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Uruguay barranca abajo

Por Enrique Ortega Salinas.

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Caras y Caretas Diario

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Mientras Bartol sigue revisando etiquetas para ver si encuentra algún producto vencido, otra persona murió en las calles de Montevideo, al parecer, de hipotermia. Tenía 50 años y estaba en silla de ruedas, a merced del invierno.

En el caso anterior, hace algunas semanas, el diputado derechista César Vega minimizó la tragedia y defendió al gobierno multicolor contando que tenía unos pollitos y un día los dejó afuera “porque habían estado tomando sol, porque son bebés, y resulta que vino una tormenta de esas que pasan a las tres de la madrugada y se me murieron un montón».

No eran pollos, César. Eran seres humanos. Aquel cuya muerte minimizaste para congraciarte con el gobierno se llamaba Gustavo Castro y le negaron refugio en el Mides, pese a que había 11 cupos disponibles y teníamos alerta meteorológica. Me alegré cuando el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) logró una banca en la cámara baja, pero al ver el video en que su líder tilda de “foquerío” a medio Uruguay, demostrando su más absoluto desprecio por quienes no votaron a la derecha, se me fue el encanto. ¿Qué tal si los dirigentes de izquierda se refirieran a los actuales socios políticos de Vega como “el carneraje”?

Mientras Vega anunciaba su apoyo a Laura Raffo para las elecciones departamentales, el último informe de Cepal dice que Uruguay ha sido el país de la región que menos invirtió en amortiguar la crisis producida por la pandemia. La contribución fiscal del gobierno multicolor para ayudar a los más vulnerables en esta situación crítica ha sido realmente mezquina. Hasta un país pobre como El Salvador ha realizado un esfuerzo más digno.

Y pensar que hasta hace muy poco éramos un faro para el mundo.

No hay como revisar las redes sociales para ver lo que piensan los que votaron a este gobierno. No solo cierran filas para defender a Carlos Moreira en Colonia; también defienden al capataz de Bella Unión que castigó a su peón a rebencazos, dando por sentado que el hecho forma parte de una lucha ideológica entre izquierda y derecha. Lo anterior no está aislado del caso del policía que le dio una descarga con una picana eléctrica a un detenido que estaba esposado ni de la encendida defensa que el ministro pediatra hiciera del “pobre soldado” que acribilló a otro detenido que intentó fugarse estando también esposado. Tampoco es ajeno a esto el caso de los policías del PADO que derribaron en Salto a dos hermanos de 15 y 17 años que regresaban a su hogar, dándoles cachiporrazos sin motivo y al grito de “se terminó el recreo”, la frase insignia de la coalición.

No están desligadas de lo anterior las defensas de Cabildo Abierto a los violadores de derechos humanos ni las presiones a la Fiscalía General de la Nación. No es un hecho aislado que la Convención Departamental de este partido haya elegido como candidato a la Intendencia de Soriano a Alberto Loitey, quien siendo teniente segundo estuvo presente en la autopsia realizada al cuerpo del doctor Vladimir Roslik, el que, de acuerdo al dictamen médico forense, tuvo una “muerte violenta multicausal”. Loitey y sus secuaces, en el colmo de la cobardía y el cinismo, aseguraron que su detenido no había sido torturado, aun cuando las señales eran más que elocuentes.

Estos son los predilectos del general.

Ya los civiles que militaron por Cabildo Abierto están comenzando a levantar vuelo, pues, al parecer, nadie les avisó que dentro del partido serían dirigidos por viejos militares como si fueran reclutas. ¿En qué estaban pensando?

Antes de irse junto con otros dirigentes, la excandidata a diputada de Colonia Alba Berreta expresó al semanario Búsqueda: “Entré a Cabildo Abierto porque apostaba a un cambio, confiada en un partido nuevo con un discurso artiguista y un caudillo con una conducción destacada en el Ejército, que prometía orden y justicia social. Todo eso representó Manini para un montón de gente. Pero después de las elecciones, se cayeron las caretas y se vieron las caras y los uniformes”. “En Cabildo manda un grupo militar, y no son milicos rasos, son oficiales con galones que se reúnen como en un casino a resolver y ordenar a ‘la tropa’. Pero yo soy civil, no militar, y en un partido político nadie me puede obligar a acatar sin pensar ni discutir abiertamente. Por eso nos fuimos, porque el partido nos decepcionó, nos traicionó, dejó de ser un verdadero cabildo abierto para convertirse en algo donde manda una cúpula militar que se rige por órdenes y verticalazos, como en el Ejército, y después hay una pantalla civil más bien decorativa”.

