Colombia a un mes del paro: Diálogo sin acuerdo y protestas militarizadas

Por un lado, una sociedad que está harta de la enorme disparidad de ingresos y ya no quiere vivir en un país donde una pequeña élite toma las decisiones. Los manifestantes denuncian la pobreza desenfrenada, la corrupción y la falta de perspectivas. Por otro lado, hay un Estado que ha decidido aplastar las protestas como ha aprendido a hacer en 50 años de guerra civil: con severidad y en ocasiones con violencia excesiva.

El delegado del Comité Nacional de Paro y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, anunció que «El paro continúa con fuertes movilizaciones pacíficas a los largo y ancho de Colombia, las cuales se refrendarán este 2 de junio y el próximo 9 de junio (…) continua el paro pacífico ante la actitud del Gobierno de negarse a la negociación del pliego de emergencia», indicó Maltés.

Maltés exigió al Gobierno presidido por Iván Duque a que cumpla con el preacuerdo pactado el pasado 24 de mayo, «que se firme el preacuerdo sobre garantías para ejercer la protesta social, el cual fue llegado el 24 de mayo con la presencia de tres ministros, dos altos consejeros y más de 50 asesores que tiene el equipo de Gobierno», acotó que las movilizaciones continúan tras reunión sin acuerdo con el Gobierno colombiano.

Frente a la posibilidad de que Duque decrete el Estado de conmoción interior, Maltés rechazó esa posibilidad y pidió la eliminación de dicho decreto, «solicitamos que se derogue de forma inmediata el decreto 555 que es un Estado de conmoción por la puerta de atrás, es una jugadita del Gobierno», agregó.

«La Conferencia Episcopal de Colombia y las Naciones Unidas, han constatado la disminución sustancial de los cortes de ruta, debido al diálogo regional que se ha entablado entre alcaldes y gobernadores», explicó el vocero del Comité Nacional de Paro.

Maltés reconoció que la presión internacional y las constantes movilizaciones en todo el país, generó que el Ejecutivo permitiera la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, «el Gobierno se vio obligado a dar la anuencia para que la CIDH haga presencia el próximo lunes», añadió.