Químicos tóxicos son aquellos que pueden causar enfermedades graves, envenenamiento, defectos de nacimiento, enfermedades o la muerte cuando se ingieren, inhalan o absorben los organismos vivos. Esos son los parámetros que utilizan los diferentes organismos internacionales para medir la contaminación de la Tierra.
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En lo que va de 2022 las distintas industrias a nivel mundial emitieron en total 6.290.005 toneladas (más de seis billones de kilos) de químicos tóxicos, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Eso significa que cada segundo 310 kilogramos de productos químicos tóxicos son liberados al aire, la tierra y el agua por instalaciones industriales de todo el mundo. Se estima que para fin de año el total va a superar las diez millones de toneladas.
Otro dato que resaltan es que dos millones de toneladas corresponden a carcinógenos reconocidos (lo que implica una liberación de 65 kilos por segundo).
Los químicos tóxicos se emiten al ambiente por derrame, fuga, bombeo, vertido, emisión, vaciado, descarga, inyección, escape, lixiviación (extracción sólido-líquido), vertido o eliminación.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente realiza un monitoreo constante de la contaminación del aire en todos los países. Uruguay tiene un buen nivel general de limpieza del aire, pero Montevideo es la excepción; aparece en amarillo, dentro del grupo moderado para las horas del día, pero llega a insano para poblaciones sensibles (anaranjado) e insano para toda la población (rojo) durante la noche y la madrugada.
En 2016, último año disponible, el ratio de muertes asociadas a la mala calidad del aire era de 15. Esa cifra se calcula dividiendo la cantidad de muertes entre la población total.
Con respecto al agua, el 95% de la población accede a servicios básicos de agua potable en el ambiente rural y la cifra asciende a 100% en ambientes urbanos. Uruguay es reconocido a nivel mundial por la calidad del agua, aunque se señala que la utilización de agrotóxicos en los cultivos y en áreas cercanas a poblaciones y escuelas afecta la salud y el ambiente.
Agrotóxicos
En un estudio titulado "Los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en Uruguay" publicado por la red internacional IPEN y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), se informa que entre 1990 y 2000 el consumo de plaguicidas en el país se duplicó de 1.762 a 3.650 toneladas; en la década siguiente se cuadruplicó y llegó a 14.981 toneladas anuales. El promedio por año desde 2015 es de 13.000 toneladas.
En junio de este año la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) resolvió que quienes realicen aplicaciones de agroquímicos en cultivos propios o de terceros con equipos de tanque mayor o igual a 1.000 litros deben registrarlas en un plazo de siete días para terrestres y tres días para aéreas.
En el documento de la resolución la DGSA decía que buscaba "cumplir con el compromiso asumido por esta Secretaría de Estado de fomentar la producción agrícola responsable y el uso racional de productos". Sin embargo, a los pocos días revocó la decisión y apeló a la "libertad responsable" de los empresarios por el plazo de un año.
Marcelo Amaya, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), explicó en Legítima Defensa en julio que para la organización sindical esta medida es peligrosa y contraproducente.
Amaya aseguró que "hemos convivido con la práctica y uso de agrotóxicos alrededor de treinta años ya, hoy comienza a haber evidencia científica de que es causal de problemas de salud en los trabajadores" y en ya en 2011 "más del 60% de los trabajadores tenían la percepción de que sus problemas de salud venían del trabajo constante con agrotóxicos".
En el informe de RAP-AL se señala que "desde hace décadas se tiene conocimiento de los problemas a la salud y el ambiente causados por Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) registrados en el país". Uno es la venta discrecional de estos productos, de manera fragmentada y en envases inadecuados sin etiquetas.
"A pesar de las evidencias científicas, recomendaciones de toxicólogos y expertos, informes realizados por la Universidad de la República, organizaciones ambientales, reclamos de los apicultores y las denuncias por intoxicación y comunidades afectadas, se continúa en el país la venta de Plaguicidas Altamente Peligrosos para la salud humana y animal, los polinizadores y el ambiente", aseguran en el documento.
En Uruguay hay 81 plaguicidas altamente peligrosos autorizados. La clasificación tiene en cuenta efectos de toxicidad aguda, efectos a largo plazo, toxicidad ambiental, y si el principio activo se incluye en algún convenio internacional ambiental.
En realidad si se suma la cantidad de nombres comerciales con los que se venden estos 81 ingredientes activos el total da 330 productos que contienen plaguicidas altamente peligrosos.
Los PAP están autorizados para una amplia variedad de cultivos como tomates, lechugas, cebollas, maíz, trigo, árboles frutales, arroz, caña de azúcar, canales de riego, soja. Hay una correlación directa entre el aumento en la utilización de plaguicidas y el aumento en la cantidad de tierra sojera en Uruguay, indica el informe.
Uno de los activos más peligrosos es el glifosato. Informe el documento que las semillas transgénicas de maíz, soya, trigo y algodón Roundup-Ready de Monsanto, ahora propiedad de Bayer, #están diseñados específicamente para ser cultivados con herbicidas a base de glifosato, lo que ha elevado su uso y ventas: el 90% se aplican en campos agrícolas, y aproximadamente el 10% en zonas no-agrícolas".
La tasa de intoxicaciones por plaguicidas a nivel nacional entre 1997 y 2011, de acuerdo con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) fue de 7.9 por 100.000 habitantes. Es el dato más actualizado disponible.
Las organizaciones de la sociedad civil especializadas en ambiente, plaguicidas y agroecología recomendaron al gobierno que se eliminen algunos plaguicidas, que se regule de manera más estricta el uso de PAP, aplicar impuestos a algunos de los principios activos y proveer más información en las etiquetas de los productos sobre medidas de seguridad y el intervalo de entrada restringida.
La decisión de la DGSA parece ir en dirección contraria, ya que le da más libertad a los empresarios para aplicar productos tóxicos sin contralor más que su libre voluntad.