Muñiz : En ASSE hay repartija de cargos y clientelismo

Susana Muñiz ocupó la presidencia de ASSE entre el 1º de marzo de 2015 y el 28 de febrero de 2018, y con anterioridad se desempeñó como ministra de Salud Pública. Es médica de profesión y conoce al detalle la realidad del sistema de salud y no tiene dudas en afirmar que el actual gobierno ha procedido al desmantelamiento del organismo. “Lo que hay  es una falta de transparencia en los que administran ASSE”, dijo a Caras y Caretas.

Usted fue presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). ¿Cómo ve la actual administración de ese organismo?

Respecto a ASSE hay tres o cuatro elementos que me preocupan sobremanera. El primero es el papel que está tomando el sector privado en el sistema de salud. El presidente de la Junta Nacional de Salud, el doctor [Luis] González Machado [director de Farmanuario y exgerente general del Hospital Evangélico] un día sale de dirigir el sistema privado y al otro está puesto en el directorio, y así en cada una de las unidades ejecutoras.

Por ejemplo, ¿quiénes están al frente del hospital de Río Negro? Por decir uno, pero esto se podría repetir en casi todos los hospitales del país. La doctora Mónica Frascheri. La doctora Frascheri, hoy directora del hospital de Río Negro, figura también en la página de Amegrin, la mutualista local, como perteneciente a la comisión fiscal. Por otro lado, la adjunta Andrea Vázquez también está en la comisión fiscal de Amegrin. El director departamental de salud, Andrés Montaño, también figura en el Consejo Consultivo de esa institución privada.

Además, el administrador, el licenciado Ricardo Barreto, es propietario de Fisiocenter, un centro de rehabilitación que vende servicios al Banco de Previsión Social (BPS). El adjunto a la RAP (Red de Asistencia Primaria) de Río Negro, Sergio Sardeña, es parte de la escuela de enfermería que tiene convenios con ASSE.

Digo esto porque durante el período anterior se dijo que no había transparencia y había gente que trabajaba en los dos lados. Estos no trabajan en los dos lados, son los dueños del sistema privado que están administrando al sector público de salud.

En Flores, por ejemplo, asume como director Julio Álvarez. Es el presidente de Comeflo, la mutualista de Flores. Ya mandó contratar audio y otros servicios para su asunción. (Hasta el 2 de julio Álvarez figuraba como titular de la institución). La designación incumple con el artículo 72 del Tocaf que establece que debe pasar un año entre el cese de un cargo y su asunción en el administración pública para todos aquellos que sean ordenadores de gastos y en el hospital el ordenador del gasto es el director.

A Comeflo se le autorizó la instalación de un tomógrafo siendo que ya hay uno en funcionamiento en el hospital público. Se trata de un departamento de poco más de 25.000 habitantes.

En Colonia asume el doctor Gustado Fernández que también fue representante de Camec. Y así en cada uno de los hospitales del interior.

La doctora Frascheri, por otro lado, ha tenido faltas graves en ASSE, ha tenido investigaciones y sumarios con separación del cargo, entre otras cosas por mala praxis. En 2013 fue sumariada como resultado de mala praxis durante un parto.

Todos estos hechos son sumamente graves, pero además son violatorios del artículo 72 del Tocaf, el texto que reúne las normas para la administración pública. Este dice: “Los ordenadores, asesores, funcionarios públicos, aquellos que desempeñen una función pública o mantengan vínculo laboral de cualquier naturaleza, de los órganos competentes de la Administración Pública deberán excusarse de intervenir en el proceso de contratación cuando la parte oferente o contratante esté ligada por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad. En igual sentido deberán excusarse en caso de tener o haber tenido en los últimos doce meses con dicha parte alguna vinculación de índole profesional, laboral o empresarial”.

Queda claro que todos estos casos se incumplen. Estos casos representan una mínima parte de todo lo que está ocurriendo en ASSE.

En segundo lugar, durante todo el tiempo se habló de austeridad. Se hizo campaña con la austeridad. Ríos de tinta corrieron con la austeridad, pero resulta que todos estos cargos que no son asistenciales, sino que son directores,  buena parte de ellos no eran funcionarios públicos, por lo tanto fueron contratados con sueldos elevados por comisión de apoyo. Entre ellos se pueden señalar que en la RAP de Colonia, por ejemplo, la subdirectora [Valeria] Dalmás no es funcionaria de ASSE, el adjunto [Henry] Vila, operador PC, no es funcionario, el adjunto de la RAP colonia, licenciado en Psicología [Christian)] Divot no es funcionario. Todos ellos contratados.

