Entre reconocer un error o cortar por el hilo más delgado

Ucrania, Groenlandia, Venezuela, Nigeria, Rusia, Dinamarca, México, Cuba, Irán, Somalía, Burkina Faso, Estados Unidos, Israel y Gaza han sido en pocos días objeto de graves controversias, movimiento de tropas, bombardeos, crímenes, violencia.

Sin embargo, en Uruguay algunos medios, los hegemónicos, y a veces los otros pocos y mucho más los actores de la oposición, especialmente blancos y colorados, tienen una curiosa atracción por encontrar pequeños errores, resbalones o inconsistencias en los actos de gobierno, encontrando una excusa para darle a hechos irrelevantes trascendencia parlamentaria y motivos para el escandalete más o menos efímero y con dudoso rédito político.

Esta semana fue la Caja de Profesionales Universitarios, una institución controvertida a la que el año pasado, mediante una ley especial, se logró calafatear evitando que se fundiera y estallara una crisis en todo el sistema de jubilaciones. El Directorio de esta institución se integra con representantes de activos y pasivos y dos profesionales designados por el Poder Ejecutivo, quienes por la nueva ley deben desempeñarse en carácter de honorarios.

Resulta que hace pocos días, menos de una semana, el Directorio de la Caja votó una remuneración para los directores que se desempeñarán en el nuevo período, que aún no se inició, de 131.000 pesos mensuales.

No tiene mucho sentido, o tal vez lo tiene, pero no es el tema que me motiva a escribir estas líneas, si es lógico que alguien dirija una institución compleja que mueve cientos de millones de dólares, que supone responsabilidades morales, civiles e incluso penales, sin recibir retribución alguna, pero esto lo resolvieron los legisladores que, por otra parte, ganan más del doble de lo que asignaron los integrantes del Directorio de la Caja.

Tampoco si el carácter de esta asignación es un sueldo, un viático, una prestación u otros subterfugios que permitan corregir esta incongruencia pretendiendo pasar “por debajo del radar”.

Admitamos que estuvo mal, fue un error, una confusión, una distracción, un exceso, una arbitrariedad o una equivocada interpretación de la rigidez de lo que establecía la ley. Admitamos que la ley es estricta y no admite excepciones ni interpretaciones distintas y la resolución fue ilegal.

El acto, presumiblemente ilegal, obviamente no se consumó, fue o será reconsiderado, eventualmente será anulado por el Poder Ejecutivo y naturalmente podrá ser recurrido si las anteriores hipótesis no se cumplieran.

Nadie puso demasiada atención por lo que votaron los directores que representan a activos y pasivos, nadie los tachó de inmorales, nadie les pidió la renuncia, nadie los juzgó por si votaron a favor o en contra. Sin embargo, la atención y la crítica despiadada fue puesta por parte de legisladores de la oposición y también del Gobierno, por el ministro Gabriel Oddone y hasta por el ministro de Trabajo Juan Castillo en el voto de los dos profesionales designados por el Poder Ejecutivo: la economista María Noel Sanguinetti y el Dr. Gustavo Rodríguez Azcué.

Parece de sentido común que a ellos se les prometió un viático o algún tipo de remuneración porque, si no fuera así, es difícil que hubieran aceptado. Yo hace veinte años que presido una Comisión de Obras de la Colonia Etchepare (hoy se llama CEREMOS), para la que fui designado por Tabaré Vázquez en 2004 por cinco años y desde ese momento he presentado la renuncia a José Mujica, Susana Muñíz, Marcos Carámbula, Leonardo Cipriani y otros tantos ministros y directores de ASSE, y nunca pudieron encontrar un sustituto honorario para esa responsabilidad.

Es más, cuando fui a renunciar a la chacra de Pepe en 2009, y a presentarle un documento con todo lo que había hecho la Comisión en 5 años, Pepe me preguntó cuánto cobraba, y al responderle que el cargo era honorario, me dijo como una premonición que me iba a morir sin que nadie me aceptara la renuncia porque la portera de su chacra no la cruzaba nadie para pedir un cargo honorario.

