El sindicato también advierte sobre los efectos que esta situación puede tener en la convivencia dentro de los establecimientos, asegurando que "pone en riesgo a todos los actores del sistema. Pone en riesgo la convivencia y la seguridad dentro de los centros de INISA, tanto para los adolescentes alojados como para los trabajadores y trabajadoras".
El tercer argumento de la organización apunta a la finalidad del sistema de responsabilidad penal adolescente, que, según plantea, se desvirtúa cuando se utiliza para que jóvenes que ya cumplieron penas en el sistema de adultos completen medidas pendientes. "El sistema adolescente está pensado para educar, no para ser una extensión de la pena adulta", sostiene Suinau. En esa línea, agrega que estos jóvenes "ya fueron juzgados por el sistema más duro que tiene el Estado" y considera "inadmisible que permanezcan en el sistema penal adolescente".
El sindicato fundamenta su posición en que el INISA tiene como objetivo aplicar medidas socioeducativas y, a su entender, no está preparado para alojar a personas que ya cometieron delitos como mayores de edad. Por ese motivo, considera necesario revisar los criterios judiciales que habilitan estos reingresos.
Sobre la audiencia ante la Suprema Corte de Justicia, adelantaron: "Vamos a plantear a la Suprema Corte la posibilidad de definir criterios claros, unificados y con enfoque de derechos, para intentar convencer que esta situación es insostenible para el sistema y ver si se puede encontrar algún mecanismo que modifique esta realidad", expresa el comunicado.
