Si no cedía a las imposiciones de la Santa Inquisición, Galileo Galilei (1564-1642), una de las figuras más prominentes del Renacimiento, la iba a pasar realmente mal. La Iglesia representaba en su tiempo la verdad indiscutible de la fe, mientras que, paralelamente, Aristóteles y Ptolomeo representaban la verdad indiscutible de la ciencia. Sus visiones coexistían pacíficamente ya que coincidían en una verdad incuestionable para la época: la Tierra inmóvil era el centro del universo y el resto de los cuerpos celestes giraban a su alrededor.
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Galileo tuvo la osadía de sostener la alternativa copernicana de que el asunto era exactamente lo contrario. La Iglesia aceptaba aquella revisión de ideas y revolución creativa que dio lugar al Renacimiento; pero con una condición: ninguna ciencia ni teoría ni arte podría llegar a sembrar la menor duda sobre las verdades sagradas contenidas en las Escrituras. Los censores romanos estaban atentos a cualquier transgresión de los límites y prontos para poner a los herejes de rodillas ante la Santa Inquisición. Galileo Galilei fue procesado con casi setenta años.
En su defensa intentó armonizar la teoría heliocéntrica con la exégesis bíblica; pero no logró convencer a los santos barones de la Iglesia. Para hacerla corta, si aspiraba a una condena leve, tenía que abjurar de semejante herejía. Si no aceptaba públicamente su error, era boleta. Como haría cualquier persona prudente, negó su perversa teoría. Con ello logró que su condena (dictada en la iglesia de Santa María Sopra Minerva el 22 de junio de 1633) se limitase a un arresto domiciliario en su hogar de Arcetri, donde murió a los 77 años.
Se dice que, tras salir de aquel templo, murmuró a gente de su confianza: «Eppur si muove» (y sin embargo, se mueve). Esta frase se usa actualmente para sostener que, aunque se niegue la veracidad de un hecho, este hecho es verídico.
Unos doritos después…
Ya agonizando el 2025, y en pleno siglo XXI, los legisladores Walter Verri y Conrado Rodríguez (ambos del Partido Colorado) han propuesto modificar el artículo 149 bis del Código Penal. Este artículo (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas) sostiene: “El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión”.
La modificación propuesta pretende castigar con prisión la “negación, banalización o menoscabo del Holocausto judío y los genocidios reconocidos por el Estado uruguayo y por la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
Ambos legisladores han optado por congraciarse con la millonaria colectividad sionista antes que subordinarse a los dictados de la Constitución de la República y al legado ideológico de José Batlle y Ordóñez.
A los tres minutos de aprobarse esta barbaridad terminó preso, no porque niegue el Holocausto, sino por las retorcidas interpretaciones que implica el proyecto.
Traducido al criollo, lo que busca el sionismo es que cualquier crítica que hagamos contra el régimen supremacista de Israel sea criminalizada. El proyecto busca cercenar la libertad de expresión de quienes repudiamos al gobierno de Benjamín Netanyahu y sus secuaces y exigimos que los juzgue un tribunal internacional de igual manera que se hizo con los nazis en Núremberg.
Si esta ley se aprobase, cualquiera que pusiera en duda la cantidad de víctimas exterminadas en los campos de concentración nazis, terminaría preso.
El Holocausto fue real; solo un ignorante lo negaría, más allá de que podríamos discutir las cifras. Sin embargo, fueran 6, 5 millones o menos, nadie discrepa con que fue una carnicería abominable y repudiable. Hay historiadores judíos que hablan de cifras menores. Ni les doy ni les quito razón porque no tengo cómo comprobarlo. Ahora, ¿es justo llevar a la cárcel a quién piensa diferente? ¿Debemos condenar a quien duda, especula, teoriza o se equivoca? ¿Nuestra versión de la Historia es sagrada e indiscutible como lo era para los contemporáneos de Galileo Galilei?
De aprobarse este proyecto, el Estado deberá comenzar a escudriñar las redes sociales buscando herejes para arrodillarnos frente a la Santa Inquisición. Cualquier crítica contra el régimen israelí se podrá interpretar como un mensaje antisemita.
Este proyecto, además de inmoral, es innecesario, porque ya existen leyes racionales y civilizadas contra la incitación a delinquir, apología del delito, calumnia y violencia privada.
