¿Disminuir los "ajustes de cuentas"?

Parecía no mucho más que una bastante vaga idea para disminuir los ‘ajustes de cuentas’ entre delincuentes, sus familias y terceros más o menos involucrados no sería más que eso; el ruido resultante provendría de que en el rubro ‘homicidios’, dicha modalidad provocaría gran parte de su acelerado aumento y el pasaje del Uruguay de la categoría de ‘país seguro’ a la de ‘país inseguro’ en términos criminales.

Pero declaraciones, reportajes y notas inmediatamente posteriores a la redacción de la columna nos hicieron cambiar de opinión sobre la importancia, la factibilidad y los alcances de la idea, aunque ya sin tiempo para incluir las novedades en dicha columna. Por todo eso, quiero darle en esta mayor importancia al tema, que la merece.

Obviaré un aspecto que insumió muchas palabras escritas, orales y videadas: las mutuas acusaciones de gobierno y oposición de que, con motivo de ese y otros asuntos, se cometió mala fe en la diferencia entre los objetivos de la convocatoria y la realización de la misma; sin querer inmiscuirme en un ejemplo clásico de ‘chiquitaje’ y maniobrerío políticos, déjenme solo comunicar la impresión de que la queja de la oposición parece más fundada que la del gobierno.

Pero vayamos a la idea.

Lo que se sabe de la idea para disminuir ajustes de cuentas

UNO. Parece que será un programa a financiar por el BID con unos 10 millones de dólares, y que funcionaría desde el segundo semestre de 2023.

DOS. El programa sería del tipo del proyecto ‘Cure Violence’ (más o menos ‘curar la violencia’) que se cumplió al menos en México, Colombia, Honduras y El Salvador (y quizás Brasil).

TRES. A su vez, dichas iniciativas fueron inspiradas en el programa ‘Cease Fire’ de Chicago, creado por el epidemiólogo Gary Slutkin, que enfoca el asunto como si fuera una epidemia a frenar por medio de ‘interruptores’ de ese contagio ampliado. Dichos ‘interruptores’ serían trabajadores comunitarios locales, exconvictos y expandilleros con proximidad subcultural con las poblaciones cuya violencia se intenta disminuir, mediante pedidos de tregua y ofertas de medios alternativos a la violencia usual en esos lugares, y respecto de asuntos como drogas, prostitución, armas, venganzas y circuitos criminales.

CUATRO. Según alegadas evaluaciones de impacto del cumplimiento de algunos programas, se dispondría de evidencia empírica de que se habrían reducido en gran medida la cantidad y calidad de los ajustes de cuentas; de ahí la esperanza en ellos.

CINCO. Como primer comentario sustantivo a la idea (que necesita adecuaciones importantes a los contextos territoriales e institucionales nacionales y locales), digamos que, siguiendo el hilo histórico con que Norbert Elias desarrolla su hipótesis del proceso civilizatorio que inició la sociedad cortesana feudal, Gilles Lipovetsky lo confirma -también Yuval Harari- aunque observando que, aun en medio de ese proceso civilizatorio, a veces las justicias gubernamentales (i.e. nacional, estadual, municipal) no llegan con la misma velocidad ni a todos lados; y que, aun llegando, a veces hay bolsones de poblaciones y determinadas áreas-problema (ej. el mercado de drogas ilícitas) en que la justicia civilizada no puede regir. Los ajustes de cuentas cruentos son modos de hacerse respetar y prevenir/saldar conflictos que no pueden ventilarse por los carriles oficiales: con recurso a las policías y al poder judicial. Lector, ¿cómo hace una ‘boca’ de venta para forzar a un deudor a pagar y cómo resarcirse de un ‘adelanto’ de mercadería? ¿A quién recurriría un cliente para dirimir una queja por la cantidad o calidad recibidas? Todos los conflictos que en la sociedad civilizada integrada se ventilan pública e institucionalmente, en el barrio, con la policía y la justicia, deben prevenirse y saldarse por fuera, en contextos marginales y periféricos, con mayor violencia y cruenta. No parece mala idea, entonces, en principio, intervenir, interrumpiendo, esos procesos no-civilizados de procesamiento de conflictos, ofreciendo soluciones que satisfagan mínimamente los intereses de las partes en pugna, y que minimicen la violencia en el proceso y en sus secuelas; ofreciendo parte al menos de lo que no está al alcance de los intervenidos y que provoca toda esa alternatividad violenta. Aunque sin pretender que sea la solución total y única, como bien lo aclaró Diego Sanjurjo en sus presentaciones. Sin embargo… no tenemos suficiente detalle aún como para superar algunas objeciones posibles, que siguen.

