La policía aeroportuaria les encontró una botella con siete gramos de marihuana en flor y el fiscal Diego Farrachol las procesó por tráfico de drogas y les impuso la prisión preventiva.
Si bien la familia de las mujeres considera que Virginia cometió "un error con consecuencias desoladoras", lo cierto es que Uruguay nunca penó el consumo de cannabis, incluso en la vía pública, y, desde 2013, este país liberó todos los usos de la planta, convirtiéndose el primero en hacerlo en todo el mundo.
Bolivia prohíbe
Bolivia, en tanto, prohíbe la importación, exportación, producción y comercialización del cannabis, bajo la tutela de la ley 1.008, y sólo permite su uso con fines medicinales, siempre que sea bajo licencia y control del Ministerio de Salud. No obstante, en la práctica, su uso recreativo está normalizado en muchos puntos del país.
"El artículo 49 de la ley 1.008 prevé que la prueba que se tiene que producir para demostrar que sos consumidor es el examen de pelo, orina y sangre. Ese examen generalmente es imposible de concretarlo en los hechos, entonces no hay posibilidad de probarlo, porque se desvanece la evidencia en sangre y muchas personas tienen que estar presas sin poder demostrar que son consumidores", plantea el defensor.
Pero como el Estado Uruguayo cuenta con un registro de usuarios, a través del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), Rey pudo demostrar que Virginia es consumidora por una vía a la que el sistema judicial boliviano no estaba habituado y el mismo fiscal que en marzo las imputó por tráfico, entendió la situación.
"En Uruguay mucha gente no quiere inscribirse al registro, pero muchas veces estar anotado en un lugar es la certeza de lo que estás haciendo", resume Rey.
Demoras judiciales
Ambos casos parecen estar solucionados; sin embargo, las mujeres siguen detenidas en el penal de Obrajes, una de las dos cárceles femeninas que tiene La Paz y la que cuenta con peores condiciones edilicias.
Silvia, de 60 años, ya recibió la solicitud fiscal de seguimiento, ratificada este jueves por el fiscal departamental de Sucre (sur), y ahora tiene que ser ejecutada judicialmente. Mientras tanto, participa forzadamente del régimen de trabajo del penal, que comprende tareas de limpieza, mantenimiento, construcción, remodelación y otros enseres manuales y físicos exigentes. En suma, el invierno y los problemas respiratorios del establecimiento comienzan a hacer mella en su salud.
Virginia, en tanto, fue beneficiada con el cambio de carátula, dado que el uso de cannabis no tiene pena de prisión, a pesar de ser un delito.
"El caso de Virginia requiere un proceso penal abreviado y la pena para los no residentes es la expulsión, que es lo que estamos buscando. Ya logramos firmar el borrador del documento privado de acuerdo abreviado con el fiscal, ahora estamos esperando que se designe fecha de audiencia", se resigna Rey.
El abogado entiende que aunque parezca que está en vía de resolverse, todo depende de plazos procesales y "la cultura jurisprudencial y judicial en Bolivia, que hace que muchas veces los plazos procesales no se cumplan".
"Entonces, una semana pueden ser tres meses", grafica.
Por eso, y a pesar de agradecer al embajador uruguayo en La Paz, Fernando Mar Merelo, y su asistente, la licenciada Moira Toledo, la defensa y la familia de Silvia y Virginia piden una asistencia más dedicada por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en particular, del propio canciller, para poner fin a una contradicción jurídica y burocrática entre dos países que interrumpe la libertad de dos mujeres.
