Un total de 70 órdenes de detención fueron anunciadas por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contra efectivos de las policías municipales y federales, efectivos militares y funcionarios del ministerio público, en lo que se considera una de las primeras acciones concretas del actual gobierno con vistas a determinar responsabilidades en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
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La desaparición de los 43 estudiantes se produjo en la noche del 23 de setiembre de 2014 y hasta la fecha, prevalecía el relato conocido como la «verdad histórica», un relato surgido de las versiones construidas durante el gobierno de Peña Nieto y que obtuviera siempre el rechazo de familiares y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes luego de una larga investigación refutara las versiones del entonces gobernante mexicano.
«Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad”, ha expresado el mandatario al cumplirse ya seis años de la desaparición de los estudiantes.
Las órdenes de detención, incluyen además a miembros de “la Procuraduría nacional que habrían encubierto el hecho bajo el amparo del ex presidente Enrique Peña Nieto”, señala en esta jornada el diario Página 12.
Durante el acto de anuncio de estas medidas, el nuevo fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, indicó que las capturas ordenadas refieren, además, a miembros del crimen organizado. «Es la primera vez que se vincula por los hechos a un elemento de la Policía Federal, deberá recordarse que por mucho tiempo se negó la participación de otros cuerpos policíacos en la desaparición».
La información, sobre las órdenes de detención, se efectuó en el transcurso de una reunión que sostuvo el mandatario mexicano con familiares de las víctimas.
Según el reporte del medio argentino, “López Obrador lanzó duras críticas sobre peña Nieto y recordó “que durante esa administración “se decía que si estaba involucrado el Ejército» se tenía que «proteger» a la institución para que no se viera afectada”.
«Yo sostenía lo contrario: si se aclaraba que habían participado militares, se tenía que decir, saber y castigar a los responsables y eso en vez de debilitar a las Fuerzas Armadas, las fortalecía».
La versión tan rechazada por familiares y la CIDH, afirmaba que, “durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en la ciudad de Iguala y entregados al cártel narco Guerreros Unidos, que los asesinó, incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río”, recuerda el medio de prensa.
Las nuevas investigaciones, realizadas junto a las familias de los estudiantes y la fiscalía, luego que López Obrador asumiera el cargo de presidente y decretara la conformación de una Comisión de la Verdad, permitió avanzar en el desmontaje de aquella versión “oficial” construida mediante torturas a los presuntos implicados.
El subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien es el encargado de la Comisión para la Verdad afirmó, según recoge Página 12, que “la verdad histórica se ha colapsado» después de que se identificaron restos de uno de los estudiantes lejos del basurero donde se suponía que los habían matado y que un análisis de las llamadas de esa noche concluyó que los jóvenes «nunca estuvieron juntos», dijo y prometió avances “sin generar falsas expectativas”. “Lo que queremos es conocer la verdad por dolorosa que sea».
Por su parte el fiscal Gómez Trejo agregó “que se está buscando la captura del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien huyó a Israel y está acusado de haber sido el autor de esas torturas”.
Actualmente por este caso se encuentran detenidos Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial; y Blanca Castillo, del ministerio público, recuerda el medio argentino.