A cuatro años de Ayotzinapa, continúa la impunidad

Los muchachos pertenecían a la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa (Guerrero). Por definición, las normales mexicanas fueron creadas con un profundo sentido revolucionario que buscaba la formación de las comunidades más alejadas y vulnerables. Desde sus inicios en los años 30, la orientación de las escuelas habló del establecimiento de una “educación de carácter socialista”. Redacción constitucional que a finales de la década del 40 fue reemplazada por “educación de carácter democrático”.

Ese mismo carácter hace que en 1935 se forme la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Esta, se ha encargado, desde sus inicios, de luchar por mejorar las difíciles condiciones de las normales y de la educación en general a lo largo del país. Pues el presupuesto para la educación en México es una lucha que cada año lleva a los estudiantes a manifestarse en las calles.

A partir de ese beligerante carácter labrado con años de lucha, se han logrado mejoras y conquistas para el estudiantado en medio de la fuerte arremetida neoliberal que ha buscado convertir a la educación en un negocio. Aun así, los normalistas han resistido realizando actividades de autogestión y autofinanciación para el cumplimiento de su agenda.

Estaban precisamente en la ciudad de Iguala gestionando el transporte para viajar al DF a la actividad anual de conmemoración de la masacre de Tlatelolco. El grupo de estudiantes y docentes fue interceptado por agentes de la Policía local. Allí se produjeron varios ataques a los ómnibus de la normal y de delegaciones deportivas que se encontraban en otras actividades en la misma ciudad.

Al menos ocho personas murieron en diferentes lugares de Iguala a manos de la Policía esa noche. Inicialmente se habló de 57 desaparecidos. Una vez disipada la confusión, se estableció la cifra oficial de 43 estudiantes de Ayotzinapa cuyo paradero no fue establecido.

De eso han pasado cuatro años y las investigaciones realizadas por las instancias involucradas han tomado dos caminos completamente diferentes. Por un lado, las investigaciones oficiales realizadas por la Procuraduría General de la República se hicieron apoyándose en las entidades que estuvieron involucradas en los hechos o que tienen una relación muy cercana con estas.

La versión que resultó de dicha investigación afirma que los estudiantes fueron detenidos por la Policía local de Iguala. Estos se los entregaron a un grupo criminal llamado Guerreros Unidos, quienes los habrían llevado al basurero de Cocula hacinados en dos camionetas. Al llegar allí habrían encontrado que 15 de los estudiantes ya habrían muerto por asfixia y a los otros los habrían interrogado por sus vínculos con la organización enemiga llamada Los Rojos, y luego asesinados uno por uno con un tiro de gracia. Luego sus cuerpos fueron incinerados durante toda la noche y los restos fueron triturados, puestos en bolsas y arrojados al río San Juan.

Versiones e investigación

Esta ha sido la versión oficial que el gobierno de Peña Nieto ha defendido como “la verdad histórica”. Se ha cerrado a cualquier otra línea de investigación. La temprana ruptura entre la línea investigativa oficial y las familias de los estudiantes desaparecidos se dio cuando la inmediata respuesta del gobierno fue dar inicio a la búsqueda de los cadáveres de los estudiantes, desechando de entrada cualquier esfuerzo por encontrarlos y recuperarlos con vida. De ahí en adelante todo fueron desencuentros.

Las familias y varias organizaciones de derechos humanos solicitaron la intervención de organismos autónomos para que adelantaran una investigación independiente. Buscaban que tuviera en cuenta posibilidades diferentes a las que se marcaban desde la línea inicial en la pesquisa oficial. Para esto se solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta, creó una comisión llamada Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En noviembre de 2014 el Estado de México firmó un acuerdo con la CIDH para la entrada en funciones de dicha comisión. Cuatro abogados y un psicólogo iniciaron una serie de investigaciones que tuvieron en cuenta, entre otras, las pesquisas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El EAAF ya había estado en México ayudando a resolver varios misterios relacionados con la violencia imperante, sobre todo en las zonas más alejadas. Sus aportes siempre fueron bien recibidos y valorados como de alto valor científico. Para el caso de los 43 de Ayotzinapa, el Equipo se trasladó a Cocula para hacer una investigación del basurero en el que los testigos afirman que incineraron los cuerpos de los normalistas; sin embargo, no encontraron pruebas que respaldaran esa afirmación pues una hoguera de ese tamaño, y con la duración que afirman habría tenido para reducir los restos a cenizas y huesos, debió dejar una huella que no fue encontrada por el equipo.

