Empresa argentina Vicentin facturaba desde Uruguay

Vicentin pidió la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante un tribunal de Santa Fe en febrero tras incumplir un pago de US$ 350 millones a productores agropecuarios. En junio, el presidente Alberto Fernández impulsó un plan para intervenir y expropiar la empresa, que por el momento está en stand by.

Reclamo internacional

Bancos internacionales, acreedores de Vicentin, estimaron que sus directivos desviaron US$ 400 millones como parte de las “grandes irregularidades financieras” que denunciaron en el proceso judicial que se lleva adelante en la justicia de Nueva York y por lo cual reclamaron documentación a la compañía.

Los bancos, entre ellos Rabobank, Crédit Agricole, ING e International Finance Corp., brazo privado de préstamos del Banco Mundial, solicitaron a la justicia copias de las transferencias bancarias entre Vicentin y varias empresas relacionadas.

“Los demandantes dicen que no pueden entender cómo Vicentin pasó de informar finanzas saludables a mediados de 2019 a colapsar meses después, en diciembre, y entrar en default por la suma de 99.300 millones de pesos argentinos de deuda a proveedores y acreedores agrícolas”, publicó la agencia Bloomberg.

Ante la Corte de Nueva York, los abogados de los bancos plantean que “si se demostraran estas actividades de ‘tunelización’, pueden corresponderse con un delito penal tipificado bajo la ley argentina”.

Los prestamistas, a quienes se les adeudan US$ 500 millones en conjunto, también quieren ver las transacciones de los ejecutivos de la compañía y los miembros de sus familias, según consta en la presentación judicial del 29 de junio.

La defensa de Vicentin

La cerealera argumentó que desconoce la solicitud de nuevos documentos, pero afirmó que hasta ahora ha colaborado completamente con la investigación, negó haber procedido mal y aseguró que sus unidades de Paraguay, Uruguay y Europa no fueron creadas como vehículo para la fuga de capitales.

También defendió la venta de una participación en el negocio de procesamiento de soja y exportación de biodiésel, Renova, al socio Glencore Plc. (una multinacional británica) por algo más de US$ 122 millones pocos días antes de su cesación de pagos en diciembre.

Los bancos dicen que sus acuerdos de préstamo no permiten la venta y que no saben qué sucedió con los ingresos.

Según Vicentin, se usaron US$ 26 millones para pagar a Rabobank y el resto se destinó a agricultores y corredores de granos.

Lozano testifica

El economista, exdiputado y actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, se presentó como testigo en la causa que investiga los préstamos a Vicentin el pasado 19 de junio. Lo hizo a requerimiento del fiscal federal Gerardo Pollicita, en la causa por supuestos delitos en el otorgamiento de préstamos del Banco Nación al holding cerealero en la anterior gestión.

En la investigación se imputó al extitular del Nación Javier González Fraga y a los empresarios Gustavo Nardelli y Alberto Padoan. Estos últimos integran el cuarteto de la tercera generación de la familia Vicentin, señalado como responsable de la situación actual de la cerealera, y conformado además por Sergio Nardelli y Roberto Gazzi.

Lozano afirma que “el crecimiento de Vicentin se hizo apalancado en el crédito, sobre todo en el crédito público”. Agrega que “a partir de julio de 2014, Vicentin comienza un proceso de ‘offshorización’ y la que controla el conjunto de sus empresas, Vicentin Family Group, no está inscripta en la Argentina, sino en Uruguay. La facturación completa de las exportaciones que salen de Argentina no se realiza allí, sino en Uruguay. Consecuentemente, Vicentin declara menos exportaciones que las que realiza, paga menos retenciones y menos Impuesto a las Ganancias. Al mismo tiempo, una parte importante de los dólares queda en el exterior”.

“Se trata de un grupo empresario que ha tenido un crecimiento exponencial, dejando productores enganchados y que no puede avanzar porque no quieren venderle y, por tanto, los está poniendo en crisis”.

Efectivamente, según pudo saber Caras y Caretas, Vicentin Family Group fue creada en Uruguay el 24 de julio de 2014, pero antes se denominaba Montery International SA, que había sido creada, también en Uruguay, el 24 de julio de 2013, ambas como usuarios de Zona Franca en el World Trade Center.

Un informe de Claudio Lozano expone en detalle cómo el grupo empresario registró empresas en Uruguay antes de recibir los préstamos de la entidad.

Se denuncia que, aunque constituida en enero de 2004, Vicentin SAIC Sucursal Uruguay recién aparece registrada en el listado del Banco Central del Uruguay a principios de 2019. “Momento previo a la operatoria de prefinanciación de exportaciones entre Vicentin SAIC y Vicentin SAIC sucursal Uruguay que generó el incumplimiento de la deuda de Vicentin SAIC con el Banco Nación”, aseveró Lozano.

El documento señala además, en el registro, otras dos empresas vinculadas también a Vicentin SAIC: Vicentin Family Group SA, registrada el 22 de junio de 2018 bajo la orden 22.719, y Vicentina SA, oficializada el 29 de junio de 2018 bajo la orden 2.773.157. Apenas una semana de diferencia separa el registro de ambas compañías.

A modo de confirmación del vínculo entre la empresa santafesina y estos emprendimientos en el exterior, el informe en cuestión expone que, en el caso de Vicentin Family Group SA, “consta en el balance que el 75,04% le corresponde a Vicentin SAIC, y el 24,96% restante se distribuye entre tres grandes accionistas individuales, a saber: 9,74% Norma Vicentin de Bosch (está clara la filiación de esta accionista), el 9,07% de Marín Colombo (accionista que también participa del paquete accionario de Vicentin Family Group) y el 6,15% le corresponde a Liliana Torossi de Goldaraz”.

Estudio Moyano investiga

El abogado argentino Mariano Moyano dijo a Caras y Caretas que su estudio detectó sociedades en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas que no tienen vinculación comercial con el giro normal de Vicentin, pero que están en  la ruta del dinero de la empresa concursada.

El estudio jurídico Moyano & Asociados Abogados trabaja hace más de 20 años en el rastreo y recuperación de activos en jurisdicciones internacionales. Un grupo de acreedores de Vicentin SAIC lo contrató justamente con ese propósito.

“Nuestra firma ha obtenido documentos respecto de la venta de la participación de Vicentin SAIC  en una controlada Tastil SA a Losagor SA, una sociedad uruguaya. En dicha acta, se denuncia el domicilio de Losagor SA como el mismo que tiene Global Family Advisors (GFA). Por otra parte, se ha determinado la existencia de sociedades vinculadas a los denunciados en la República de Panamá, donde GFA y sus directivos también tendrían participación”, dijo Moyano.

De momento se espera determinar la suerte de US$ 1,6 millones que la supuesta transacción denuncia.