Me reí en ese momento porque me pareció muy ingeniosa la ocurrencia, pero la verdad que de eso hace 20 años y recién hace una semana firmé el último cheque por algo más de cien mil pesos, cerrando definitivamente la cuenta corriente del BROU de la Comisión mencionada, que por otra parte creo que dejó de existir porque no consiguieron otro presidente honorario.

Así que María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez podrán ser tachados de ingenuos, idealistas, crédulos o tontos útiles, pero es una infamia propia de un Bordaberry calificarlos de inmorales por haber votado una resolución que no será legal pero de la que no se beneficiaron ni se beneficiarían porque estaban a punto de cesar como directores y no estarían en el próximo directorio, que sería el que cobraría esta, llamémosla “prestación”.

Las instrucciones recibidas

Yo no conozco a Gustavo Rodríguez, un abogado jubilado del BROU, pero sí conozco a María Noel, que escribe en Caras y Caretas y participa en nuestros programas de streaming. María es una joven economista que se ha desempeñado con solvencia en la actividad pública y privada. Ha escrito notas de economía en La Mañana y en Caras y Caretas, ha trabajado en el Mides, en el Instituto de Colonización y en la OPP; ha sido gerente en la Cámara Arrocera y se ha desempeñado en empresas agropecuarias, particularmente en aquellas que producen arroz.

Ella asegura en su carta de renuncia que consultó e incluso recibió instrucciones del director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, el Ing. Agr. Leonardo Di Doménico.

Yo no estoy en condiciones de afirmar que los designados por el Poder Ejecutivo recibieron un mandato expreso más que lo referido en la carta de renuncia de María Noel y en reciente declaraciones de Gustavo Rodríguez Azcué, pero estoy seguro de que Di Doménico estaba en conocimiento de la votación y que no se opuso a que Rodríguez y María Noel votaran la resolución cuestionada. Como Di Doménico guarda silencio, tengo que creer en lo que dicen Sanguinetti y Rodríguez Azcué.

El ministro de Trabajo Juan Castillo declaró que no sabía qué se había votado y no tengo por qué no creerle, porque estaba de licencia y no conozco qué atribuciones tenía o se adjudicaba Di Doménico, pero sí sabía que Di Doménico estaba en conocimiento.

Juan Castillo también dice que nunca se habló de cifra alguna y también puede ser cierto, pero eso es irrelevante porque, cualquiera hubiera sido la cifra, era ilegal si se trataba de no recibir retribución alguna.

Obviamente no me gustaron las declaraciones de Juan Castillo, compañero por el que tengo una especialísima estima, ni mucho menos las de Gabriel Oddone, que rápidamente sacó la pata del lazo sin tener en cuenta siquiera que algunos legisladores de la oposición estaban acuchillando a dos representantes del Poder Ejecutivo que al menos merecían ser oídos y sus acciones contextualizadas. Mucho menos me gusta el silencio de Di Doménico.

Ahora bien, ¿alguien siquiera pensó en el daño moral que se hace a María Noel y Rodríguez Azcué dejándolos a merced de las bajezas inescrupulosas de Bordaberry? ¿Qué autoridad moral le reconocemos a Bordaberry después de haber sido testigos de una conducta de mierda toda su vida, defendiendo los actos criminales de su padre, condenado por crímenes de lesa humanidad, interviniendo en la AUF como un dictador de cartón, relacionándose con las corruptas autoridades de la Conmebol y familiarmente con el clan Cartes, investigado y responsabilizado por la Justicia de Estado Unidos en el narcotráfico?

Escribo esto porque me gusta estar del lado de las víctimas, y más cuando éstas son víctimas de un estilo de hacer política en donde sólo se trata de salvar el culo sin pensar en el daño que se hace a los que quedan por el camino cuando sólo son compañeros que quieren participar en la construcción de un proyecto de país que se nos desdibuja cuando vemos que las cosas no salen como las habíamos imaginado.

Es obvio que aquí sus compañeros nos solidarizamos con María, que está pasando muy mal con toda esta porquería.