No es meramente anecdótico que Esteban Vieta, candidato derechista a alcalde por el municipio de Sauce, en Canelones, publicite un afiche en el que aparece abrazado a policías uniformados y prometiendo colaborar con la comisaría de la localidad. Poco le importa al político que con esto haya expuesto a los funcionarios a un sumario administrativo y baja de la institución por haber violado los artículos 36 de la Ley Orgánica Policial y 77 de la Constitución de la República, los que les impiden expresa y claramente prestarse a estas acciones proselitistas. Tanto los partidos tradicionales como los militares usaron para el logro de sus objetivos a los policías a través de la historia y luego los trataron como ciudadanos de cuarta. El problema es que no aprenden y siguen obedeciendo de manera genuflexa.

Nada es casual. Todo está orquestado y hasta el virus les viene como anillo al dedo, al ser usado como excusa para imponer la agenda neoliberal, bajar el salario real, limitar el poder de negociación de los trabajadores y evitar las protestas callejeras que hubiera generado la LUC. Mientras suben las tarifas y la gente pierde poder adquisitivo y empleos, en el extremo de la insensibilidad neoliberal, con esa ley se estrangula a los inquilinos estableciendo el desalojo express o sumario, bajando a 15 días el lapso para abandonar la vivienda.

Por otra parte, el nuevo gobierno ha negado las becas de Inefop para el programa Uruguay Estudia, que apoya a aquellas personas que buscan completar su formación en los diversos niveles del sistema educativo, pero su situación económica se los impide.

Talvi abandonó la política, dejando al Partido Colorado en las garras de Sanguinetti y al Uruguay clavado por un lustro con la coalición. Justo es decir que, como canciller, se negó a los acomodos políticos, con lo cual se ganó el respeto, más de sus adversarios que de sus propios compañeros. El expresidente y su hijo están de fiesta; pero ya el tiempo pondrá las cosas en su lugar.

Por ahora, se multiplican los casos de designaciones de personas que no están aptas para ocupar los cargos o tienen graves cuestionamientos a sus conductas. Así, el nuevo coordinador de proyectos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas es el ingeniero colorado (lista 15) Andrés Salazar, funcionario de la Dirección Nacional de Medio Ambiente que en 2013 fuera separado de su cargo de director de Impacto Ambiental tras ser sumariado por asesorar y dar información privilegiada a la empresa privada Cereoil Uruguay. Esta firma buscaba instalar una aceitera y el proyecto requería la evaluación y aprobación de la Dinama. Salazar les dio la información requerida por medio de terceros.

En la secretaría de Derechos Humanos de Presidencia se nombró a Lourdes Perdomo, quien se ha manifestado claramente en contra de ayudar a los más necesitados y fue a la cárcel en 2008 por librar cheques sin fondo.

A mediados de julio, cinco legisladores frenteamplistas denunciaron que el gobierno designó cargos políticos con sueldos cercanos y superiores a los 200.000 pesos y los hizo pasar como cargos técnicos. Entre la OPP, del incalificable Isaac Alfie (ministro de Economía en las sombras) y algunos ministerios, se beneficiaron con envidiables contratos a varios amigos multicolores. Entre otros, encontramos como asesora del MEF a la economista Marcela Bensión ($ 265.724 + IVA); como asesor de la OPP a Julio de Brun ($ 142.189 + IVA); como consultora de Asesoría Tributaria a la exdiputada suplente por el Partido Nacional María Pía Biestro ($ 228.000 + IVA); como coordinador nacional del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior al nacionalista Juan Andrés Ramírez Saravia, con un sueldito mensual de $140.166 + IVA; y como asesores en seguridad social e inversiones de la OPP a los amigos colorados del Lito, Gutavo Michelin y Guzmán Ifrán, ambos con sueldos de $ 142.189 + IVA, tal cual publicó la diaria.

No todos tienen suerte. A algunos se les fue la mano y van cayendo. En Río Negro, la Junta Departamental aprobó el pase a la Fiscalía de Fray Bentos y a la Jutep de las actuaciones en torno a las acciones del diputado blanco Omar Lafluf, ya que cuando era intendente compraba combustible en forma directa en una estación de servicio perteneciente a su propio hermano y al arquitecto Guillermo Bordoli, director de Obras de la intendencia y que también fuera candidato a diputado por el Partido Nacional.

A su vez, es larga la lista de renunciantes. En los últimos días se sumó la de la prosecretaria del Consejo de Educación Secundaria, Lidia Neira, a poco más de un mes de haber asumido el cargo, por diferencias con la directora general, Jenifer Cherro.

Por si fuera poco, los buitres de Movistar andan sobrevolando el Palacio Legislativo, exigiendo que se obligue a Antel a arrendar su infraestructura de fibra óptica. Los empresarios manifestaron que, sin la infraestructura montada por Antel, la instalación del 5G es inviable para los privados. Para explicarlo en términos técnicos: obliguen a la empresa estrella de los uruguayos a que nos preste su puñal para degollarla.

Los uruguayos querían un cambio. Ya lo tienen.

¿Cuándo comprenderán que el neoliberalismo no es una ideología, sino un modus operandi?

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