Ancap: un conflicto que desnuda al neoliberalismo

Los trabajadores de Ancap están en conflicto por varias razones: por el convenio colectivo, la defensa del monopolio de los combustibles, de la industria cementera estatal, de Alur, ¿Cómo se gestó esta situación?

En Ancap hay conflicto porque estamos en presencia del desmantelamiento del organismo. Hace unos meses se produjo el cierre de la planta de Belén, luego el intento de cierre de la planta de ALUR Capurro, la entrega de un barco que era importante para la distribución primaria de combustibles, la entrega del sello Ancap en los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce, donde Ancap se está retirando y entregando el negocio de los combustibles de los aeropuertos a empresas privadas. Ahora lo último es la privatización de la industria cementera, donde nosotros pensamos que se está contrariando la voluntad del pueblo uruguayo expresada en el referéndum del 1992 y en el de 2003. Está claro que la voluntad popular fue la de mantener a Ancap estatal y público y las decisiones del gobierno van en sentido contrario. En privatizar el portland, que recordemos que en el nombre de Ancap la P es del portland. A partir de eso se aglutina todo el conflicto, que viene desde hace mucho tiempo. Se fue dando en etapas según se sucedieron estos hechos, y ahora lo que se sumó fue lo del convenio colectivo que Ancap lo denuncia en forma unilateral y al caer el convenio caen los beneficios que tenían los trabajadores pero también las obligaciones. Dentro de ellas la guardia gremial. Ante eso le dijimos al Ministerio de Trabajo que había una situación de vacío normativo para el que pedíamos que el gobierno tomara cartas en el asunto. En la reunión del 6 de diciembre le propusimos a Ancap extender el convenio, que tenía una vigencia de 28 años, durante 15 días más y el directorio se negó. Por lo tanto procedimos a la parada de la refinería porque no teníamos un paraguas normativo que nos permitiera la guardia gremial.

Denunciar un convenio con 28 años de vigencia suena un poco a provocación.

Creemos que sí. Uno puede denunciar, está en todo su derecho, pero nunca había pasado en Ancap. Se puede denunciar. Ellos tienen voluntad de negociar otro, nosotros también. Lo lógico y lo esperable es que mientras no se negocia el nuevo convenio siga vigente el viejo, el que estuvo durante 28 años. Eso está bastante claro. Pero a eso no accede Ancap. Está claro que se está fogoneando un a situación para forzar un conflicto.

En este contexto se llega al paro en la refinería. ¿Cómo se avalúa desde Fancap?

Nosotros tenemos toda la documentación que demuestra que en el Ministerio de Trabajo quedó claro que toda la responsabilidad es de las autoridades del directorio de Ancap. Luego fuimos a la refinería, hicimos un acta con la gerenta de Refinación, con los ingenieros, y ahí quedó claro que íbamos a hacer la parada de la planta y su puesta en marcha de acuerdo a los procedimientos, los protocolos y las instrucciones de operación para mantener la seguridad de las personas, de los equipos y del medioambiente. Y que además toda la gestión de los equipos y las personas están a cargo cien por ciento de las autoridades de Ancap. Por tanto los documentos dejan en claro a quién le corresponde la responsabilidad.

Ancap nos pidió una guardia para cuando estuviera parada la planta de 20 personas y la jefatura. No solo le dijimos que si sino que le dijimos que nos parecía que era poco y le sugerimos aumentarlo con algún operador más. También nos pidieron que en la noche, el paro empezada a las 22, que mantuviéramos 49 personas, que es la guardia habitual. Y le dijimos que sí. Y que hasta las 2 se mantuvieran los 49, también lo íbamos a aceptar.

Debe quedar bien claro que no hubo ningún inconveniente por falta de personal. En todo momento estuvieron las guardias mínimas aseguradas y la cantidad de gente necesaria.

Lo que quedó en claro es que no hubo rotura en la planta y sin embargo a ustedes los llegaron a acusar poco menos que de sabotaje.

Lo que sucedió en la puesta en marcha es que el 85% de la planta arrancó normalmente y que hubo un inconveniente con una válvula que se tapó y que se trancó, pero no se rompió. Como se trancó hubo que parar la puesta en marcha, se abrió, se revisó y se comprobó que lo que tenía era cierta suciedad y ese fue el inconveniente. Romperse no se rompió absolutamente nada.

