Además, el tiempo que las mujeres dedican a su cuidado y labores domésticas es a menudo desvalorizado y no remunerado, lo que se traduce en una falta de reconocimiento de su aporte económico. Organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han destacado que la violencia económica perpetúa la desigualdad al restringir las oportunidades de educación y empleo para mujeres, afectando no solo su presente, sino también su futuro y el de sus hijos, al limitar su capacidad para generar ingresos en el largo plazo.
Es fundamental evidenciar y cuantificar la violencia económica para darle la visibilidad que merece. Se necesita generar información precisa que permita a las autoridades y a la sociedad en general entender la magnitud del problema. Las encuestas de victimización y los estudios de impacto pueden ser herramientas clave en este proceso, pero es vital que se contemplen las especificidades del contexto de género.
Desafíos: visibilizar y legislar
Como sociedad, debemos asumir la responsabilidad de combatir todas las formas de violencia de género, incluida la violencia económica. Esto implica no solo brindar apoyo a las mujeres afectadas, sino también establecer políticas públicas eficaces que promuevan la equidad de género en el acceso a recursos, empleo y educación. La adopción de nuevas legislaciones que exijan a los padres el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias y que penalicen la ocultación de ingresos son pasos cruciales en esta lucha.
En el contexto de la conmemoración del 8 del Mes de la Mujer, es imperativo recordar que la violencia económica no es un fenómeno aislado, sino que se entrelaza con otras formas de violencia de género. Combatirla es esencial para construir un mundo más justo e igualitario, donde tanto mujeres como niños y niñas tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial sin las cadenas de la desigualdad y la violencia.
La visibilización de la violencia económica es una tarea crucial en la lucha por los derechos de las mujeres. En este 8M, alzamos nuestras voces, no solo contra la violencia física, sino también contra la violencia que embarga la capacidad económica y la autonomía de las mujeres. Es tiempo de actuar, de legislar y de educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la equidad económica como parte fundamental de los derechos humanos.
