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Columna destacada | Influencias | Argentina |

Dos orillas

Influencias cruzadas de progresismos rioplatenses

La importancia de una sinergia regional para superar el inevitable abismo aislacionista de un eventual “progresismo en un solo país”.

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Unas semanas atrás realicé en este mismo rincón reflexivo una periodización de la hegemonía relativa de las derechas en Argentina y Uruguay. Intenté comenzar a desentrañar sus agendas, prioridades y mutuas influencias que se vislumbraban entre los comunes denominadores de proyectos legislativos y principales medidas.

A pesar de que la sincronía no era plena, entre otras razones por las diferentes convocatorias electorales y períodos gubernamentales, algunos impulsos tendenciales abonaban mi hipótesis con su insistente eco. Me interesaba dejar señalado un temario para futuras profundizaciones, no solo de las metamorfosis económico-sociales y del Estado, sino de las arquitecturas políticas, jurídicas y culturales. Con una mirada más atenta fue posible establecer algunas correlaciones de la presente etapa de ofensiva amplia, sostenida y profunda contra el trabajo y el amparo social, aprovechando el interés por la exuberante profusión de gestos del presidente Milei. También esta última fase de Lacalle Pou-Milei debería profundizarse en adelante. No obstante, a fin de cumplimentar el esbozado esquema, con la misma interrogación originaria y la mirada fija en las convergencias y eventuales distancias, será momento de análisis del período progresista en ambas márgenes.

Me refiero puntualmente a los tres gobiernos sucesivos del matrimonio Kirchner por un lado (2003-2015) y los del Frente Amplio (2005-2020) por otro. Prefiero utilizar el término progresista al de izquierda en primer lugar porque el término izquierda quedó reservado en Argentina a la expresión política de pequeños grupos testimoniales, carentes de peso electoral y consecuentemente de capacidad transformadora de la realidad. Esta tarea quedó en manos de los Kirchner, quienes han adoptado en sus gobiernos un conjunto de medidas que, comparativamente, podrían llamarse ejemplares y de izquierdas. Sin embargo, las atribuyeron a su pertenencia e ideología peronista, verdadero significante vacío, al punto de abandonar su declamado proyecto de transversalidad, sustituyéndolo por el de cooptación del cuasi feudalismo provincial existente, sin importar el costo, a fin de sustentar su liderazgo político. Inversamente, en Uruguay, si bien existen pequeñas expresiones equivalentes, el propio Frente Amplio (FA) se referencia como la izquierda nacional. La historia de las izquierdas universales no está signada precisamente por la abundancia de convergencias, por la generosidad ni la voluntad acuerdista, sino por las rupturas, las desavenencias, el dogma y el sectarismo. Una historia irrigada desde la acequia del burocratismo, el divisionismo y el vedetismo. En cierta medida el FA elude afortunadamente esta tradición impotentizante.

Así, mientras los Kirchner en Argentina se enredaban en la maraña de su propia ambición y pragmatismo, buscando consolidar su poder a cualquier precio, el Frente Amplio en Uruguay trazaba un camino diferente, intentando mantenerse fiel a una visión de izquierda más amplia y cohesiva. Los Kirchner, con sus luces y sombras, dejaron un legado complejo y contradictorio, marcado por logros indudables pero también por una política que, en su afán de perdurar, a menudo sacrificó sus ideales en el altar de la realpolitik. Por otro lado, el Frente Amplio, en su búsqueda de una izquierda nacional auténtica, navegó las aguas turbulentas de la política con una brújula que, aunque imperfecta, evitó los naufragios sectarios que tantas veces han dividido y debilitado a las fuerzas progresistas en el mundo.

La etapa que propongo comenzar a considerar se ubica entre las dos primeras posdictatoriales donde las derechas desplegaron un potente arsenal regresivo e intentaron transformaciones radicales, parcialmente logradas, en particular en Argentina, para retomarse ahora en esta arremetida furia:

  • ‘80s: Alfonsín-Sanguinetti-Menem (vigencia constitucional violándola con impune desigualdad ante la ley).
  • ‘90s: Menem-Lacalle Herrera-Sanguinetti (demolición de los Estados y latrocinio).

Este periodo se caracteriza por un intento de reconfiguración del tejido socioeconómico y político, donde las fuerzas conservadoras buscaron imponer sus políticas de forma arrolladora, dejando huellas profundas y un tendal de víctimas sociales. Inversamente, los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y los del FA implementaron una serie de medidas y políticas a través de leyes y decretos que significaron logros contundentes en diversos ámbitos, reparando parcialmente los daños de sus antecesores. Estas acciones legislativas reflejan un enfoque en la justicia social y la inclusión, la recuperación económica y los derechos en sentido amplio. Cada uno de estos logros está asociado a leyes y proyectos de ley específicos que subrayan el compromiso de sus Gobiernos con la transformación y mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Aún hoy, en esta etapa regresiva, en esta misma semana emergen consecuencias de aquellas acciones como la identificación de los restos de la militante comunista Amelia Sanjurjo, secuestrada embarazada, torturada y asesinada, o la repatriación ordenada por el juez Casanello del avión argentino utilizado en el Plan Cóndor, descubierto en el aeropuerto Melilla. Obviamente las similitudes no son totalmente plenas porque existen diferencias en sus enfoques específicos, como la estrategia energética de Argentina frente a la diversificación de la matriz energética de Uruguay, o la inclusión financiera allí frente a las políticas de crédito en Argentina.