SEIS. La atractiva analogía del aumento de los ajustes de cuentas con el contagio de una epidemia, más retórica que sustantiva, es engañosa y peligrosa. En primer lugar, porque un contagio epidémico es biológico, aunque su enfrentamiento implique también aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y administrativo-institucionales (como lo hemos visto y lo vemos con la pandemia de covid). Ninguna tendencia social, tal como una tasa de homicidios, opera nunca, jamás, como una transmisión biológica: intervienen crucialmente factores no-biológicos centrales; al revés, en una epidemia biológica, lo central es la transmisión biológica de algo biológico, por más que se enfrente por medio de medidas no-biológicas y haya condicionantes no-biológicos que puedan influir en su modo e intensidad de variación. No consigo imaginarme qué factores biológicos se irían a usar en un programa de interrupción de ajustes de cuentas que implicara epidemiología y modelos de simulación epidemiológicos; ninguno de los factores intervinientes en una tendencia social podrá ser epidemiológicamente considerado; el más común modelo de simulación epidemiológico, el SIR (usado para la pandemia de covid en el mundo y en Uruguay), no sería aplicable al análisis de la variación de los ajustes de cuentas. Los programas de intervención interruptora podrían ejecutarse perfectamente sin el lastre de esa tan tentadora como equivocada asimilación, innecesaria, de las transmisiones sociales con los contagios biológicos, con sus equivocados métodos de medición, temibles.

SIETE. Se ha dicho, aunque sin citar trabajos concretos, que hay ‘evidencia empírica’ que mostraría el éxito de los programas en otros países. Con todo respeto, necesitaríamos conocerla, porque estamos curados en salud con pésima evidencia científica que se pasa como gato por liebre en apoyo de ideas o programas en base a la afirmación simplona de que se está decidiendo políticamente sobre la base de evidencia empírica científica. Es políticamente correcto decir eso, viste mucho. Bullshit; no cualquier producto de profesionales o académicos produce evidencia científica concluyente en contra o a favor de algo. La mayoría de los trabajos científicos en ciencias sociales (como lo muestra un clásico trabajo de John Ioannidis, de Stanford) no son conclusivos ni sustentan las afirmaciones que pretenden apoyar; yo tengo un libro sobre eso de 1983 y varios cursos de análisis empírico y teórico de la causalidad, tanto de hallazgo de regularidades empíricas como de atribución teórica de causalidad a ellas (el último, de posgrado en 2019). Mucho me temo que esa tan cacareada ‘evidencia empírica científica’ pueda no serlo, si fuera analizada con herramental filosófico, gnoseológico, epistemológico, metodológico-estadístico y teórico maduro y cultivado. Una enorme parte de la investigación criminológica es tan frágil como fatua; se afirma como científica y concluyente sin serlo. No quiero afirmarlo de estas evaluaciones de impacto sin conocer la evidencia invocada; pero, como ‘gato quemado con leche, veo una vaca y lloro’; y lo temo y expreso, aunque como presunción simple que admite prueba en contrario, claro.

OCHO. ¿Qué objetivos persigue la intervención interruptora, y en qué medida los resultados y los riesgos pueden calibrarse?

Enumeremos algunos posibles, sin habernos informado de cuáles serían los que se implementarían actualmente. Uno: una simple mediación por interruptores especialmente calificados e instruidos para intentar que los conflictos se canalicen por medios menos violentos y cruentos, ofreciendo vías y atractivos para hacerlo así. Dos: sumar el intento de que los mediados abandonen los contenidos, áreas y personas involucrados en actividades criminales y potencialmente violentas. Tres: negociar, desde el Estado y/o las instituciones y personas interruptoras que fueren, las actividades y su modus operandi con los actores concretos involucrados o que se establezcan como interlocutores de los interruptores en su representatividad, además de la intrínseca identidad y capacitación para los interruptores.

