Cabildo Abierto justifica crímenes de la dictadura

La ausencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la ceremonia, en la cual también se asumió la responsabilidad por las desapariciones de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, resultó realmente sugestiva y mereció un atronador abucheo. Incluso, la presencia de representantes del oficialismo fue mínima y meramente simbólica.

El tributo obedece a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de carácter vinculante, ya que Uruguay es signatario de esa organización. La condena de la Corte hace referencia a que el Estado tuvo responsabilidad en la “violación a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad y libertad personal de las víctimas”.

La masacre de las tres jóvenes permaneció impune durante 48 años, luego de que los delitos perpetrados por militares fueron perdonados en diciembre de 1986, en el marco de la ilegal Ley de Caducidad, aprobada por el contubernio blanquicolorado.

La consecuencia de este inconstitucional acto de complicidad fue el archivo de los expedientes penales que imputaban a los delincuentes uniformados hasta 2005, cuando el primer gobierno del Frente Amplio le desató las manos a la Justicia y permitió el procesamiento y encarcelamiento de notorios criminales, entre ellos los dos exdictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, José Nino Gavazzo, Luis Maurente, Manuel Cordero, Jorge Pajarito Silveira, José Arab, Ricardo Medina y Gilberto Vázquez, entre otros.

Posteriormente, siguieron las indagatorias que concluyeron en nuevas condenas, tanto en los tres gobiernos del Frente Amplio como en el presidido por Luis Lacalle Pou, quien, pese a que integrantes de su partido colaboraron con el gobierno autoritario y obstruyeron a la Justicia votando la ley de impunidad, no interfirió con el aparato penal.

Desde la instalación del nuevo Parlamento, Cabildo Abierto, liderado por el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, quien perpetró el delito de omisión al no informar en tiempo y forma las confesiones de Gavazzo ante un tribunal militar y se amparó cobardemente en sus fueros, inició una furiosa ofensiva contra la Fiscalía y hasta propuso la sanción de una nueva amnistía para beneficiar a los represores.

El procesamiento del general Juan Modesto Rebollo -quien fue comandante en jefe del Ejército durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera- por su participación en el crimen, que constituye un tardío pero loable acto de justicia con uno de los delitos más aberrantes del período más oscuro de nuestra historia, fue para él la gota que rebasó el vaso y el detonante de una nueva andanada de cuestionamientos al Poder Judicial.

A su voz se sumó la del senador Guillermo Domenech, quien compartió con Manini la enrevesada tesis de que el fallo judicial está inspirado en la venganza y en ánimos revanchistas, y justificó, sin mayor pudor, el asesinato de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik, denominadas, simbólicamente por las organizaciones de derechos humanos, como las “Muchachas de Abril”.

Obviamente, el relato de Cabildo Abierto coincide plenamente con el testimonio de los delincuentes participantes en ese luctuoso operativo de 1974, cuando las tres jóvenes fueron ejecutadas sin piedad, pese a que eran meras colaboradoras y desempeñaban tareas de apoyo logístico a la guerrilla. Según todas las evidencias en poder de la Justicia, no estaban armadas.

En aquella oportunidad, en el transcurso del procedimiento también murió un militar y otro fue herido, pero, según se pudo probar fehacientemente, fueron atacados por error por sus propios camaradas, en el marco de un operativo bastante caótico.

El fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe, antes de solicitar el procesamiento de Rebollo, recabó toda la información indispensable y, para emitir su dictamen, se basó en reportes de los peritajes forenses y en testimonios de vecinos.

De ese modo, pudo reconstruir los acontecimientos y determinar responsabilidades penales, con base en una batería de pruebas que -por su solidez- resultan irrefutables. Con el voluminoso expediente a la vista, la jueza Isaura Tórtora determinó el procesamiento del imputado.

Como se recordará, en la madrugada del 21 de abril de 1974, efectivos militares y policiales abrieron fuego contra un apartamento situado en el barrio Brazo Oriental. En el interior había tres mujeres: Silvia Reyes y dos amigas, Laura Raggio y Diana Maidanik, ambas estudiantes de psicología, quienes se habían quedado a estudiar y dormir. Las tres eran militantes del MLN, pero se dedicaban únicamente a distribuir volantes de propaganda.

Fueron cobardemente asesinadas en un confuso operativo, en el cual tiradores apostados en los tejados aledaños dispararon con armas automáticas e impactaron a dos de sus propios compañeros, que confundieron con guerrilleros, quienes previamente habían derribado la puerta de la vivienda. Luego urdieron la mentira del tiroteo -que fue desestimada- para justificar la aberrante masacre.

El procesamiento del asesino Juan Rebollo, que insólitamente se cumple en régimen de prisión domiciliaria, agitó la letrina del gobernante partido militar y del Centro Militar -una auténtica madriguera de golpistas-, que reclamó al gobierno que “le ponga coto a la Justicia”, en una actitud antidemocrática que compartió también el expresidente Julio María Sanguinetti.

La postura de Cabildo Abierto contrasta con la de sus socios derechistas en la coalición de gobierno, que, en el caso del Partido Colorado y el Partido Nacional -aunque pergeñaron y aprobaron la ley de impunidad en 1986- igualmente convalidaron -a regañadientes- el cumplimiento de la sentencia del organismo internacional.

Empero, 48 años después, esa actitud no los exime de responsabilidad, ya que, con tal de conformar un bloque que les permitiera ganar las elecciones de 2019, no dudaron en pactar y aliarse con un engendro fascista que no tiene credenciales democráticas, ya que, durante los últimos tres años, ha acusado permanentemente a la Justicia de estar flechada y de no ser imparcial, por haber procesado a notorios represores y responsables de los más horrendos crímenes.

A ello se suma que Cabildo Abierto fue el primer impulsor de un proyecto de ley para que los mayores de 65 años tengan acceso a la prisión domiciliaria, texto que ahora se ajustó estableciendo la edad en 70 años para acogerse a ese beneficio.

Esta norma favorecería a los casi 50 militares procesados y condenados por crímenes cometidos durante la dictadura, de los cuales 24 están confinados en el penal de Domingo Arena y en Granaderos y otro tanto cumple la pena en sus propias casas.

Aunque acate las reglas del sistema republicano representativo, Cabildo Abierto no es un partido de talante democrático, porque reivindica a la dictadura y justifica muchas de las atrocidades perpetradas por los criminales uniformados que, durante 12 años, asolaron a nuestro país.