Este lunes se cumplió una nueva instancia en la Fiscalía de 2° turno de Maldonado, donde una serie de testimonios presentados por los representantes legales del conductor de la unidad, de 10 pasajeros lesionados y de la familia de la adolescente fallecida, despertaron algunas dudas en relación a los hechos y a lo resuelto hasta el momento.
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El abogado del conductor de la unidad 540 de Copsa, Sebastián Serrón, presentó varios testigos claves: el chofer titular de ese ómnibus, una guarda del mismo y otro conductor de Copsa.
Por otro lado, también comparecieron en el despacho de la fiscal Pereira, dos pasajeros que viajaron en ese mismo coche pero en el turno anterior de Punta del Este a Montevideo, otro chofer, y un funcionario administrativo, presentados por el abogado de 10 pasajeros y de la familia de Mía Ayelen García Suárez.
Los testimonios fueron coincidentes en cuanto a que ese coche presentaba problemas que no habrían sido atendidos adecuadamente, y no exclusivamente del día del siniestro sino antes, y que además tenía un movimiento "como si fuera un barco".
Asimismo, se detectó un error en el informe de accidentología, donde se indicaba que el coche 540 en el momento del despiste y posterior vuelco, se desplazaba a una velocidad muy superior a la permitida en esa zona, que era de 60 kilómetros por hora. En realidad, a esa altura de la Ruta Interbalnearia (kilómetro 93), la velocidad máxima permitida para coches es de 110 kilómetros/hora, y para ómnibus y camiones de 90 kilómetros/hora, aunque con una tolerancia que puede superar esa velocidad si se debe realizar una maniobra de sobrepaso.
Ahora la lupa está puesta no solamente en el conductor de la unidad siniestrada sino en la propia empresa, que no habría “parado” esa unidad para un chequeo a fondo ante anomalías denunciadas previo al siniestro.