Por otro lado, los testimonios de los vinculados al proceso, al ser vistos con cierto rigor, empezaron a caer por contradicciones, tanto discursivas como con los hechos comprobados. Y terminó saliendo a la luz que dichos testimonios habían sido obtenidos bajo tortura, lo que, además de constituir una grave falta humanitaria, desestima cualquier afirmación, pues claramente una persona sometida a tortura va a afirmar cualquier cosa que lo libre del tormento que padece.

Tantas fueron las contradicciones e inconsistencias halladas en el informe oficial sobre el caso Ayotzinapa, que a la GIEI no le fue suscrito el permiso para continuar investigando y la versión de los hechos que el gobierno de Peña Nieto quiso imponer fue la oficial, que está lejos de satisfacer el deseo de verdad de las familias y de la sociedad a nivel general.

Con este caso se descubrió una gran grieta que ha sido imposible ocultar, que es el nivel de poder que ha llegado a tener la delincuencia en México por un lado, y por el otro el nivel de vinculación con esta de los miembros del Estado hasta las más altas esferas, además de que en México, como en Colombia o Perú, la violencia producto del narcotráfico ha servido de cortina a la violencia política oficial para contrarrestar a la oposición.

Tan pronto se inició la búsqueda de los normalistas, empezaron a aparecer ante los ojos del mundo varias fosas comunes donde se supone que estarían sus cuerpos, y aunque los estudiantes no estaban allí, la pregunta fue: si no son ellos, ¿a quién corresponden esas decenas de cadáveres? ¿Cuántas familias pasan por el mismo dolor que las de los normalistas? Y poco a poco una verdad que se guardaba de puertas para adentro en México fue mostrando su crueldad más allá de las fronteras y es la facilidad con que una persona es desaparecida en ese país; las cifras son concluyentes y al día de hoy hay reportados más de 30.000 desaparecidos e, incluso, hace pocos días se conoció que en Jalisco había dos containers llenos de cadáveres que no han sido reclamados ni sepultados.

El GIEI sugirió unas líneas de investigación que fueron ignoradas por el gobierno de Peña Nieto: primero, indagar sobre la participación de militares del 27º batallón en los hechos; segundo, ahondar en las pistas de los celulares de los 43 estudiantes; tercero, investigar una línea de trasiego de droga entre Guerrero y Chicago, así como investigar a la Policía municipal de Huitzuco.

Hoy el cambio de estilo de gobierno en México es evidente: Andrés Manuel López Obrador, presidente electo que puede caracterizarse como democrático progresista, hizo su campaña con base en una radical ruptura con la política tradicional y sus formas de gobierno hasta la fecha.

Uno de los mayores retos para López Obrador es romper las estructuras criminales que han permeado a las instituciones. Sin este paso previo, llegar al fondo de una investigación satisfactoria se hace más complicado. Claramente las autoridades locales están involucradas hasta el fondo en lo que ocurrió con los normalistas, y mientras perciban la impunidad sobre esos hechos, la verdad no va a salir a flote.

A pesar del natural escepticismo reinante en las instituciones, se ha dado un importante primer paso, pues López Obrador, en su primera reunión con los padres de los normalistas como presidente electo, se ha comprometido a retomar las líneas investigativas sugeridas por el GIEI y a abrir otra línea independiente; al final de todo, es la primera luz, cuatro años después.