Tomando ejes gruesos, sin ser exhaustivos, las convergencias estratégicas resultan notorias ilustradas luego en el cuadro:

  • Inclusión social y reducción de la pobreza donde ambos Gobiernos implementaron programas sociales significativos para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
    • Argentina: Asignación Universal por Hijo (Decreto 1602/2009), Plan Procrear (2012).
    • Uruguay: FONASA (Ley 18.211, 2007), Plan de Emergencia y creación del MIDES (Ley 17.866, 2005).
  • Derechos humanos y memoria: enfoque en la justicia transicional y la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de las dictaduras, aún con las limitaciones que en Uruguay impone la vigencia de la Ley de C
  • Argentina: anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (Ley 25.779, 2003), apertura de archivos de la dictadura (Decreto 1086/2005).
  • Uruguay: ingreso a cuarteles en busca de desaparecidos (Decreto 131/2006), juicio de militares acusados de violaciones a los derechos humanos (Ley 18.831, 2011).
  • Reformas laborales: ambos implementaron negociación colectiva de salarios. Uruguay implementó leyes específicas para sectores laborales vulnerables, como los trabajadores rurales y domésticos, mientras que Argentina se centró en fortalecer la negociación colectiva en general.
  • Argentina: paritarias libres y reformas laborales centradas en la negociación colectiva (Decreto 108/2008).
  • Uruguay: ocho horas para el trabajador rural (Ley 18.441, 2008), regulación del empleo doméstico (Ley 18.065, 2006).
  • Educación: ambos Gobiernos realizaron importantes inversiones en educación, mejorando el acceso y la calidad educativa.
  • Argentina: Ley de Financiamiento Educativo (Ley 26.075, 2006), Programa Conectar Igualdad (Decreto 459/2010).
  • Uruguay: Plan Ceibal (Decreto 444/2007), creación de la UTEC (Ley 19.043, 2012).
  • Salud: mejoras significativas en el acceso y la calidad de los servicios de salud.
  • Argentina: ampliación del sistema de salud (varias políticas y programas), Plan Nacer (Programa SUMAR).
  • Uruguay: FONASA (Ley 18.211, 2007), Hospital de Ojos (diversas políticas de salud).
  • Igualdad de género y diversidad: progresos en la promoción de los derechos de las minorías y la igualdad de género.
  • Argentina: Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 26.618, 2010), Ley de Identidad de Género (Ley 26.743, 2012).
  • Uruguay: Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 19.075, 2013), Aborto Legal (Ley 18.987, 2012).
  • Reformas económicas y tributarias: implementación de reformas económicas significativas y políticas para fortalecer la economía y la administración pública.
  • Argentina: reforma tributaria (Ley 26.731, 2011), recuperación de YPF (Ley 26.741, 2012).
  • Uruguay: Reforma Tributaria (Ley 18.083, 2007), Fortalecimiento de la supervisión financiera (Ley 18.401, 2008).
  • Innovación y ciencia: fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación como motores de desarrollo.
  • Argentina: creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Decreto 7/2007), Ley de Desarrollo Satelital (Ley 27.208, 2015).
  • Uruguay: creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII, diversas políticas).

Demás está decir que la política exterior de ambos Gobiernos mostró un fuerte compromiso con la integración regional en América Latina. Promovieron activamente la participación en bloques regionales como el Mercosur y la Unasur, buscando fortalecer la cooperación y la solidaridad entre los países de la región en una etapa histórica de auge de los progresismos. Tal vez la retórica kirchnerista resultó más confrontativa contra un tono algo más conciliador y pragmático de su aliado, tejiendo con paciencia los hilos del tapiz integrador.

Otras esferas de acción marcaron caminos diversos por las características y puntos de partida de cada país. Por ejemplo, en materia energética, Argentina se enfocó en la reestatización y control estatal de los recursos energéticos como la reestatización de YPF (Ley 26.741, 2012), mientras que Uruguay se centró en diversificar su matriz energética con un fuerte énfasis en las energías renovables como la diversificación de la matriz energética (Ley 18.585, 2009 y otras políticas de energías renovables). En materia de políticas de seguridad ha sido poco lo que Argentina implementó, mientras en la orilla oriental se implementaron reformas estructurales en su fuerza policial como la creación del PADO y la Nueva Policía Nacional (Ley 19.315, 2015). Uruguay implementó una ley específica para promover la inclusión financiera y la trazabilidad del dinero (Ley 19.210, 2014), mientras que Argentina se enfocó mayormente en programas de crédito y asistencia social directa aunque también impulsó la inclusión financiera.

Así como en la disputa político cultural es indispensable contraponer al individualismo insolidario la consigna de que nadie puede salvarse solo, lo aquí esbozado sugiere, además de la necesidad de continuar indagando en las correspondencias, la importancia de una sinergia regional para superar el inevitable abismo aislacionista de un eventual “progresismo en un solo país”.

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