El sionismo uruguayo y la embajadora de Israel en Uruguay han adoptado la estrategia de acusar de antisemita a todo aquel que repudie los abusos de Israel en Palestina y otros países. Son victimarios; pero quieren hacerse pasar por víctimas. Lo que hacen en Palestina es una limpieza étnica y su ejército practica la violación y la tortura de manera sistemática. ¿Condenar esto es antisemitismo?
Un proyecto claramente inconstitucional
El artículo 29 de la Constitución de la República expresa: “Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de censura previa; pero los autores y los impresores serán responsables, conforme a la ley, del abuso de esta libertad”.
Además de los artículos de la Constitución uruguaya, la libertad de expresión también está protegida por varios instrumentos internacionales que Uruguay ha ratificado y que, según el artículo 72 y 332 de la propia Constitución, tienen jerarquía constitucional o cuasiconstitucional. Entre ellos se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que consagra en su artículo 13 la Libertad de Pensamiento y Expresión. Uruguay ratificó esta convención por la Ley N.º 15.737 (año 1985).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 72 de la Constitución uruguaya refuerzan su aplicación directa en el país.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966) consagra la libertad de expresión en su artículo 19 sosteniendo que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Educación, no represión
Si queremos que alguien cambie de opinión sobre el Holocausto, la única solución pasa por la educación y el diálogo. Cada ciudadano tiene derecho a creer que la Tierra es plana, que las vacunas son parte de un complot para exterminar a la humanidad, que los reptilianos están entre nosotros o que el genocidio de los pueblos armenio o judío son cuentos de hadas. No es lo que yo creo; pero reprimir a quienes piensan diferente es autoritarismo, algo que practica muy bien el régimen sionista.
Ahora, fíjense en lo retorcido de este proyecto infame; si bien habla de genocidios en plural, destaca específicamente al judío. Claro, armenios, palestinos y gitanos son una raza inferior, mientras que ellos son el pueblo elegido por Dios. Entre la supuesta superioridad genética de los germanos y la superioridad teológica de los sionistas, no hay mucha diferencia que digamos.
El proyecto no menciona la propaganda sionista antimusulmana, acusando a todo el Islam de terrorista. En un verdadero atentado contra la inteligencia, el proyecto confunde soezmente antisionismo con antijudaísmo. El proyecto usa el concepto de antisemitismo elaborado por organizaciones judías.
De más está decir que cualquiera que proteste contra el genocidio y a favor de Palestina será condenando a la cárcel. Sí; en Uruguay. Sí; en pleno siglo XXI.
Fabricantes de realidades
A Israel no le alcanza con haber negociado un contrato millonario con Google para manipular la opinión pública; ahora busca criminalizar la solidaridad con Palestina. Una investigación de Eurovision News Spotlight reveló recientemente que el Gobierno supremacista invirtió 50 millones de dólares para campañas en Google, X y otras redes sociales con el objetivo de restar credibilidad a la hambruna en Gaza. Sin embargo, y según denuncia el canal HispanTV, estas cifras serían muy superiores.
Además de pagar 7.000 dólares por cada publicación a una red mundial de youtubers e influencers, documentos presentados al Departamento de Justicia de Estados Unidos dan cuenta de que la inversión total del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel para una campaña de propaganda falsa asciende a 145 millones de dólares. La encargada de hacer el trabajo sucio de sicariato informativo es la empresa estadounidense Clock Tower, dirigida por Brad Parscale, antiguo encargado de campaña de Donal Trump. La maniobra, además de un objetivo mensual de 50 millones de impresiones en YouTube, Instagram, TikTok y podcasts, implica la manipulación de las respuestas en sistemas de IA como ChatGPT, Gemini y Grok.
La idea es tratar de antisemita a todo el que critique a Israel y acusar de ser partidario de Hamás a todo el que critique la masacre contra el pueblo palestino.
Como sea, el sionismo podrá presionar a sus títeres uruguayos para que presenten proyectos de ley aberrantes, y en el hipotético caso de que fueran aprobados, lograr que muchos compatriotas nieguen que Israel es un Estado genocida.
Lo que no podrán evitar, pese a todo su poder, es que esas uruguayas y uruguayos digan al salir del juzgado: “Y sin embargo, lo es”.
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