Ocultamiento de aportes y favores a empresarios

Sorprende que el tema divida a la disciplinada coalición de gobierno, ya que la iniciativa, a estudio del Parlamento, cuenta con la adhesión del Partido Colorado y del Partido Independiente, quienes suman sus votos a los de la poderosa bancada del Frente Amplio.

Realmente, ¿qué se quiere ocultar, cuando el país está envuelto en un ominoso manto de duda ante la posibilidad de que el narcotráfico haya infiltrado a la clase política? En efecto, luego del otorgamiento de un pasaporte que le permitió fugarse a un narco peligroso como Sebastián Marset, hay sobrados motivos para lucubrar que esa posibilidad no es una utopía.

No en vano, este episodio escandaloso, y con una inocultable apariencia delictiva, tumbó a dos ministros, a dos subsecretarios y a un asesor presidencial, luego de la revelación de una ominosa maniobra –cocinada en el piso 11 de la propia Torre Ejecutiva– destinada a ocultar y/o destruir pruebas que podrían incriminar a la administración más corrupta de la posdictadura, en una causa penal que permanece abierta.

En efecto, aún no se ha respondido por qué se otorgó el documento a ese delincuente, pese a que la normativa no obligaba a la autoridad a concederlo. El pasaporte se transformó en un salvoconducto para que Marset huyera y evadiera la requisitoria internacional que pesa sobre él. En tal sentido, la conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou –de una superlativa opacidad– arrojó más dudas que certezas y sembró aún más sospechas.

Si no hay nada que ocultar, ¿por qué el Partido Nacional, contra la opinión de otros dos socios de la coalición, sigue oponiéndose a aprobar una normativa que otorgue mayor transparencia a la financiación de las campañas electorales? Las explicaciones de los referentes blancos lucen tan burdas como baladíes.

Aunque nadie puede asegurar que el narcotráfico esté permeado al sistema político, mientras no se responda por qué se otorgó un pasaporte ilegal a un delincuente pesado, la sospecha permanecerá, sin perjuicio que las ulteriores actuaciones judiciales puedan arrojar más luz sobre el meollo de la causa.

Empero, el tema de la procedencia de los aportes de campaña no es el único que impide un acuerdo de todo el arco político. Otro aspecto no menor es el relativo al porcentaje de donaciones anónimas, que, en el proyecto de ley que suma adhesiones de frentistas, colorados e independientes, baja del 15 % al 7 %. ¿Por qué esa terquedad con que no se conozca la procedencia de esos apoyos financieros, pese a que los montos se mantienen?

También en este caso hay un sospechoso proceder de los blancos que, como ha sido habitual durante estos cuatro años de gobierno, actúan con opacidad y ocultamiento de la verdad.

En este caso, no se trata propiamente de si el narcotráfico está o no financiando las campañas, sino de los grupos de presión con poder económico, que suelen canjear aportes y dinero por ulteriores favores. En tal sentido, un caso bien explícito fue la donación de la tabacalera Montepaz a la campaña del presidente Luis Lacalle Pou, que fue favorecida por decisiones gubernamentales.

Otras objeciones del Partido Nacional a la iniciativa parlamentaria, que cuenta con la adhesión de tres bancadas partidarias, están intrínsecamente relacionadas con la publicidad electoral en canales abiertos o por cable, en lo relativo a los tiempos de las pautas y las tarifas.

En tal sentido, el locuaz senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini afirmó que “el gran botín de esta ley son los minutos gratis de televisión para publicidad electoral, porque hay una confiscación del tiempo de los canales”. En realidad, este beneficio es el que coadyuva a igualar las posibilidades de acceso a la opinión pública. ¿Por qué se preocupa tanto por la economía de los canales de televisión? ¿Acaso este señor es accionista de algunas de estas empresas?

El texto establece la igualdad de las tarifas para todos los partidos políticos, mediante el siguiente esquema de distribución: 47,5 % del tiempo para los partidos con representación parlamentaria, 47,5 % en función de su votación en las anteriores elecciones y un 5 % para las restantes fuerzas políticas.

En otro orden, el artículo 10 de la norma propuesta establece que, en los tres meses previos a la veda electoral, los organismos del Estado –como empresas públicas o ministerios– no podrán pautar publicidad oficial, a los efectos que esta no tenga incidencia en la campaña y, por ende, en la decisión de los eventuales electores. También este aspecto del proyecto es objetado por el Partido Nacional.

No en vano, en año preelectoral, el gobierno reparte favores a diestra y siniestra para blindarse y afianzar el apoyo del oligopolio mediático, exonerando, por cuarto año consecutivo, a los canales de televisión, los cableoperadores y las emisoras de radio de pagar el canon establecido en la ley de medios reglamentada en 2019, por el uso del espectro radioeléctrico.

A ello se suma, naturalmente, la insólita decisión de pagar a las empresas audiovisuales por sus contenidos –que son de libre acceso a toda la población y sin costo– para difundirlos en Antel TV y la financiación de programas televisivos mediante el Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Sustentable (Fapans).

En el decreto gubernamental del pasado 2 de octubre se consigna que la “emisión simultánea en digital y analógico generan costos para los titulares de las autorizaciones, que deben mantener ambas modalidades de transmisión y que cada vez es más difícil obtener repuestos para el equipamiento de transmisión analógica”.

La disposición agrega que, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay “poca penetración de los receptores de televisión digital” y que los servicios de comunicación audiovisual son de interés general, por lo que es “deber del Estado asegurar el acceso universal a los mismos”.

Esta medida fue adoptada por primera vez en 2020, cuando el Gobierno alegó, con toda razón, que era necesario exonerar a los permisarios, con el propósito de que estos difundieran la prioritaria información relativa a la pandemia, en un contexto de recesión económica y contemplando la pérdida devenida de la retracción de los anunciantes. Por entonces, la medida se justificaba. Ahora no. Tiene un fuerte tufillo a pago de favores a los empresarios que sostuvieron la campaña electoral que le permitió al Luis Alberto Lacalle transformarse en presidente de la República.

Los montos exonerados, que deberían haber sido cobrados por la Ursec, alcanzan a la friolera de 19 millones de dólares desde que la medida entró en vigencia, entre los que le correspondería abonar a los canales de televisión abierta, los cableoperadores y las emisoras radiales.

A ello se suman los aportes, a través de la Dinatel, en diversos concursos a los que se convocó a canales privados, los insólitos pagos de Antel a los canales 4, 10 y 12, por la distribución de sus contenidos a través de la plataforma Antel TV y al financiamiento de programas televisivos con formato extranjero –que contradice la legislación vigente– a través del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Sustentable (Fapans). El total de estas dádivas suma más de 22 millones de dólares.

Es claro que el Partido Nacional quiere ocultar la procedencia de los fondos que financiarán su campaña electoral y favorecer a sus amigos del oligopolio radial y audiovisual.