Por otro lado, ellos reconocen que sus cargos fueron ofrecidos por el gerente del interior de un prestador privado, cosa muy llamativa.

Hay un aspecto más e incluye a los camarógrafos que hay en ASSE. A la anterior camarógrafa se la despidió y en su lugar se contrataron a tres y, como en realidad es un salario elevado, se les dio cargo de asesores.

Hay otras cosas. Yo creo que se pone en riesgo al Estado cuando se contratan administradores que pueden ser muy buenas personas y con la mejor de las intenciones, pero no tienen experiencia de gestión hospitalaria ni en gestión pública. Esto es un riesgo para la institución, para el Estado y para ellos mismos que ni siquiera sé si saben que están comprometiendo su patrimonio personal. En este sentido hay varios administradores que por ejemplo su experiencia laboral ha sido, y no dudo que hayan sido buenos administradores, en gimnasios. Hay una administradora que fue contratada por que toda su experiencia ha sido de administradora de gimnasio. Otro ha sido administrador de un servicio de acompañantes. Con esto quiero dejar claro que no estoy diciendo que sean malas personas ni que tengan malas intenciones, pero hay que estar preparados para asumir la gestión hospitalaria. Los contadores siempre dicen que es de las gestiones más difíciles porque en un hospital hay desde servicios de alta complejidad, servicios profesionales, otros con tecnología de punta y por otro lado hay servicios, por ejemplo, de hotelería. Entonces con esa complejidad, al pasar de una empresa privada en un ramo y pasar a administrar un hospital se pueden tener las mejores intenciones, pero hay que estar capacitado.

No hay capacitación.

En cuanto a no tener preparación de trabajo en la administración pública, hay cosas que preocupan, por ejemplo que están poniendo a ocupar esos cargos a gente que además ha tenido investigaciones administrativas y sumarios sumamente graves. Además de la conjunción de intereses que se puede estar dando. Por ejemplo, el licenciado en enfermería Sergio Sardeña, contratado por Comisión de Apoyo de ASSE, funcionario en INAU y socio accionista en la filial Fray Bentos de la Escuela Nacional de Enfermería, utiliza el hospital de Fray Bentos como base de práctica de servicios de ASSE. Ahí hay además una conjunción del interés público y privado.

Por otro lado, hay otros aspectos como la denuncia de una supuesta movida política en la renuncia de compañeros que estaban en la anterior dirección y que dijeron “renunciamos porque no estamos de acuerdo por cómo se está manejando la administración”. Se dijo que iban a ser relevados a la brevedad. Hay muchos que aún no han sido relevados: la doctora Sofía González, directora de la RAP Durazno, la licenciada en Piscología Lerena Saavedra, directora de la RAP en San José, la licenciada en Enfermería Lilián Barbosa, adjunta a la RAP de San José, la doctora Ana María Piñeyrúa, directora del Centro Auxiliar de Libertad, la licenciada Lucía Dutra, adjunta al Centro Auxiliar de Libertad, la licenciada en Fisioterapia Sara Suárez, directora de la RAP de Flores, la química farmacéutica Elena Soba, directora del Hospital de Flores, la licenciada en enfermería Mayra Larrauri, subdirectora del hospital de Flores, la doctora Lucina Bentancor adjunta del Hospital de Flores; seguramente hay más personas en esta situación.

Pero también hay un problema con las designaciones. La directora adjunta de Nueva Palmira es licenciada en Enfermería, que no es funcionaria de ASSE, su baja ya está en el orden del día del directorio. El administrador también tiene la baja. Quiere decir que estas situaciones que vimos en otras áreas del Estado, como la Corporación Nacional de Desarrollo, como en tantos otros lugares, están ocurriendo también en ASSE.

La improvisación total.

Si, la improvisación total. En algunos capaz que está bien que se les dé la baja porque hay conjunción de intereses. Ahora el conflicto de intereses se da entre quienes dirigen. Es una cosa clara en este gobierno y es que está siendo un gran negocio de buena parte de los empresarios. En eso se convirtió el Estado: Antel lo ponen prácticamente bajo la dirección de Claro. Y así en otras áreas del Estado. La banca oficial en manos de la banca privada. ASSE está en manos hoy del sector privado de la salud, contra el cual no tenemos nada, pero tenemos que separar la paja del trigo. Durante todo el período anterior nos enloquecieron con denuncias y en realidad ninguno de esos compañeros fue procesado. El único procesado fue el director de Salto que había sido director en Bella Unión. En realidad lo que dice el procesamiento es que se generó alarma pública. ¿Y en estos caso violatorios del Tocaf?

