No es lo mismo indicar de dónde viene un producto que certificar su origen
Aunque suelen confundirse, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen tienen diferencias importantes.
Una indicación geográfica permite identificar un producto con un territorio cuando alguna de sus cualidades, su reputación u otra característica está vinculada fundamentalmente con ese lugar.
La denominación de origen, en cambio, exige una relación más estrecha: las características particulares del producto deben deberse esencial o exclusivamente al entorno geográfico, incluidos factores naturales y humanos, como el clima, el suelo y los conocimientos tradicionales de quienes lo elaboran.
En términos sencillos, ambas figuras buscan proteger la identidad territorial de un producto, pero la segunda requiere demostrar un vínculo más profundo entre sus características y el lugar donde se produce.
La legislación uruguaya ya contemplaba estas herramientas. La novedad es que el nuevo decreto establece cómo solicitar, evaluar y obtener el registro, con reglas para hacer efectivo ese reconocimiento.
¿Qué gana un productor con esta protección?
El origen puede convertirse en una ventaja comercial. En determinados alimentos, bebidas, artesanías y otros productos, el valor no depende solamente de su precio o de su calidad material: también puede estar relacionado con la reputación de una región, las técnicas de elaboración y los conocimientos transmitidos entre generaciones.
Sin una protección adecuada, otros operadores podrían intentar aprovechar ese prestigio, incluso cuando no cumplen las condiciones que explican la identidad del producto.
El registro busca evitar esa situación. Una vez reconocida la protección, el nombre queda reservado para quienes cumplan las condiciones establecidas y produzcan dentro del área geográfica correspondiente.
Esto puede representar una oportunidad para pequeños y medianos productores que difícilmente compiten con grandes empresas por volumen, pero que pueden diferenciarse por su calidad, su historia y su vínculo con el territorio.
Una oportunidad para el desarrollo local, pero no una garantía de mayores ingresos
La reglamentación también abre una discusión económica: ¿cómo lograr que el valor de un producto beneficie a la comunidad que contribuyó a construir su reputación?
Cuando una producción depende de características propias de una zona, su protección puede ayudar a fortalecer las economías locales, generar oportunidades comerciales y favorecer la permanencia de actividades productivas en el interior del país.
Sin embargo, el registro no garantiza automáticamente mejores precios, mayores ventas ni nuevos empleos. Para que esos resultados se concreten, los productores deben organizarse, establecer criterios comunes de calidad y demostrar que cumplen las condiciones exigidas.
También necesitan apoyo técnico para preparar las solicitudes, delimitar las zonas de producción y reunir las pruebas necesarias. Sin esa asistencia, los trámites pueden convertirse en una barrera para los colectivos con menos recursos.
Uruguay también quiere proteger sus productos fuera de fronteras
La actualización tiene una dimensión internacional. Uruguay aprobó en 2026 el acuerdo del Mercosur sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, orientado al reconocimiento y la protección de estas figuras dentro del bloque regional.
Contar con procedimientos nacionales más claros puede facilitar la defensa de los nombres vinculados a productos uruguayos en otros mercados. Al mismo tiempo, permite establecer condiciones transparentes para reconocer las protecciones solicitadas por productores extranjeros.
En un escenario en el que la identidad y la procedencia pueden influir en las decisiones de compra, estas herramientas adquieren importancia para quienes buscan diferenciar sus productos y acceder a nuevos mercados.
El desafío: evitar que el prestigio de una comunidad termine en manos de unos pocos
La eficacia de la nueva reglamentación dependerá de cómo se aplique. El desafío será proteger a los productores legítimos sin permitir apropiaciones indebidas de nombres construidos colectivamente, pero también sin imponer requisitos que excluyan a quienes deberían beneficiarse de la medida.
La coordinación entre la DNPI, los organismos públicos vinculados a cada sector, los gobiernos departamentales y las organizaciones de productores será clave para que la protección no quede limitada al papel.
En definitiva, el decreto actualiza las reglas para que el vínculo entre un producto y su territorio pueda convertirse en un derecho protegido. El resultado se medirá en la capacidad de los productores para transformar esa identidad en oportunidades comerciales, ingresos y desarrollo local, con controles que ofrezcan garantías tanto a quienes producen como a quienes consumen.
