Reforma del Código Penal: qué cambiaría y por qué dicen que hoy "no funciona bien"

Por qué dicen que “no funciona bien”

Valentín explicó que el CPP, aprobado en 2014 y vigente desde 2017, fue modificado en reiteradas ocasiones por distintas leyes que no siempre siguieron la misma lógica. Esto generó, según indicó, un sistema con normas que se contradicen entre sí, artículos que ya no existen en la práctica y soluciones diferentes para problemas similares.

“El resultado es un código desajustado”, planteó, señalando que estas inconsistencias impactan directamente en fiscales, jueces y abogados al momento de aplicar la ley.

Además, remarcó que Uruguay no aprovechó suficientemente la experiencia de otros países de la región que ya habían reformado sus sistemas penales, lo que podría haber evitado algunos de los problemas actuales.

Qué cambiaría con la reforma

Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo impulsa una reforma integral para ordenar todo el sistema bajo una misma lógica. Uno de los principales cambios es el fortalecimiento de las garantías para las personas investigadas. Entre otras medidas, se refuerza el principio de inocencia, incluso en la forma en que las autoridades se refieren públicamente a los imputados.

También se propone un rol más activo del juez durante la etapa de investigación. El nuevo diseño prevé que pueda intervenir si entiende que se están vulnerando derechos, incluso llegando a suspender una investigación mientras analiza la situación.

Otro punto relevante es la fijación de tiempos más definidos. La reforma establece plazos para investigar —que pueden ir de nueve meses a un año, con un máximo de dos años— y fija por primera vez un límite de 30 días para que la fiscalía presente una acusación. Según Valentín, esto apunta a evitar demoras excesivas y dar mayor previsibilidad al proceso, aunque advirtió que también depende de los recursos disponibles.

Más lugar para las víctimas

El proyecto también intenta fortalecer el rol de las víctimas dentro del proceso penal. Si bien el sistema uruguayo no prevé que lleven adelante la acusación por sí mismas, como ocurre en otros países, se pretende ampliar sus herramientas de participación.

Valentín integró como experto independiente la comisión que trabajó en la reforma junto a representantes del Poder Judicial, Fiscalía y otros organismos.

El proyecto será ahora discutido en el Parlamento, donde se definirá su alcance final.

Para el catedrático, el objetivo es pasar de un sistema “contradictorio y desordenado” a uno más coherente, con reglas claras y mejores garantías tanto para imputados como para víctimas.