Vuelta al primer casillero

Durante la campaña electoral Lacalle Pou insistió en la necesidad de gobernar más allá de las ideologías, de “bajar el muro”. El actual presidente prometió el 29 de agosto en Tacuarembó “hablar cada vez más de gestión y menos de ideología”.

Los hechos gritan otra cosa.

Hoy el gobierno, por acción u omisión, despliega una ideología profundamente reaccionaria. No logramos levantarnos del último mazazo cuando la ola nos arrastra de nuevo, con los diarios del día siguiente, y nos tira en lo más hondo de la indignación.

En materia de derechos humanos estamos asistiendo a hechos, dichos y omisiones lisa y llanamente graves.

El gobierno condenó un procesamiento por asesinato.

“Queremos transmitirles la preocupación que tienen el presidente y el ministro de Defensa con respecto al procesamiento que se dio en el día de ayer de un soldado retirado del Ejército”, dijo el ministro de Defensa Nacional, Javier García, el pasado 11 de junio. Hablaba del soldado Leonardo Vidal, procesado por el homicidio por la espalda de Nelson Berreta cuando intentaba escapar de sus captores, esposado y desarmado, el 15 de julio de 1972, según surge de la ficha de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

El Presidente y un Ministro de Estado, en plena democracia, cuestionan un procesamiento por un crimen de lesa humanidad. A García le preocupa “¿qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso? Es un mensaje que nos preocupa y afecta las tareas y el funcionamiento”.

No aclaró a qué tareas se refiere. Mejor ni saber. Sus palabras, con total liviandad, corren los bordes del Estado de derecho, esa que tiene a raya el monopolio del poder etático con la salvaguarda de los derechos individuales constitucionalmente recogidos.

El proyecto de ley de urgencia.

La gravedad de sus dichos se agiganta a la luz de la oportunidad. Mientras el Ministro presiona políticamente y hace ruido en el equilibrio de Poderes del Estado, el parlamento discute a los ponchazos un conjunto de reformas en materia de defensa y seguridad. El proyecto de ley de urgente consideración (LUC) consagra el endurecimiento normativo y empoderamiento policial y militar.

La urgencia de la derecha profundiza el pozo sin fondo de las soluciones represivas.

Las declaraciones del Ministro, de la mano las normas propuestas, recortan el imaginario colectivo hasta dejarlo sin más herramientas que el endurecimiento del sistema, la represión y el acrecimiento del ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado. Cada vez luce más abierta la herida ideológica que consagra la falsa oposición libertad/seguridad.

Para enfurecer aún más las alarmas, el proyecto de LUC naturaliza el recurso militar como una prolongación natural de la policía. Confundir seguridad con defensa y atribuirle a esta última, funciones de la primera, es un camino doblemente peligroso. Primero, porque no está preparada ni formada para ello; segundo, porque no hay un modelo. Una transición pasando bajo el radar de las justificaciones impresentables.

Si a las declaraciones oficiales y la normativa proyectada sumamos la reciente inquietud de la ex Ministra de Defensa Azucena Berrutti advirtiendo que las designaciones de militares en cargos de confianza del Ministerio de Defensa Nacional, “estarían contrariando las políticas que se constituyeron en 2005 y obstaculizando las posibilidades de que el poder civil mantenga un lugar de preponderancia en el ministerio”; suena a tormenta perfecta.

La placa de Castiglioni

Solo bastaba una gestualidad que cerrara lastimosamente el círculo.  No se hizo esperar. Una placa que homenajeaba al nefasto comisario Víctor Castiglioni, antes escolta de Pacheco, volvió al salón de actos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).

Este tristísimo personaje tuvo a su cargo la inteligencia policial durante la dictadura militar. Sobre él recaen denuncias de comisión de crímenes gravísimos como la planificación del secuestro de  Elena Quinteros del jardín de la embajada de Venezuela y su posterior desaparición; investigación clandestina de más de 300.000 personas;  el secuestro, la tortura, la violación y la humillación de miles de ciudadanos, tal cual rezaba la placa colocada allí en julio de 2016 por el Ministerio de Educación y Cultura.

La restitución de una placa en homenaje a un personero de la noche más larga de este país no solo es una afrenta al Estado de derecho y una inocultable provocación a las conquistas democráticas; violenta además la Ley de Sitios de Memoria Histórica vigente desde julio de 2018. Lo más triste del negacionismo es que tiene rostros de hombres y mujeres que testimoniaron con su cuerpo y su vida la miseria de todos los “Castiglionis”.

Estoy por enviar estos apuntes y leo que el Ministro Larrañaga retirará la placa. Bienvenido sea! Habla muy bien del gobierno la contra marcha. Ojalá sea la primera de muchas otras revisiones.

De última hora

Mientras eso sucede, el Senador Lozano de Cabildo Abierto anuncia una iniciativa legislativa para amnistiar militares que hayan cometido delitos durante la dictadura. La propuesta es “para todos quienes no quedaron dentro de la Ley de Amnistía”.  La ola que nos arrastraba ya nos tapó.

La precariedad de las conquistas

Cuando la primavera dura un poco más, se nos vuelve costumbre. Creímos por un momento que el goce de los derechos ciudadanos era un lugar, un banderín de meta al que habíamos llegado. Pero no. Los avances devienen pendulares y sinuosos. Hoy, a 10 años de la desaparición física de José Saramago aprendemos con él que “el tiempo no es una cuerda que se pueda medir nudo a nudo, el tiempo es una superficie oblicua y ondulante”.

Hasta el siglo XVIII la humanidad sangró la batalla por la consagración de lo que   el jurista checo Vasak llamó Derechos de Primera generación: los derechos civiles y políticos del individuo, la vida y la libertad, por ejemplo. Tras la 2GM se inauguró el reconocimiento de los Derechos de Segunda generación, los derechos sociales, económicos y culturales que debían asegurarse a la ciudadanía, así recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hoy vigente. La doctrina garantista finalmente consagró la Tercera generación de derechos, en pleno siglo XX, asociada a la concientización colectiva de los derechos medioambientales, de solidaridad, de convivencia pacífica.

Tanto se ha avanzado que hoy la doctrina española y latinoamericana plantea la consagración de una Cuarta generación de derechos, vinculados al mundo digital. Y…sin embargo, acá estamos nuevamente: denunciando aquella Primera generación en entredicho.

Volvemos a aprender que no hay conquistas para siempre ni “´poemas terminados”. Y vuelve a doler.

Las señales están desplegadas en todas direcciones, para quien quiera verlas. Lo peor es hacernos los distraídos porque la indiferencia lo traga todo, como un pantano. Volviendo a Saramago una se pregunta ¿»Cuántos ciegos serán precisos para hacer una ceguera?».