Hace un par de años, Donald Trump pretendió que México pagará por el muro fronterizo y ahora, ante el rechazo del gobierno mexicano, quiere pagarle a México para colaborar a que este país pueda deportar a más personas.
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Luego de la reciente frustración por la fallida política de tolerancia cero orientada a procesar penalmente a cualquier migrante que ingrese al país sin autorización, y que derivó en la criticada separación de familias migrantes, Trump dejó atrás los momentos de crisis política y humanitaria que vivió a raíz de estas medidas e impulsa un nuevo plan.
Según un artículo publicado en el portal The New York Times, el gobierno estadounidense notificó recientemente que tiene la intención de destinar 20 millones de dólares de los recursos de la asistencia a países extranjeros con la finalidad de ayudar a México a pagar los gastos de traslados para deportar a diecisiete mil personas que ingresaron de manera ilegal a ese país. Estos recursos estarán orientados a aumentar las deportaciones de centroamericanos que ,en su mayoría, atraviesan México para llegar a la frontera con Estados Unidos. Esta medida también tiene previsto deportar a cualquier migrante no autorizado en México que sea un terrorista o se sospeche que lo sea.
«El programa tiene el objetivo de ayudar a disminuir el flujo migratorio hacia la frontera de Estados Unidos con México», declaró Katie Waldman, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
“Estamos trabajando de cerca con nuestros homólogos mexicanos para hacer frente a al número creciente de aprehensiones fronterizas —tan solo en este mes hubo un aumento del 38 por ciento en detenciones de familias— y para asegurarnos de que aquellos con pretensiones legítimas tengan acceso a las protecciones adecuadas”, agregó Waldman.
Las prioridades migratorias de Trump han sido cuestionadas por Eliot Engel, representante por Nueva York, el demócrata de más alto rango en el Comité de Asuntos Exteriores en la Cámara de Representantes. “El Congreso tenía la intención de que este dinero ayudara a levantar a comunidades que combaten al crimen, la corrupción y muchos otros desafíos, no para expandir la cruzada de deportaciones de esta administración”, declaró.
Con este programa, México sería responsable de detener y ofrecer una revisión judicial de los inmigrantes antes de deportarlos y, de esta manera, Estados Unidos esquivaría el engorroso proceso legal.
Los grupos de defensores de migrantes también arremetieron contra esta medida y tildaron como un derroche de dinero que no abordaría los problemas que causan que los migrantes viajen a México y Estados Unidos. “No deberíamos pagar a otro país para que haga nuestro trabajo sucio; deberíamos de arreglar nuestro sistema migratorio y ayudar a esos países a ponerse de pie en terreno firme”, dijo Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración.
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