El sueño de refundación reaccionaria de Milei

La velocidad de los hechos vino a confirmar lo que había anunciado: no habrá lugar para el gradualismo e irá por todo, y “si sale mal explota”, dijo el mismo presidente. El objetivo es apretar a fondo desde el minuto cero aprovechando condiciones que no se repetirán, como el consenso inicial de un nuevo gobierno, así como la falta de conducción en filas de la oposición peronista.

Las diferentes medidas dan cuenta de tres vertientes principales de un intento de refundación reaccionaria del país: una desregularización económica a favor de las grandes empresas, una concentración de poder en el Ejecutivo en detrimento del Legislativo y la amenaza de disciplinamiento de la protesta vía leyes criminalizadoras y represión.

¿Cuánto de todo eso podrá ser aplicado? Es el debate que transcurre en Argentina, e implica pensar las dinámicas de movilizaciones en las calles, las alianzas en el Congreso y lo que haga o deje de hacer el Poder Judicial, en particular la Corte Suprema.

Desregulación y privatización

Milei nunca escondió que su plan era retirar al Estado hasta un lugar mínimo en la economía. El problema con desregular es que “me pone en igualdad de condiciones a mí, consumidor individual, con Pérez Companc de Molinos Río de La Plata, como si fuéramos iguales. Esa especie de ley de la selva favorece a los sectores concentrados en detrimento de los sectores populares”, explica Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La desregulación, que implica quitar leyes y derechos que “intentan equilibrar relaciones desiguales”, como explica Letcher, es acompañada en el plan de gobierno por dos elementos más. Por una parte “la venta del patrimonio nacional expresada en la intención de vender todas las empresas públicas y el fondo de garantía de sustentabilidad”, y, por otra, “una serie de políticas de índole fiscal que perjudican a los sectores populares, la reducción de jubilación o la reversión del impuesto a las ganancias”.

“En términos genéricos hay una especie de botín de guerra generado por la expoliación de los ingresos de los trabajadores, asalariados en general, que pretende repartirse con varias de las normas establecidas en el DNU y la ley ómnibus. Allí se establecen mecanismos de reparto de ese botín al poder concentrado, con claros ganadores con nombre y apellido”, explica el director de CEPA.

Algunos de los ganadores fueron señalados por el mismo presidente, como en el caso del multimillonario Elon Musk con su empresa de comunicación satelital Starlink y el negocio de la extracción de litio en el norte argentino. Cada desregulación beneficia a un actor privado determinado, como laboratorios médicos con el fin de la producción de medicamentos por parte del Estado, o las alimenticias y petroleras con la liberalización de precios.

Concentración de poder y amenaza

La ley ómnibus, llamada “Ley de bases y puntos para la libertad de los argentinos”, plantea “delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia durante el plazo específicamente previsto”.

El plazo previsto es hasta el 31 de diciembre de 2025, pudiendo ser “prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años”. Es decir que el presidente podría autoprorrogarse delegaciones legislativas hasta el fin de su mandato en once materias determinantes.

La explícita concentración de poder en el Ejecutivo también está en el mismo DNU que ya entró en vigencia, y lo estará al menos que ambas cámaras del Congreso lo rechacen. De lo que se trata el shock es no solamente de una desregularización a favor de los grandes empresarios, sino de un modo de gobierno que prescinda en gran medida del Legislativo.

El paquete de desregularización económica y concentración del poder en el Ejecutivo, se acompaña a su vez de una legislación y un mensaje del Gobierno que busca criminalizar la protesta social que ya comenzó, y, todo indica, se incrementará en vista de los efectos de las medidas económicas que anticipan un 300 % de inflación anual o más.

Habrá “una situación profundamente desmejorada, el efecto de la reversión de ganancias, la caída de la actividad, el nivel inflacionario elevado, la no discusión paritaria, una secretaría de trabajo que no acompaña los reclamos de los trabajadores, la reducción de las jubilaciones, el congelamiento del presupuesto de planes sociales, universitario, el aumento de las prepagas, la liberalización del precio del petróleo que aumentó 80 % y va a precio internacional”, afirma Letcher. Con tanto deterioro habrá un incremento de las protestas.

Calle, Congreso y Corte

Las respuestas en la calle a las medidas de Milei comenzaron desde la hora cero, en particular con el cacerolazo la noche del anuncio del DNU, los varios que se multiplicaron luego por el país, así como la movilización de la Central General de Trabajadores (CGT) al Poder Judicial. La CGT anunció a su vez un paro general con movilización el 24 de enero.

La marcha a la sede del Judicial fue para pedir o exigir que se deje sin efecto el DNU por inconstitucional, algo que también impulsó la provincia de La Rioja, quien le solicitó a la Corte Suprema se pronuncie acerca de si es inconstitucional el DNU. La Corte, integrada por cuatro personas, afirmó que resolverá el asunto luego de la feria judicial de enero.

Entre tanto, en el Legislativo debe conformarse la Comisión Bicameral para abordar el DNU, así como tratar la ley ómnibus. En ambos casos existen especulaciones sobre qué números logrará reunir el Gobierno, quien cuenta con minorías en ambas cámaras, tiene aliados seguros en el macrismo, y socios potenciales entre exintegrantes de la difunta coalición de Juntos por el Cambio y diputados que aún buscan cómo posicionarse.

La interrelación entre estas calles, el Congreso y la Corte podrá sellar la suerte de las medidas del Gobierno que, ya anunció, no se detendrán acá. Milei y quienes lo acompañan no esconden su afán refundacional de Argentina, bajo un modelo que en nombre de la libertad repite y profundiza una conocida fórmula neoliberal de transferencia y concentración de riqueza a manos de quienes ya más tienen.