En cuanto al convenio, ¿cómo están las gestiones?

El sábado hubo una reunión informal con el presidente de Ancap tratando de acercar las partes a propuesta del director en representación del Frente Amplio, Vicente Iglesias, y lo que nos trasladó fue que hay voluntad de discutir un convenio colectivo. Lo que le pedimos es que se generaran las condiciones para vehiculizar una salida. ¿Que quiero decir? Que se cree un grupo de trabajo que trascienda a Ancap y a Fancap e incorpore al Pit-Cnt y que de alguna manera cese este hostigamiento y estas acusaciones permanentes que lo único que hacen es enrarecer el clima.

En el tema de los combustibles el gobierno dijo que va a importar, ¿cómo lo evalúan?

Eso es un circo que montaron. Ya vienen importando combustible para venderle a UTE por la producción extraordinaria de energía. Se venía importando combustible. Ese simplemente fue que en un afán de culpar al sindicato de algo que no sucedió y que además eso desembocó en la importación de combustible. Eso no es exacto porque el stock de combustible que tiene Ancap da para abastecer durante más de 20 días, por lo tanto no se justifica bajo ninguna razón que se importe combustible.

El gobierno mantiene la intención de romper el monopolio en el tema de los combustibles. ¿Fancap cómo lo enfrenta?

Es un viejo anhelo del herrerismo en particular. Desde que se creó Ancap el herrerismo se opuso a que el Estado gestione un área estratégica de la economía. En 1992 intentó privatizar las empresas públicas. En 2003, junto a otros sectores, intentó asociar a Ancap que era prácticamente lo mismo y ahora nuevamente vuelve el herrerismo y se está procediendo a desmantelar Ancap llegando al extremo de privatizar algunas de sus áreas más importantes como por ejemplo el portland, donde tiene empleados a 550 trabajadores.

Hace unas semanas el propio ministro Paganini dijo que la asociación del sector Portland con privados podría demorar más de lo esperado. ¿Tienen algún indicio de eso?

Sobre eso tenemos los anuncios que ha hecho el gobierno, pero no tenemos ninguna novedad, es decir si se ha avanzado o no.

¿Hay algún interesado?

Han dicho que tienen muchos interesados, hasta siete dijeron, pero a nosotros no nos consta.

¿Cuáles son las perspectivas?

Lo primero es llegar a un acuerdo respecto a lo fundamental como las guardias gremiales y ver de qué manera tener una conflictividad, que la vamos a tener porque ellos no van a cambiar su postura de privatización y nosotros no vamos a cambiar nuestra postura de defender la industria cementera estatal, pero de alguna manera el conflicto se dé dentro del marco en el que venía cuando teníamos el convenio en vigencia.

¿En que está la situación de Alur?

Ya cerraron la planta de Belén, que era en realidad un campo de casi cien hectáreeas donde se plantaba caña y en la Rendición de Cuentas incluyeron un artículo que elimina la obligatoriedad de Ancap de adicionar biodiesel al gasoil, eso pone en riesgo a la planta de biodiesel de Capurro. Tengo entendido que se podría llegar a un acuerdo para mantenerla abierta mediante una adición mínima de biodiesel.

«En el referéndum nos jugamos mucho»

Para nosotros son nocivos los cuatro artículos que refieren a Ancap, ya sea por la forma de establecer las tarifas, el PPI (Precio de Paridad de Importación) a la periodicidad de los ajustes mensuales, aunque ahora lo dejaron en suspenso, pero está en la LUC. Está en peligro que el combustible siga valiendo lo mismo en todos los rincones del país. Que peligra que tengamos un subsidio al supergás y que el precio de las garrafas se dispare. Que se ponga en peligro el proyecto industrial de Alur. Nosotros vamos a defender el histórico social y productivo del ente y por supuesto que en el referéndum no jugamos mucho en la posibilidad de derogar esos 135 artículos. Vamos a hacer los máximos esfuerzos para anular esos artículos y llegar al 27 de marzo con una gran victoria popular.