Como muchos sindicatos del país, Afinco tiene algo mas de un 80% de afiliación de sus funcionarios, lo que le da un peso representativo muy importante, y en la medida que son los que están en la primera línea de trabajo en el campo, las alianzas que tejen con organizaciones y habitantes de lo rural lo convierten en un referente imposible de ningunear.
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Los distintos proyectos que se impulsan desde el Poder Ejecutivo, representando los intereses de los grandes grupos empresariales del agronegocio, no solo apuntan a debilitar proyectos como el de agroecología, sino a debilitar las expresiones institucionales como el INC, donde el Estado se convierte en un actor principal de incidencia en el mercado de tierras y en un acceso mas democrático.
¿Cuál es la valoración de los trabajadores con respecto a la propuesta del Ejecutivo que se integró en la Rendición de Cuentas de afectar recursos del instituto para financiar soluciones a los asentamientos?
Nosotros creemos que el tema de quitar fondos a Colonización no empezó ahora en la Rendición y el asunto económico es lo de menos; nosotros ya veníamos movilizándonos mucho antes de la Rendición, porque incluso en la campaña electoral en los programas de los partidos tradicionales nosotros encontrábamos algunos puntos que eran motivo de preocupación.
Por ejemplo proponer la venta de fracciones del instituto para que los colonos pasen a ser propietarios. Eso es preocupante porque si el instituto se desprende de las tierras, pierde capacidad de incidir en la estructura agraria y como ha pasado en todas las reformas agrarias cuando la tierra vuelve a ser propiedad privada, vuelve a la lógica del capital y se vuelven a dar los procesos de concentración de la tierra y desaparición de los pequeños y medianos productores familiares.
El caso del instituto es un caso único en América donde el Estado mantiene la propiedad de la tierra y entrega la fracción bajo una concesión de arrendamiento y con esa renta a lo largo del tiempo Colonización recupera la inversión y si esa familia deja la fracción, se le puede adjudicar a otra familia que necesite.
Nosotros como sindicato postulamos que desde el nacimiento del instituto hubo sectores de la sociedad como la Asociación Rural y los herreristas que se opusieron a su creación (idea de los batllistas y apoyada por sectores de la izquierda) y Colonización es un problema para la oligarquía terrateniente cuyo representante político más directo justamente es el herrerismo.
En la LUC se incluyeron dos artículos que son nocivos para el instituto que son el 357 y 358, uno que desafecta tierras del INC sacándolas de su órbita y el otro que no permite a los colonos ni trabajar ni residir en la fracción lo que habilita a tener tierras a gente que no tiene perfil rural para la colonización, y eso va en contra por lo que fue creado.
En el presupuesto 2020 se reduce el presupuesto de Colonización en un 90%, o sea se bajan los 30 millones de dólares que tenía para compras de tierras a dos millones y ahora en la Rendición de Cuentas se ajusta eso y se destina que esa plata no vaya a Colonización y pase al fideicomiso de asentamientos.
Como sindicato y como trabajadores no nos vamos a negar que se atienda la situación de la gente más desfavorecida que es la que está en los asentamientos, tenemos claro sin lugar a dudas que son los más vulnerados, pero creemos que lo de sacarle plata a Colonización esta atado a la LUC en un paquete de medidas que apuntan a erosionar al instituto y en algún momento eliminarlo si fuera posible, como se intentó en 2002 durante el gobierno de Jorge Batlle, que estuvo al borde de la quiebra y debió vender fracciones para pagar el sueldo a los funcionarios.
El instituto es superavitario, toda su operativa la financia con la renta que pagan los colonos y le sobra algo de dinero para comprar tierras, pero con esta reducción va a ver seriamente afectado su capacidad de incidencia y no va a poder atender a una gran cantidad de población que se presenta año a año para acceder a tierras como única alternativa y de lo contrario no pueden quedarse en el campo y deben migrar a las ciudades, potenciando el problema que se quiere solucionar con el fideicomiso.
¿Cómo pueden incidir como trabajadores en las políticas del directorio del INC para su defensa?
Nosotros como trabajadores tenemos el problema de la reducción de ingresos por las políticas macroeconómicas que se están imponiendo, donde todos los funcionarios públicos ya perdimos un 5% de capacidad de compra. A futuro, en la medida que el instituto no compre mas tierra, podría representar una pérdida de la fuente de trabajo, pero no es la principal amenaza que vemos. Hoy no estamos pendientes de una situación así, sino que decidimos salir como una cuestión de solidaridad de clase con los trabajadores y productores rurales que son los que se van a ver afectados, sobre todo los aspirantes que quieren tener un proyecto de vida y si no lo logran, van a ser desalojados a las ciudades.
La orden que se dio desde que asumió el nuevo presidente (Lacalle) fue que no se compre una hectárea más de campo aun cuando los recursos estaban, acompañado del relato de que el instituto es improductivo, que compra mal, que compra tierras inundadas, como salió a decir el senador Da Silva. Ahora Botana está tratando de juntarse con legisladores para ver si se puede mejorar el presupuesto y Da Silva que se suma, pero que no se compren mas tierras.
Puede haber campos con problemas de inundación como hay en todo el país. Colonización tiene una superficie como el departamento de Colonia y a algún campo le puede pasar eso, pero no es que se compre buscando que sea inundable o pagando más de su valor. Es un discurso que busca desprestigiar la imagen del instituto y su existencia para justificar su desfinanciamiento.
De cara a un nuevo aniversario del Reglamento de Tierras artiguista, ustedes definieron una serie de medidas.
En la que más estamos participando activamente y organizando es una actividad en Guichón el 11 de setiembre, a la que va a asistir el actual presidente de Colonización, Julio Cardozo (que nosotros decimos es un damnificado de estas políticas porque no se la veía venir), la expresidenta del INC Jaqueline Gómez junto a organizaciones nacionales y de la zona; luego hay una anterior el 10 de setiembre en Cerro Largo que organiza el Movimiento por la Tierra, donde vamos a ver si un compañero de Afinco puede ir, pero está confirmado que vamos a mandar una carta de adhesión a esa actividad que justamente va a celebrar el aniversario del Reglamento de Tierras, jornada a la que van a asistir muchos legisladores.
El 15 están la movilización y paro general convocado por el Pit-Cnt y el 18 en Bella Unión hay una actividad organizada por la Mesa Nacional de Colonos y Afinco.
¿En qué espacios participa Afinco como organización de trabajadores cuyo campo de acción es lo rural?
Nosotros tenemos un ámbito de coordinación en la comisión de Desarrollo Productivo del Pit-Cnt donde está la Unatra y los funcionarios del Ministerio de Ganadería, y luego tenemos un muy buen vínculo con la Comisión Nacional de Fomento Rural y la Mesa Nacional de Colonos y hemos participado en varias Mesas de Desarrollo Rural, recuerdo Florida, Canelones y otras. Y hemos recorrido las distintas comisiones y visitado a varios legisladores en el Parlamento.
¿Cuántos trabajadores tiene el instituto y cuántos están afiliados?
Somos 290 trabajadores en todo el país y un dato no menor es que tenemos 240 afiliados al sindicato, algo mas de un 80% de afiliación para quien dice que los sindicatos no representamos a nadie.