Civila: «Vamos a lograr reunir las firmas necesarias contra la LUC»

En este contexto, el diputado y secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, dijo a Caras y Caretas que se puede “lograr la hazaña de reunir las firmas necesarias”.

“Nos parece imprescindible poder alcanzar las firmas para este referéndum. Sabemos que va a ser difícil en una situación complicada de pandemia y porque las fuerzas del gobierno se han negado a hacer un acuerdo para suspender el conteo del plazo de un año que tenemos para juntar las firmas. Sin tener en cuenta que se ha reglamentado el derecho de reunión que es fundamental para poder llevar adelante la campaña de cualquier tipo. Pero, de todas formas, creemos que podemos lograr la hazaña de reunir las firmas necesarias, lo que también es un aspecto central de la plataforma que planteamos”, dijo Civila a esta a revista.

El Plenario Nacional del FA manifestó que está “seguro” de poder alcanzar la meta de las más de 700.000 firmas necesarias, porque la causa “vale la pena” y porque la fuerza política es capaz de “movilizar a toda la militancia a lo largo y ancho del país”.

Por su parte, Civila aseguró, en diálogo con esta revista que la campaña para derogar la LUC es un punto “esencial”.

“Eso no está descolgado de la crisis, es una ley tan concentradora y represiva como otras políticas que el gobierno está llevando en medio de esta crisis. Una de las formas de fortalecer una alternativa por la vida y la libertad real es llevar a referéndum estos 135 artículos. Siete de cada diez uruguayos no saben lo que es la LUC, que es una ley que ha transformado decenas de leyes”, agregó.

Afirmó que la posición de la coalición, de no apoyar la ampliación del plazo de recolección de firmas, es “lamentable”. “Se pierden la oportunidad de tender un puente hacia otros sectores de la comunidad. Mostrar que el cuidado de la vida y de los derechos democráticos están por encima de los intereses particulares o pueden ponerse por encima de ellos. Hubiese sido un gesto de distensión que no se da porque no hay una intención de dialogar y no hay una posición ni siquiera de escuchar los argumentos de los demás”, reclamó.

¿Cuál es la evaluación que hacen usted y el Partido Socialista sobre la crisis sanitaria y económica que enfrenta Uruguay?

En el partido avanzamos en una evaluación que venimos haciendo semana tras semana sobre una situación de crisis social económica y sanitaria que nos preocupa muchísimo.

La valoración que hacemos es que se trata de una crisis dramática, un combo realmente muy difícil, porque los componentes sanitarios sociales y económicos se retroalimentan y se potencian entre sí. A la vez, la inacción del gobierno frente a estos problemas, hace que esto se convierta en un círculo vicioso más difícil de romper.

Nosotros entendemos que no nos podemos resignar a seguir contando muertos. Tampoco contando pobres, porque se ha venido multiplicando la cantidad de gente en situación de pobreza. Personas que padecen inseguridad alimentaria que sufren hambre. Es gente que debe recurrir a ollas populares para poder comer.

A esto hay que sumar la crisis económica de empresas pequeñas y medianas que cierran, y se pierden cientos de fuentes de trabajo.

Frente a ello decimos que no podemos sentarnos a pensar que son simplemente efectos colaterales.

No creemos que nadie quiera que haya más contagios y más muertes, pero sentimos que hay actores que ven esto con cierta resignación, como si no pudiera evitarse.

Creemos que hay estrategias y políticas públicas, qué consideramos fundamentales para el país, que han fracasado.

El gobierno tiene un fundamentalismo ideológico liberal muy marcado en lo económico. Y además con una orientación de clase muy antipopular.

Cuando la realidad se mira desde esos escenarios, hay cosas que se asumen como naturales o inevitables, o como un costo de un proyecto que debe seguir adelante.

¿Qué cree que debería hacerse frente a esta situación?

Frente a esto, nosotros hemos insistido en la necesidad de un diálogo. Tenemos muy claro que el gobierno representa intereses que no son compatibles con los nuestros, somos un partido que históricamente ha defendido a la clase trabajadora. Y que está del lado de las mayorías sociales.

Hay dos aspectos sobre los que es imperioso dialogar. Uno es cuidar la vida de todas y de todos. Y el otro, es respetar los derechos democráticos que nos hacen definir como queremos vivir.

El gobierno evidentemente no quiere el diálogo. Y no lo planteamos sólo nosotros. Hace unas semanas, algunos referentes sociales plantearon una convocatoria llamada “Diálogo por la vida”. De ella participaron referentes con distintas miradas políticas e ideológicas. Representantes de diferentes organizaciones sociales económicas religiosas y profesionales del mundo de la comunicación.