Además, creo que hay elementos que me dan la presunción de que hay persecución. Primero  hay que recordar las declaraciones de Fernando Silva, que iba a ser coordinador de la Región Oeste de ASSE. Finalmente no lo fue, pero quedó como adjunto del Directorio. En sus declaraciones claramente planteaba cosas que no son reales contra los funcionarios.

Hay otras situaciones que dan para pensar que hay persecución sobre algunos funcionarios. Por ejemplo, el caso de la licenciada Pobeda, que se encargó interinamente de la dirección  del Hospital de Florida desde el 4 de setiembre de 2019. De resultancias del concurso para la función de director del mismo centro fue designada como subdirectora y docente del 24 de enero de este año al 28 de abril, fecha en que aceptó la renuncia a la función de subdirectora. En una resolución, la 1.816 de 2020, no aparece el despido ni la baja de su contrato base de licenciada en Odontología en al área asistencial, por lo que llama la atención la liquidación de sus haberes y licencia no gozada hasta la fecha sin mediar entrevista ni aviso previo.

Ella renunció a su función de directora, pero en realidad se le da la baja como licenciada, o se la deja sin sus funciones. Por ejemplo, se le dice que se va a resolver, pero han pasado meses y no se resuelve.

Por otro lado quién era director de Fray Bentos, odontólogo de muchos años en ASSE, cuando vuelve a sus funciones se le dice que se le van a dar 16 horas y no más porque no tienen para pagarle.

Además, y esto es de público conocimiento, se remata el avión presidencial, que en realidad de presidencial se usó poco y se usaba como avión para traslados sanitarios. Se suma que a partir del 1º de julio, según el Twitter de los compañeros, los médicos del EMS “recibimos un mail por parte del SAME por el cual se nos informa que a partir de la hora 0 del 1º de julio de 2020 queda sin efecto la convocatoria del personal afectado a los traslados aéreos”. Hacen un montón de escenas de contratos por Comisión de Apoyo, que no son más que una repartija de amigos. De amigos sin experiencia en la salud ni siquiera en la gestión pública y un servicio que es esencial y que tantos esfuerzos costó formar, como el de traslado aéreo, hoy queda sin efecto. Es personal altamente capacitado. No cualquiera puede trasladar en un avión o un helicóptero, hay que tener una formación específica. Asimismo, ese tipo de traslado requiere una alta capacitación que los compañeros tienen.

En resumen, lo que hay en ASSE es, por un lado, una falta de transparencia. Hay una repartija comercial de ASSE. Y del ministerio también. Por otro lado no serían personas idóneas, algunos con serios antecedentes en aspectos jurídicos. Ninguna austeridad, al contrario, la austeridad es para quitarle los servicios a la gente, como por ejemplo el servicio de traslados aéreos. Se les promete CTI y no se le dice a la gente que no hay personal capacitado en el interior del país para que todos esos servicios funcionen.

Y después hay clientelismo, sin lugar a dudas. Por eso yo creo que estamos asistiendo a la primera etapa del desmantelamiento de los servicios públicos de salud.

Hay también denuncias por falta medicación o análisis que se llevan a centros privados. ¿Eso puede ser expresión de ese desmantelamiento de ASSE?

Habría que ver cuáles son los motivos. Habría que analizar uno a uno, pero estamos viendo que se está invirtiendo en cargos de gestión en personas no idóneas con sueldos altos y, por otro lado, empiezan a pasar estas cosas. Es muy preocupante.

Nosotros venimos de una experiencia previa al Sistema Nacional Integrado, soy médica con experiencia de muchos años, y me tocó hacer asistencia en puertas de emergencia donde las curaciones las teníamos que cerrar con cinta adhesiva o comprar nosotros el Leuco. Y yo creo que si se sigue por esta vía y no se controla, y se coloca a personas no idóneas, creo que estamos en un serio problema.

También hay cambios en el ministerio, hay quienes dicen que se parece a un cuartel. ¿Le consta eso?

He escuchado esos comentarios. Creo que hay un problema de rectoría bastante importante. Por ejemplo, cuando se da el caso de aparición de Covid-19 en San Antonio, el médico jubilado que había detectado los primeros casos hizo la denuncia obligatoria como corresponde y demoraron 17 días en la mutualista en hacer el hisopado. Y, mientras tanto, el ministerio no tomó cartas en el asunto. Entonces uno se dice que hay falta de rectoría, seguramente porque no se están siguiendo los parámetros técnicos. En realidad, lo que está primando acá son otras cosas.

