Termina el año estrenando violencia policial

La LUC aún no había sido votada en enero de 2020, pero varios relatos de dirigentes de la coalición multicolor habían anunciado mano dura y que se acababa el recreo, y los primeros en comprenderlo fueron los vecinos del barrio La Bombonera en Malvín donde los disparos de munición no letal causaron heridos y asombro a una sociedad que venía acostumbrada a priorizar el diaólogo. Ninguna de las personas heridas tenía antecedentes ni estaba siendo detenida in fraganti.

Durante 2020 y 2021, bajo el régimen de limitar el derecho de reunión, se sucederían incidentes por el estilo y nuevamente en Malvín este año tres mujeres terminarían heridas con munición no letal a manos de un agente de la Guardia Republicana.

A pesar de los informes de la Institución de Derechos Humanos confirmando la gravedad de las denuncias por abuso policial, las medidas tomadas por las dos autoridades que hasta el momento conoce el Ministerio del Interior, el extinto Jorge Larrañaga y Luis Alberto Heber, fueron de apoyo a la actuación policial, tal como habían prometido durante la campaña electoral, aunque nuevamente, ninguna de las personas heridas pertenecía a la delincuencia que venían a reprimir.

La escalada

El confuso hecho donde un trabajador del transporte termina herido por unos perdigones en una movilización merece cierta preocupación tomando en cuenta en las circunstancias que se produce.

El presidente Luis Lacalle Pou afirmó a principios de diciembre desde Punta del Este que “ha habido una escalada de paros en todos los ámbitos del país”, y que pese a que existe en el Ejecutivo “el respeto al derecho de huelga, obviamente la opinión que pueda tener el gobierno o el presidente de la herramienta del paro, a veces en exceso, quizás a veces no tanto por razones laborales ya sea salariales o condiciones de trabajo, sino por otros impulsos”. Dentro de esos otros “impulsos” el mandatario ubicó las motivaciones políticas.

“Somos gente de diálogo, hemos negociado en todos los paros, con todas las herramientas legales que tiene el gobierno. Me han escuchado decir que el derecho de huelga hay que respetarlo, pero también el derecho del que quiere trabajar y Uruguay crece trabajando”, complementó.

En noviembre ante el conflicto de los trabajadores de la industria cárnica, el senador nacionalista publicaba en sus redes: “El día que los sindicatos tengan personería jurídica van a poder ser responsables en un juicio civil por esas pérdidas”y coincidió con Manini que no se podía andar en el gobierno con “medias tintas” ante la movilización de los trabajadores.

El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se refirió a los sucesivos paros que se declararon en las últimas horas, que involucran a la empresa estatal Ancap, el del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines y los de la industria frigorífica.

Manini se mostró molesto por la situación sindical que se vive y apuntó contra las organizaciones de trabajadores. “Paros extorsivos en los frigoríficos, en el puerto, en el transporte, en la refinería”, comenzó narrando el cabildante en su cuenta de Twitter.

Y acotó: “CA propuso en 2020 proyecto de ley que determina: 1- Personería jurídica; 2- Voto secreto; 3- No retención de la cuota sindical”.

Sin embargo, un informe de la Universidad Católica contradijo con números las afirmaciones del presidente Lacalle Pou.

El índice de conflictividad laboral que elabora la Universidad Católica revela que el pico fue alcanzado en 2015, cuando alcanzó un nivel de 84,20. Luego, bajó hasta 33,32 en 2020, con un pico ascendente excepcional en 2018 de 61,90.

Visto así, lo que parece haber es una escalada del gobierno tomando como objetivo a los sindicatos, entre otras cosas preparando el relato de cara al referéndum del próximo 27 de marzo contra 135 artículos de la LUC.

¿Habrá pensado el escopetero de la Guardia Republicana que debía disparar para proteger el derecho al trabajo contra un piquete inexistente?

No había piquete.

La discusión sobre el derecho a huelga y los piquetes volvió con fuerza esos días, no solo por los conflictos desarrollados sino por el debate sobre el referéndum contra los 135 artículos.

Sin embargo, la movilización de los trabajadores de la  Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) llevada a cabo en la terminal de Tres Cruces no impedía la libre circulación de los buses que estaban trabajando.

Juan Arellano, integrante del gremio del transporte, contó a Caras y Caretas que “nos encontrábamos acampando en la Plaza de la Bandera y en determinado momento decidimos marchar en torno a la terminal; la idea era solo marchar, lo que enlentecía el tránsito, pero no lo detenía para nada y cuando llegamos cerca de la Torre de Control vemos a los efectivos de la Guardia Republicana. Nosotros seríamos unos cien trabajadores y cuando pasamos por ahí un oficial de Policía le dice a un compañero que caminemos un poco mas rápido, el compañero tiene unas palabras con este oficial y como se puede ver en el video, los compañeros de seguridad empiezan a replegar de la zona al resto cuando escuchamos dos disparos por parte de un efectivo de la Guardia Republicana.

Clima letal

En la reunión que la dirección del sindicato mantuvo con las autoridades del Ministerio del Interior pareció quedar claro que no hubo orden de esa cartera para disolver ni actuar contra los manifestantes y se abrió una investigación interna.

Sin embargo los hechos no pasaron desapercibidos y el clima letal se enrareció aun mas. Mensajes como “avisamos que se acababa el recreo”, “Ya sabían que no se podía hacer piquetes, ahora a joderse”, prevalecían sobre los hechos objetivos que se podían apreciar a simple vista en las imágenes del video que circuló.

El abogado y defensor público de Familia del Poder Judicial Walter Pritsch sugirió desde su cuenta de Twitter que “habría que tirarle alguna al pecho para ver si banca tanto como cuando reprimen a los trabajadores que quieren ingresar a su trabajo.”

Esto motivó la denuncia penal llevada adelante por el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, por entender que esa frase encuadra en la apología del delito.