En un paso clave para la salvaguarda de las garantías democráticas en el país, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República y la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) concretaron la firma de un convenio marco de cooperación interinstitucional. El acto oficial, desarrollado en la sede de la Torre Ejecutiva, reunió a autoridades gubernamentales y representantes gremiales con el objetivo central de blindar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
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Secretaría de Derechos Humanos y APU
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El acuerdo establece directrices para potenciar acciones formativas en derechos humanos, garantizar el derecho ciudadano a la información pública veraz y respaldar el rol fundamental que desempeñan los medios de comunicación y sus profesionales en el debate democrático.
Ejes estratégicos del acuerdo y lucha contra la desinformación
Durante la firma, las partes subrayaron que la iniciativa no solo se limita a la protección del trabajo periodístico, sino que busca estructurar herramientas concretas frente a los nuevos desafíos informativos.
Por su parte, el presidente de la APU, Rody Olivera, valoró enfáticamente la rúbrica del convenio al señalar su impacto directo en la defensa de los derechos fundamentales, haciendo especial hincapié en la necesidad de combatir la manipulación informativa y la proliferación de noticias falsas (fake news) que erosionan la credibilidad pública y la convivencia social.
Asimismo, el documento contempla la puesta en marcha de proyectos de interés común orientados a consolidar una cultura de respeto institucional, fomentando activamente el pluralismo, la diversidad y la no discriminación en el ecosistema mediático nacional.
Un compromiso sostenido con la convivencia democrática
La materialización de este pacto refuerza la articulación entre el Estado y las organizaciones sociales en la promoción de estándares internacionales de libertad informativa. Con este entendimiento, la Secretaría de Derechos Humanos y el gremio de prensa consolidan un marco de trabajo permanente que prioriza la transparencia institucional, la protección de los comunicadores y la garantía de que la ciudadanía acceda a canales de información plurales, libres de censura y coerciones externas.
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