Por otro lado, cuando uno escucha declaraciones del presidente de la Junta Nacional de Salud, se ve que él se erige así mismo como el ministro, cuando no es su función.

¿Le parece que hay un ministro ausente?

Desde el punto de vista de la agencia de comunicación del gobierno, puede ser que haya cosas muy exitosas en algunos casos, pero por otro lado demuestra señales que a uno lo dejan pensando.

En cuanto al manejo de la pandemia, parece que Uruguay exhibe fortalezas, que fueron construidas en los períodos anteriores y este gobierno heredó. ¿Cómo ve usted el manejo de la situación?

Cuando uno habla de una epidemia, y de una que afecta a todo el mundo, creo que Uruguay tiene fortalezas. El Sistema Nacional de Salud es sumamente fuerte, durante años se han hecho campañas de vacunaciones durante el plan invierno, la cobertura es muy alta, pero una epidemia o una situación de crisis no puede ser solamente reducida a los aspectos sanitarios, sino que tiene otros componentes. Componentes que son sociales. La gente está comiendo, la gente está trabajando, la gente accede a luz y agua, pero en realidad el gobierno estuvo ausente. Darle a alguien una canasta de $ 1.200 es una vergüenza.

Y en realidad, si la gente no empezó a pasar más hambre, es porque la sociedad se encargó de sostenerlos, pero el gobierno está ausente.

Se llenó de ollas populares.

Sí, se llenó de ollas populares. Te muestran a la primera dama haciendo ollas cuando la función del gobierno no es esa. Su función es subsidiar, es tener un diagnóstico de cuántas personas hay en cada hogar y sus necesidades. Los subsidios se han dado, pero algunos son irrisorios.

Creo que hay un Estado cada vez más ausente. Si no hay un Estado más ausente hasta ahora, es porque se dejó un Estado fuerte, pero creo que empezamos a entrar en un zona de riesgo.

Es una repartija comercial y también política. Por ejemplo, quien va a asumir como adjunta de Florida lo hace por el compromiso que tiene con el sector Ciudadanos. Tantos años diciendo que el Frente Amplio tenía una repartija y resulta que ahora es lisa y llanamente una repartija total.

El Ministerio de Ganadería está en manos de los chicos de Un Solo Uruguay, además de la gente de la ARU. Antel, a cargo de Claro, en realidad, reitero, es una gran repartija comercial.

Está participando en la actividad de las mujeres canarias. ¿En qué consiste?

Durante las elecciones de octubre, nosotras nos dimos cuenta que cuando estábamos haciendo barriadas, más de alguna mujer nos señalaba que en su casa estaba el marido y que por lo tanto no podía opinar de política. Situación que nos alarmó, estamos en el siglo XXI, hace años que las mujeres conquistamos el voto, el derecho a ser ciudadanas, sin embargo, eso en la cotidianidad no es fácil.

Por eso las mujeres frenteamplistas de Canelones entendimos que las mujeres deben tener participación política. No hay igualdad, no hay equidad sin las mujeres y sin la participación política, incluso en los espacios de decisión.

Por eso iniciamos una campaña que llamamos Mujeres en las Plazas o Mujeres a las Plazas en las cuales, cuando las vecinas salían a hacer mandados, nos acercábamos a dialogar. Fueron conversaciones muy interesantes, encontramos casos de violencia doméstica.

Y después de las elecciones, decidimos que ese trabajo debía continuar.

Tengo entendido que están trabajando en un protocolo sobre situaciones de violencia.

Sí, en realidad es un protocolo que fue elaborado por la Unidad Temática de las Ciudadanas. Nosotras hicimos instancias de capacitación y reclamamos a través de nuestra Mesa Política al Frente Amplio que fuera bajado a las bases y discutido.

¿Cómo lo han tomado?

En principio hubo quienes se pusieron a la defensiva. Por otro lado hay compañeros para quienes esta situación no es visible. Para ellos lo normal es llegar a una mesa y son todos varones o casi todos varones. Tampoco se visibiliza demasiado que cuando una compañera habla, empiezan a hablar con el compañero o a mirar el celular, lo cual constituye también situaciones de violencia política.

Pero creo que en ese sentido venimos teniendo éxitos. Estamos contentas con el trabajo que hemos hecho, pero estamos convencidas de que todavía nos falta muchísimo.