Ese llamamiento tampoco dio resultado. Por lo menos en lo que refiere al diálogo con el gobierno.

Por eso nosotros decidimos que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, esperando que el gobierno acceda a un diálogo que indudablemente no quiere tener.

Hay una gran soberbia. Esta semana el presidente de la República lo volvió a reafirmar al decir que no va a haber más medidas.

El presidente interpreta que esto depende de conductas particulares y nosotros no estamos de acuerdo. Hay un falso concepto de la libertad detrás de esa mirada. Una libertad que en algunos casos no reconoce la tiranía de la necesidad, del hambre y de la obligación a salir a la calle para poder subsistir.

Por eso de nuestra parte resolvimos transitar el camino del diálogo con la sociedad. Hay mucha gente haciendo cosas y no nos podemos quedar de brazos cruzados.

¿De qué trata esa agenda?

Para realizarla, elaboramos una plataforma de siete puntos y queremos conversar sobre ellos y sobre otras plataformas que puedan surgir.

Entre los siete puntos, uno tiene que ver con la necesidad de medidas de protección social. Por ejemplo, un ingreso mínimo de emergencia, o la suspensión de desalojos y cortes de servicio.

Se anunció este beneficio para las empresas, pero también debe abarcar a personas que están en situaciones de extrema vulneración de derechos y muy afectadas por la crisis.

Estas medidas deben venir acompañadas de una urgente reducción de la movilidad cómo planteó el GACH y la comunidad científica.

Otro capítulo tiene que ver con las medidas de cuidado y autocuidado, también con el avance de la vacunación, en donde hay cosas que ajustar en lo que respecta a la agenda y el acceso a las vacunas. Es importante que todas y todos trabajemos para que la mayor cantidad de gente se vacune y cumpla con las medidas de cuidado y autocuidado que están a su alcance.

Uno de los grandes ejes es revertir y corregir la actual política salarial del gobierno uno de los factores causantes de la crisis social.

Aquí no hay una decisión de la pandemia sino del gobierno nacional de que los salarios pierdan poder adquisitivo al igual que las jubilaciones.

No se puede seguir así, no naturalizamos esta situación, no nos parece aceptable y planteamos la necesidad de corregir la política salarial impulsada por el gobierno que deteriora el poder adquisitivo de los salarios.

Para poder financiarlo planteamos la necesidad de poner impuestos a las grandes fortunas y contribuciones especiales como el impuesto al patrimonio de las grandes empresas que han tenido resultados positivos en este último tiempo, y que incluso han ganado más que antes.

Hay sectores vinculados a la actividad exportadora que han ganado más durante la pandemia. No puede ser que no se les pida la contribución adicional que ya se les pidió a los trabajadores, porque de lo contrario, estamos generando mayor concentración de la riqueza y mayor desigualdad. Unos pocos más ricos que antes y la mayoría más pobre.

Otro aspecto especial de nuestra plataforma apunta a la campaña para llevar al referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración para poder anularlos. Eso no está descolgado de la crisis, es una ley tan concentradora y represiva como otras políticas que el gobierno está llevando en medio de esta crisis.

Una de las formas de fortalecer una alternativa por la vida y la libertad real es llevar a referéndum estos 135 artículos. Siete de cada 10 uruguayos no sabe lo que es la LUC, que es una ley que ha transformado decenas de leyes. Nos parece imprescindible poder alcanzar las firmas para este referéndum. Sabemos que va a ser difícil en una situación complicada de pandemia y porque las fuerzas del gobierno se han negado a hacer un acuerdo para suspender el conteo del plazo de un año que tenemos para juntar las firmas. Sin tener en cuenta que se ha reglamentado el Derecho de Reunión, que es fundamental para poder llevar adelante la campaña de cualquier tipo. Pero, de todas formas, creemos que podemos lograr la hazaña de reunir las firmas necesarias, lo que también es un aspecto central de la plataforma que planteamos.

Varios integrantes de la coalición han dicho que no apoyan el pedido del FA de modificar el plazo de recolección de firmas contra la LUC. ¿Qué piensa sobre esto?

La posición de la coalición es lamentable y se pierden la oportunidad de tender un puente hacia otros sectores de la comunidad. Mostrar que el cuidado de la vida y de los derechos democráticos están por encima de los intereses particulares o pueden ponerse por encima de ellos. Hubiese sido un gesto de distensión que no se da porque no hay una intención de dialogar y no hay una posición ni siquiera de escuchar los argumentos de los demás.