Sin espacio para hacerle justicia a un adecuado análisis de tan ricas alternativas (que podría ampliarse cuando se supieran los objetivos concretos del programa), digamos que los riesgos para los interruptores y para el programa son muy diversos en función de los distintos objetivos propuestos.

Baste con apuntar que los riesgos personales para los interruptores serían muy altos, aunque más no fuera porque los interruptores podrían ser responsabilizados por cualquier avatar adverso a los criminales que fuera consecutivo a alguna visita suya y a la posesión de cualquier dato confidencial exclusivo que pudiera haber habilitado a ese avatar adverso (también grupos competitivos con los intervenidos podrían sentirlo así). Sabiendo que personas marginales y que caminan por pretiles y cuerdas flojas se vuelven con facilidad paranoicas por temor más o menos fundado, la posibilidad de que los interruptores sean considerados ‘buchones’ y sospechados de facilitación de datos confidenciales riesgosos puede ser alta, y con riesgo directo en función de los objetivos pretendidos, más a mayor profundidad intentada. Por otro lado, esos mismos que pueden ser exageradamente sospechables de ‘buchones’ policiales (por los intervenidos o por competidores suyos), pueden también ser calificados por algunos actores como piezas de algún ajedrez que favorezca o perjudique a facciones rivales de las intervenidas, sea en el giro del negocio como en el territorio disputado. Por fin, del lado de las instituciones interventoras, que protegen las espaldas de los interruptores, sus antecedentes criminales y/o sus vinculaciones territoriales o familiares: si por un lado favorecen la viabilidad de la intervención interruptora, por otro pueden ser sospechables, desde ciertas paranoias que también pueden aquejar a quienes intervienen, de fortalecer a los grupos criminales intervenidos, como informantes calificados en favor de los intervenidos, si ustedes quieren de ‘buchones’ conniventes también, pero ahora en favor de grupos criminales, los intervenidos u otros.

Tanto la selección como la preparación y el seguimiento de los interruptores son procesos sumamente delicados, que pueden arriesgar sus vidas en cualquier momento y aun sin causas firmes, comprometiendo así, además, la factibilidad del programa en su globalidad.

Esta posibilidad de que los interruptores puedan ser creídos como buchones o conniventes, por los interventores, los intervenidos o por terceros interesados, es uno de los mayores riesgos, tanto para la instalación del programa como para su continuidad, sea en términos de los actores institucionales envueltos, sea en términos del equipo de interruptores en su continuidad, variedad y rotación.

NUEVE. Finalmente, sería muy importante el seguimiento y evaluación permanentes, y claro que también al final de cada período, del proceso y productos de la ejecución del programa. Debería confeccionarse una muy sutil lista de indicadores del grado de éxito y de los obstáculos inesperados intervinientes, que faciliten reajustes de objetivos y medios, sobre la marcha y para próximas ediciones del programa.

Un problema endémico de los programas políticos es su carencia de seguimiento, evaluación y reajustes eventuales, sobre la marcha y a futuro. Es un utópico clamor eterno de los académicos independientes sobre los ejecutores de programas de políticas públicas sociales. El problema es que generalmente se privilegia el impacto retórico de la idea y de sus apoyos, mucho más fácil y menos riesgoso de considerar que seguimientos, evaluaciones, autocríticas y reajustes. Y como difícilmente seguimientos, evaluaciones y autocríticas sean tan amistosas y compañeras como una bien preparada propuesta retórica, casi nunca se arriesga a que la realidad interfiera con ese ‘wishful thinking’ tanto más moldeable a piacere que seguimientos y evaluaciones de impacto, aunque algo ficcional. Es lo que hay, y ya veremos si este programa se distingue de los usuales fuegos artificiales retóricos, que son la médula de las propuestas políticas, aun vestidas con las plumas de científicos sociales. Ojalá que no sean solo y principalmente eso, esta vez.