El Gobierno maquilla sus estragos sociales

Al respecto, la norma, que fue promulgada durante el gobierno del expresidente José Mujica, establece, en un artículo único, que “las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u a otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin prestar su consentimiento, siempre que algún médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en esta disposición y sin que ello implique la privación correccional de libertad”.

Es decir que la derecha, partera del aumento de la pobreza, vuelve a vestirse con ropajes ajenos, desviando el verdadero eje del debate que es el aumento de las personas que sobreviven en situación de pobreza extrema, que actualmente son 350.000, lo cual equivale al 10,1 % de la población, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, el estudio de la consultora Exante establece que el 32 % de los uruguayos se percibe como pobre, porque el límite estadístico de la pobreza por ingreso es arbitrario y está en los $18.620.

Antes de 2005, cuando asumió el primer Gobierno del Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez, el bloque blanqui-colorado jamás se preocupó por el problema, pese a que, durante la crisis del 2002, la pobreza se disparó a casi un 40 % (1.300.000 personas) y la indigencia a siete puntos porcentuales.

Incluso este Gobierno, entre 2020 y 2023, jamás aplicó esta ley, por mera desidia o por la falta de coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, que debe prestar su asistencia para el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mandato legal.

Durante el debate zanjado en la Cámara de Representantes, el Frente Amplio manifestó coincidir con la propuesta, aunque discrepó con la decisión de modificar el único artículo de la ley de 2011, “porque es inconveniente e innecesario”. Al respecto, se argumentó que el marco legal preexistente era suficiente para lograr el objetivo, pero no ataca el problema de fondo.

El diputado nacionalista y exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, consideró que el proyecto es una herramienta “por la libertad de las personas en situación de calle” y que el Gobierno “no se conforma con las herramientas que están”. Asimismo, afirmó que, en lo relativo a las causas de este auténtico drama social, se “empezó de cero, porque no había políticas públicas que dieran respuesta”.

Esta afirmación –que es una falacia– no puede ser pasada por alto, ya que Lema, que fue el titular del Mides durante tres años, integra un Gobierno responsable del aumento de las personas que duermen a la intemperie. Es decir, es el menos indicado para criticar a las administraciones anteriores y para asegurar que no existían herramientas para atender esta problemática, ya que hay un marco legal sobre la materia que tiene más de doce años.

Incluso, menos aún se entiende cuando Lema refiere en sus declaraciones a la “libertad” de los uruguayos que están en situación de calle. ¿De qué libertad está hablando este individuo que integra una coalición que incrementó la pobreza del 8,8 % de 2019 al 10,1 % de 2023, reportada por el Instituto Nacional de Estadística? Son 50.000 pobres más que hace cuatro años y Lema, al igual que este conglomerado político de espanto que integra, debe hacerse cargo, porque sus responsabilidades son directas e insoslayables.

Insólitamente, el senador blanco Luis Alberto Heber, indagado por el otorgamiento de un pasaporte a un narco peligroso cuando era ministro, redobló la apuesta al proponer que dormir a la intemperie sea tipificado como “delito” y criminalizar la indigencia.

El eje del discurso oficialista, que lamentablemente ha permeado en la opinión pública, por el poder de fuego mediático que le garantiza el oligopolio audiovisual cómplice y obsecuente, es que las personas que duermen a la intemperie son todas adictas o padecen patologías mentales.

Si bien este argumento en parte es compartible, el núcleo de la discusión es realmente la pobreza extrema que padecen estos compatriotas, condenados a vegetar por las calles de Montevideo y de otras ciudades del país y a sobrevivir merced a la asistencia estatal o la solidaridad ciudadana.

Obviamente, en los casos en los cuales prevalece la adicción, el consumo es de pasta base, la bien llamada “droga de los pobres”, que ingresó al país, vaya casualidad, en la crisis del 2002, la cual fue provocada precisamente por gobiernos de derecha que hoy pretenden pontificar sobre el tema. En estas situaciones extremas, el veneno que consumen estas personas es un derivado de baja pureza de las hojas de cocaína que contiene, a su vez, otras sustancias tóxicas para el organismo, como plomo, ácido sulfúrico y parafina. Como las dosis tienen un precio muy bajo, es accesible a los adictos pobres, que no pueden comprar cocaína pura ni otras sustancias de más alto costo. Es claro que el problema de fondo, además de la adicción, es la pobreza.

Otro tanto sucede con las personas que padecen patologías psicológicas y emocionales, quienes requieren tratamientos de muy alto costo, tanto para financiar medicamentos como terapias. Empero, en este caso la internación compulsiva ya está contemplada por la Ley de Salud Mental 19.529, promulgada en 2017, durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez.

Obviamente, en esta circunstancia la génesis del problema es también la pobreza. ¿Alguien supone que una persona que vive en la calle, pasa frío y se alimenta en un comedor estatal o en una olla popular puede conservar un mínimo de cordura?

El Gobierno, responsable de esta situación, intenta sacar la pata del lazo apropiándose del relato. Sin embargo, las cifras son contundentes, porque actualmente hay más de 3.000 personas en situación de calle, lo cual equivale a un aumento del 54 % más que en 2019. Empero, este número está subregistrado, ya que en 2022 el Mides atendió en sus refugios a 9.303 personas y en 2023 a 11.256 personas.

El oficialismo, que siempre intenta deslindar responsabilidades con respecto a las graves consecuencias de sus políticas de espanto, acusa recurrentemente al Frente Amplio de haber incurrido en subregistro durante sus tres gobiernos. Sin embargo, más allá de meras estadísticas, hay una evidencia empírica y hasta sensorial que rompe los ojos: hasta 2019, las personas que dormían a la intemperie solían concentrarse únicamente en el centro de Montevideo o en plazas. Hoy, las calles de todos los barrios están tapizadas por seres humanos que duermen sobre cartones o colchones viejos, los cuales integran una suerte de ejército de indigentes.

Si bien muchos de ellos son adictos o padecen patologías mentales, e incluso hasta excarcelados que no tienen dónde ir, todos, indistintamente, son pobres y víctimas de un Gobierno insensible al sufrimiento, que nunca supo enfrentar las devastadoras consecuencias sociales de la pandemia o bien invirtió lo mínimo para atender esta grave problemática.

Como estamos en año electoral, el Gobierno pretende “limpiar” las calles retirando a los indigentes, a los efectos de lavar sus propias culpas e invisibilizar la pobreza. La clave es que no logre imponer su relato, maquillando los estragos provocados por sus políticas inicuas, que siempre priorizaron los intereses de la elite social amiga en detrimento de los derechos de la mayoría de los uruguayos.