pero se dilataron por la burocracia del ente estatal y por la actuación de organismos de derechos humanos y la prensa alternativa, que planteó considerar la situación de menores discapacitados.
UTE ya avanzó en la instalación de energía para las viviendas, por lo que al menos, podrán evitar ser procesados por hurto de suministro.
Las 30 familias de Las Vegas mas las 60 del Nuevo Comienzo, suman 90 familias que además de no encontrar soluciones a su situación de carencia de vivienda, cargan con antecedentes penales, lo que perjudica posiblemente su futuro laboral.
Para unos si y otros no
El 2023 se proyecta como el año en el que los proyectos de vivienda promovida van a “continuar aumentando”, según expresó el director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu), Aníbal Durán.
Si bien el proyecto de “vivienda promovida” ha sido aplaudida por el sindicato de la construcción (SUNCA) en la generación de fuentes de trabajo, no son viviendas que engloben a los sectores mas humildes, justamente a los que históricamente no tienen capacidad de ahorro.
Y es justamente a éstas familias que las posibles soluciones fueron frenadas bajo un criterio de ahorro fiscal; una vez mas, la inversión social se toma como un gasto.
La diputada del Frente Amplio, Cecilia Cairo, expresó en Mejor Hablar que el Ministerio de Vivienda ha enlentecido el cronograma de obras para erradicación de asentamientos.
Precisó que para financiar esas obras dispone de 100 millones dólares, de los cuales el 70 % son aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A ello se le suma el aporte de las intendencias, según señala el convenio suscrito en 2019.
“En realidad la plata está, pero el Gobierno no permite usar estos fondos para cuidar el déficit fiscal”, señaló Cario. Agregó que desde el Ministerio se señala que las obras se ejecutarán en 2023 y 2024.
“En este año las obras que se han inaugurado son del gobierno anterior”, precisó la legisladora.
Consultada sobre la evolución de los asentamientos en el país, Cairo señaló que el último censo indicó que se registran 607. La cifra disminuyó muy poco en relación a 15 años atrás cuando había 613.
No obstante, detalló que durante los Gobiernos del Frente Amplio se regularizaron unos 100 asentamientos, pero también se construyeron nuevos. “Claramente no pudimos resolver la situación”, apuntó. La diputada señaló que este fenómeno de crecimiento se dio particularmente en el norte del país, en departamentos como Rivera y Salto.