Tener un techo no siempre significa contar con una vivienda en condiciones dignas. Para muchas familias que viven en situación de vulnerabilidad, disponer de una casa puede no ser suficiente si carecen de una conexión eléctrica segura para iluminar los ambientes, conservar los alimentos, mantener medicamentos refrigerados o utilizar electrodomésticos sin exponerse a accidentes.
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Firman acuerdo para llevar electricidad segura a familias vulnerables UTE y la asociación civil Cireneos.
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Con el objetivo de atender esa realidad, UTE y la asociación civil Cireneos firmaron un convenio para garantizar el acceso a una conexión eléctrica segura en las viviendas construidas o instaladas por Rancho Cero. El acuerdo, presentado por Presidencia de la República, busca incorporar la electricidad desde el comienzo de cada solución habitacional y evitar que las familias deban recurrir a instalaciones precarias.
La iniciativa se enmarca en el Plan de Inclusión Social de UTE y apuesta a coordinar el trabajo del Estado con las organizaciones de la sociedad civil para atender necesidades que van más allá de la construcción de una casa.
Una casa nueva, pero ¿con electricidad segura?
La falta de una conexión eléctrica regular puede convertir una mejora habitacional en una solución incompleta. Los tendidos informales y las instalaciones improvisadas aumentan el riesgo de incendios, cortocircuitos y descargas eléctricas, peligros que afectan especialmente a niños y personas mayores.
Además, la electricidad es indispensable para actividades cotidianas que suelen darse por sentadas: conservar alimentos, mantener medicamentos a la temperatura adecuada, iluminar los espacios de estudio y descanso o acceder a internet.
Por eso, el convenio busca que la conexión eléctrica no sea un problema que las familias deban resolver después de recibir su vivienda, sino una parte integral de la solución.
¿Qué harán UTE y Cireneos?
La alianza combina las capacidades de las organizaciones participantes para abordar distintas dimensiones del problema.
Cireneos trabaja con familias que atraviesan situaciones habitacionales críticas y promueve el reemplazo de estructuras extremadamente precarias mediante las soluciones de Rancho Cero. UTE, en tanto, aporta su experiencia técnica y los instrumentos de inclusión social que permiten facilitar el acceso regular al servicio eléctrico.
La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó la importancia de la articulación entre el Estado y la sociedad civil para responder a las necesidades de la población.
La coordinación busca evitar que una familia mejore las condiciones de su vivienda, pero continúe expuesta a riesgos por no contar con una instalación adecuada. También apunta a que la intervención habitacional contemple desde el principio un servicio básico para la vida diaria.
El desafío de mantener el servicio
Contar con una conexión segura es un primer paso, pero no garantiza por sí solo que una familia pueda sostener el suministro a largo plazo.
Los ingresos limitados pueden dificultar el pago de las facturas y provocar que una conexión regular termine convirtiéndose en una nueva fuente de endeudamiento o en una posterior interrupción del servicio.
Por eso, la inclusión energética requiere considerar no solo la instalación técnica, sino también la capacidad económica de los hogares, sus condiciones de consumo y las posibilidades de acceder a equipos eficientes.
Una vivienda con escaso aislamiento o electrodomésticos en mal estado puede consumir más electricidad de la necesaria. La orientación sobre el uso eficiente de la energía y el acompañamiento social pueden contribuir a que la mejora sea duradera.
Una iniciativa que pone el foco en los servicios básicos
El convenio también plantea una cuestión relevante para las políticas públicas: el acceso a una vivienda digna no depende exclusivamente de contar con paredes y techo. Los servicios esenciales deben formar parte de la respuesta para que las mejoras habitacionales se traduzcan en mejores condiciones de vida.
La experiencia podría aportar información útil para identificar dificultades de conexión, necesidades de infraestructura y obstáculos administrativos en zonas donde las familias viven en condiciones de precariedad.
No obstante, el acuerdo no resuelve por sí solo el déficit habitacional ni sustituye la necesidad de políticas de vivienda de mayor alcance. Su objetivo es más concreto: evitar que las familias que acceden a una solución habitacional sigan dependiendo de conexiones eléctricas inseguras.
El alcance real de la iniciativa se podrá medir a partir de los resultados: cuántas viviendas logran una conexión formal, cuánto demora el proceso y si los hogares pueden mantener el servicio. Esos datos permitirán determinar en qué medida la coordinación entre UTE y Cireneos consigue transformar una mejora material en una solución segura y sostenible.
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