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Columnas de opinión | difamación | Twitter | Bianchi

Bianchi

Difamación e injurias

Twitter es una herramienta formidable que potencia el conocimiento, favorece el relacionamiento y el mundo se presenta sin fronteras. Pero está el costado inmundo: favorece la calumnia y la injuria.

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“El que, ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado que, si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría u 80 U.R. (ochenta unidades reajustables) a 800 U.R. (ochocientas unidades reajustables) de multa”.

Artículo 333 del Código del Proceso Penal

Leonor tiene 52 años. Está indignada porque lee con frecuencia en su celular el deterioro de la convivencia, los ataques, las mentiras, la virulencia desatada sobre todo por las cuentas anónimas. La toxicidad al palo. En verdad Leonor parece ser un ejemplo de un uruguayo que siente -aunque no con claridad- que su ADN está compuesto por un corpus liberal en donde prevalecen la tolerancia, la democracia, la república y la buena convivencia. Pero eso está cambiando.

Las redes

Las redes sociales -en especial Twitter- vinieron a exponer furias escondidas. Lo que antes podía estar reducido al círculo de amistades o familiares -puteadas por doquier, pero limitadas a un living- ahora tiene carácter público. Hoy Twitter es la plaza pública. Esta empresa global posee sus códigos de ética para aplicar a sus usuarios, pero no los hace cumplir (en verdad no le importa, porque sabe que cuantos más usuarios miserables interactúen, más cotiza en la bolsa de Nueva York). Twitter es una herramienta formidable que potencia el conocimiento, favorece el relacionamiento y el mundo se presenta sin fronteras. Pero está el costado inmundo: favorece la calumnia y la injuria.

Lo “políticamente incorrecto”

Steve Bannon es un publicista estadounidense que construyó la batería de acciones para instalar a Donald Trump en la Casa Blanca. Con ese éxito en sus alforjas, enfiló su ideología hacia Jair Bolsonaro con quien estuvo trabajando fuertemente para que el militar llegara a Brasilia. Steve Bannon defiende lo “políticamente incorrecto”, un discurso disruptivo, en donde la mentira y los malos modales son los ejes vertebrales de su ideología. Su pregonar no se detiene en Estados Unidos o Brasil; anda por Europa y América Latina construyendo liderazgos desde la calumnia. Su programa es ese. En Uruguay el asesor Francisco Faig (del Partido Nacional) y los oficialistas Graciela Bianchi y Sebastián Da Silva son los exponentes orientales de esa corriente que fomenta el “iliberalismo” en el mundo. En reciente debate a raíz de una mentira de Bianchi, el exfiscal Jorge Díaz propuso interpretar con ley un artículo de la Constitución para sacarle la inmunidad parlamentaria a quien calumnia. Díaz dijo: hay legisladores que utilizan “la agresión como método, la mentira como argumento y la cobardía solapada en la inmunidad parlamentaria”.

En verdad, Díaz estaba describiendo a Bannon. Ahí, en ese discurso, no hay ideas o programa. Hay insultos, una forma de relacionarse, un modelo de convivencia. En verdad, es el programa. El director de Medios Públicos, Gerardo Sotelo, salió a defender a Graciela Bianchi y a cuestionar a Díaz. Lo hace como lo vienen haciendo otros actores políticos en el mundo: cualquier cuestionamiento a la miseria es un atentado contra la libertad de expresión. “Si algo protege el derecho a la libertad de expresión es el discurso que se expresa en los márgenes de la corrección; incluso por fuera de estos”, escribió Sotelo. El asunto es que las normas liberales que nos rigen establecen límites a la libertad de expresión. ¿En qué casos? Cuando se calumnia o se injuria.

Vaya este ejemplo. En el año 2016 un señor publicó en Facebook que Luis Lacalle Pou era responsable de la muerte de una persona en un accidente de tránsito. El entonces senador apeló al artículo 333 del Código Penal y la persona denunciada debió escribir por varios días en Facebook que había cometido un error. Más recientemente, Florencia Astori ha denunciado en fiscalía todas las cuentas que le imputan ser dueña del museo Gurvich. Y uno a uno de quienes la han acusado debieron retractarse.

El alcance del Código

El debate en torno a las mentiras de la senadora Bianchi derivó no solo en la propuesta del exfiscal Díaz, sino también en la opinión del constitucionalista Rubens Correa Freitas. Fue consultado acerca de la iniciativa de Díaz y Correa brindó otro ángulo. No es necesario aprobar una ley para interpretar lo que dice la Constitución en materia de inmunidad y fuero parlamentario. El artículo 112 de la norma constitucional establece que “los senadores y los representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones”. Correa parece decir que todo lo que ocurra fuera del “desempeño de sus funciones” no está alcanzado por la norma y por tanto le cabe el artículo 333 del Código Penal. Pero la Constitución instala otro elemento interesante: “Jamás serán responsables por los votos y opiniones”. El asunto es cuando lo que el senador o senadora emite no es un “voto” ni una “opinión”. El asunto es cuando miente o difama. Y allí el 333 aparece con nitidez. La acción en Twitter -que contempla argumentos y opiniones- es legítima. Pero cuando se miente, se calumnia o se injuria, no. Por más que, como dice Sotelo, se pueda andar por la vida “en los márgenes de la corrección; incluso por fuera de estos”.

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