«Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar el país, es necesario que endeudarse no sea gratis (…) Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien una querella criminal para determinar quiénes son los autores partícipes de la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra administración recuerda», dijo Fernández durante la apertura de sesiones en el Congreso, en referencia al préstamo solicitado al FMI por la anterior administración.
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El presidente señaló que la oficina de evaluación independiente del FMI también comparte la misma inquietud que su Gobierno.
El Ejecutivo de Alberto Fernández busca renegociar un acuerdo con el FMI que firmó la administración de Mauricio Macri en 2018 por alrededor de 44.000 millones de dólares para aliviar a la economía, que atraviesa su segundo año de recesión.
En septiembre, el Gobierno logró acordar una reestructuración de deuda de más de 100.000 millones de dólares con acreedores privados.
La grave crisis económica, agudizada por la pandemia de la enfermedad respiratoria covid-19, ha llevado a la pobreza a 40,9% de los argentinos, un aumento de 5,4 puntos porcentuales en el primer semestre del año en la comparación interanual.
Fernández señaló que en 2018 Argentina cayó en una «grave recesión» y un «aumento notorio» del desempleo, la pobreza y la indigencia.
El mandatario consideró que Argentina ya conoce lo que es estar endeudado y dijo que en todos los casos aparecen los mismos actores, los «mismos privilegiados que medran con la crisis».
«En todos los casos las mismas víctimas, argentinos y argentinas expulsados a la marginalidad de la miseria. Seguiremos nuestras negociaciones con total conciencia y con la firmeza que hemos demostrado. No queremos apresurarnos. Nuestro Gobierno el único apuro que tiene es poner de pie a la producción y al trabajo para ayudar a miles de familias que han quedado sumidas en la pobreza», expresó.
Afirmó que no va a haber un ajuste que recaiga otra vez sobre «las espaldas del pueblo» y anunció un proyecto de ley para desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, con el objetivo de hacer valer más los ingresos de los ciudadanos.