La medida se adoptó por el fiscal del caso, Claudio Navas Rial, quien pidió ampliar la investigación respecto del exjefe de Gabinete Marcos Peña, del excanciller Jorge Faurie y del exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo.
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La imputación se formuló luego de que el pasado 19 de agosto los actuales ministros argentinos de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia, Martín Soria, y la titular del Fisco, Mercedes Marcó del Pont -todos denunciantes en esta causa- aportaran ante la Justicia nuevo material probatorio.
Según informó el Ministerio Público, Navas Rial consideró que «los elementos arrimados» por los denunciantes «permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada».
Para el procurador, las nuevas pruebas aportadas «justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida» a Peña, Faurie, y Pompeo «en cuanto a una supuesta participación en la organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico» a Bolivia «vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero».
Las nuevas pruebas aportadas incluyen los registros de ingreso a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, del 12 de noviembre de 2019 que, según los denunciantes, «evidencian que la decisión de enviar material represivo a Bolivia» se tomó en ese lugar.
El fiscal ya había imputado en esta causa a Macri, al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad.
También, ya había imputado al exjefe de la Gendarmería argentina Gerardo Otero, a los exdirectores de Logística y de Operaciones de esa fuerza Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, y al excomandante de la Gendarmería Adolfo Héctor Caliba.
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