Es la misma actitud que el gobierno ha tenido en todo lo demás temas. De lo que se trata, es de garantizar un derecho constitucional cómo están establecidos otros derechos que no se cumplen y que tanta gente no puede ejercer.

En este caso se trata de un derecho político fundamental para el ejercicio de la democracia, que tiene que ver con la democracia directa y la consulta popular. Todos sabemos que, con un derecho de reunión reglamentado, es muy difícil poder llevar adelante una campaña de recolección de firmas. Entonces, este derecho constitucional no se puede ejercer normalmente.

No pedimos que se suspenda nada, lo que pedimos es que tomando como antecedente lo que se hizo con las Elecciones Departamentales que, aun teniendo fecha establecida en la Constitución de la República, un acuerdo político de los partidos resolvió posponerlo. En este caso ni siquiera estamos hablando de posponer una fecha. Lo que pedimos es que mientras dure la reglamentación del derecho de reunión, no se contabilice ese tiempo dentro del plazo de un año para juntar las firmas.

Por lo tanto, me parece una decisión equivocada que no protege un derecho constitucional fundamental y que además se pierde la oportunidad de tender un puente a otros sectores de la sociedad. Cuando lo que se busca es poder discutir con la sociedad una ley llena de contenidos que no se conocieron durante la campaña electoral, que afecta directamente la vida de la gente y qué tiene un enorme desconocimiento ciudadano.

Creemos que las fuerzas del gobierno se valen por segunda vez de la pandemia para intentar imponer su modelo sin discusión. Nosotros tenemos que fortalecernos y reforzar las estrategias para poder lograr el objetivo del referéndum.

El primer objetivo durante la pandemia fue discutir la LUC en el medio de la emergencia y de la urgencia. Uruguay empezaba a familiarizarse y alarmarse con una amenaza sanitaria. Con un parlamento funcionando con limitaciones y con la imposibilidad de desarrollar grandes movilizaciones sociales, así se votó igual la LUC, solo con las mayorías del gobierno.

Ahora, por segunda vez se apela a las circunstancias de la pandemia para evitar la posibilidad de ejercer un derecho a informarse y expedirse sobre la ley a través de un referéndum.

«El FA no puede gastar energía en debates sobre su conducción»

 Civila aseguró, en diálogo con esta revista, que el FA “no puede gastar energía en debates sobre su conducción”, sino que debe fortalecerse en participación y diálogo con la gente.

“Hay que apostar mucho a la campaña por el referéndum y no gastar energía en debates sobre la conducción del Frente, que, si bien son legítimos, los tiene que resolver el pueblo frenteamplista en su Congreso y en las elecciones internas. Mientras tanto, la principal apuesta del Frente tiene que ser a crecer en participación, porque el FA no es de un puñado de dirigentes o de sectores, sino una concepción del pueblo”, afirmó Civila.

Aseguró que el FA tiene la “enorme oportunidad” de comprometerse con las bases sociales para tener posiciones “claras y firmes”. “Lo que no quiere decir posiciones agresivas ni de ataques. No tenemos que pedirle permiso a nadie para decir lo que efectivamente pensamos sobre la política antipopular de este gobierno. Esa es la responsabilidad del Frente Amplio con el pueblo y la sociedad uruguaya. No es una buena práctica que discutamos entre sectores del Frente, entre compañeros y compañeras a través de los medios de prensa. En los diálogos permanentes que tenemos dentro del Frente, hemos dado y vamos a seguir dando nuestros puntos de vista”, agregó.

«No hay que innovar en la conducción del FA, sino impulsar la participación»

Civila consideró que la dirección del FA es “colectiva”, por lo que lo que hay que hacer es fortalecer los organismos de la fuerza política donde democráticamente se toman decisiones.

“Eso implica en este contexto, no innovar en la conducción del Frente Amplio en lo que refiere a personas o construir figuras nuevas, sino fortalecer los espacios que existen y generar una gran apertura hacia la sociedad. Primero tenemos que discutir cómo nos volvemos más participativos y abiertos. No pactar entre grupos o sectores soluciones que no incluyen a todos”.

“Las formas de incluir a todos en la solución es dar este debate en los espacios que el Frente Amplio tiene para ello, respetar a la militancia y a la democracia interna y decidir en un Congreso cuando se termine de sintetizar el proceso de autocrítica, fijando siempre la mirada estratégica hacia delante. Y después, será una elección posterior la que se encargue de definir las nuevas autoridades del Frente Amplio”, expresó.