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Política

Congreso de Intendentes aprobó propuesta de OPP

Al borde del avasallamiento de las autonomías

Recortes de recursos, aumento de la Contribución Urbana, compromisos de gestión al borde de la violación de las autonomías departamentales. Eso, y más, incluyen las pautas presupuestales que la OPP remitió al Congreso de Intendentes. Si bien los aspectos más duros fueron eliminados, las dudas sobre la posibilidad de que el gobierno insista con ellos permanecen.

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El Congreso de Intendentes aprobó una propuesta de presupuesto para las comunas que supone importantes recortes para los gobiernos departamentales y en particular para los municipios. Sin embargo, la propuesta presentada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) implicaba mayores recortes e incluso avanzaba sobre las autonomías departamentales consagradas en la Constitución.

Para el exintendente de Rocha Aníbal Pereyra, el planteo el Poder Ejecutivo “dinamitaba todos los acuerdos negociados en el congreso” que involucraban a las 19 intendencias.

Pereyra, que pugnará en setiembre por la reelección, dijo a Caras y Caretas que espera que estas iniciativas, que implicaban entre otras cosas un ajuste fiscal para las comunas y una reducción salarial para los funcionarios, no vuelvan a repetirse durante el próximo quinquenio, aunque quedan dudas.

Recordó que previamente, “en el ámbito del congreso”, se había formado una comisión asesora de trabajo “para analizar los aspectos técnicos de la propuesta. Se venía trabajando en un ámbito de diálogo, como es costumbre en el Congreso de Intendentes, en el que hay una voluntad expresa de llegar a acuerdos consensuados. Fue sorpresa absolutamente para todos que un día antes de que el congreso fuera citado para tratar la propuesta de la OPP, viniese un documento, una propuesta presupuestal que cambiaba significativamente los procesos de diálogo que se venían llevando adelante e incorporando conceptos que dinamitaban todos los puentes. Por ejemplo, daba facultad al Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas -los porcentajes de distribución de los recursos que les corresponden a las intendencias- y se incorporaban como compromisos de gestión algunos puntos que nosotros entendemos tienen aspectos anticonstitucionales. Por ejemplo, como compromiso de gestión, se incorporaba un aumento de 7% del presupuesto a la Contribución Inmobiliaria Urbana. Es un tributo departamental y cada departamento tiene facultades para aplicarlo. A nuestro entender, eso cuestiona las autonomías departamentales porque el Congreso de Intendentes tenía que votar algo que luego quedaba sujeto a la aprobación de las juntas departamentales. Eso generaba expresamente a las intendencias la obligación de que hicieran un ajuste fiscal. En el caso de la Intendencia de Rocha es casi un 30% de aumento de la contribución inmobiliaria. ¿Por qué no aplicaron ese concepto de ajuste fiscal para la contribución rural, para los grandes propietarios? Otro compromiso que se incorporaba fue la reducción del rubro 0 en un 10%, que en el caso de muchas intendencias significa bajar los salarios”.

“Ese fue uno de los aspectos que generó mucha tensión, incluso en muchas intendencias, no precisamente gobernadas por el Frente Amplio, y se terminó votando otro texto”, agregó.

Igualmente sostuvo que “estamos de acuerdo en ir generando mecanismos de gestión que sean responsables con los recursos públicos. De hecho, nuestras prácticas lo demuestran. Ahora, de todas maneras, el Congreso de Intendentes no aprobó ese texto. Pero quedó volando, porque pueden ingresar en el próximo quinquenio conceptos de ese tipo que se incorporen como compromisos de gestión”.

No obstante, “lo que está claro es que en términos de transferencia de recursos, en términos globales, son menos que van a ir para las intendencias”.

Destacó que en este contexto son los municipios los que van a tener una reducción de transferencias. Explicó que del Fondo de Gestión Municipal, creado en el último período de gobierno del Frente Amplio y por el que se aportan fondos para el denominado tercer nivel de gobierno, en el primer ejercicio los municipios “van a tener un 30% de pérdida en las transferencias y un 9% en lo global”.

Algunos municipios van a tener algún beneficio, agregó. Estos son los de reciente creación, como algunos de Cerro Largo. El resto de los municipios, “los que ya estaban, van a tener una pérdida en las transferencias de los recursos. Eso es lo preocupante”.

“Para nosotros, en cuanto a los escenarios, en particular en lo que refiere a la construcción histórica que se ha trabajado en el Congreso de Intendentes, que esa propuesta rompía, esperamos que haya sido  una cuestión del momento y no una intención para el quinquenio”, reflexionó.

Esa propuesta “quedó por el camino”, subrayó. No obstante, quedaron como compromisos de gestión artículos relacionados con el tema de los compromisos que las intendencias tienen que asumir. “Pero, reitero, respecto a los artículos que no fueron aprobados queda la idea de que durante el quinquenio los puedan aprobar”, señaló.

“Esperamos que sea solo una intención pasajera y que después se construyan caminos como se han construido, porque siempre tiene que haber diálogo y no dinamitar los puentes”, sentenció.

Pereyra sostuvo que los intendentes no son indiferentes a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19. “No somos indiferentes a que hay una afectación presupuestal producto de la pandemia y que esta afectación perdurará en el tiempo”, afirmó. “Somos conscientes de las dificultades, pero la transferencia de los recursos para las localidades del interior implican justamente, en situaciones de emergencia, un apalancamiento a las dificultades que se generan. Sin inversión pública, si los gobiernos departamentales no apuntalan, se agrava la crisis. Sin duda el gobierno nacional tiene que cuidar las cuentas macro, pero también tiene que ver el impacto que generan los recursos públicos en aquello que decía don José Batlle y Ordóñez, hace más de 100 años, de que el Estado debe ser el escudo de los débiles. Entonces, cuando hay dificultades, el Estado debería generar recursos para esas políticas públicas que permiten sostener el chaparrón, pero si no los da, el mercado no lo resuelve, deja gente en el camino”.

“Nosotros, cuando leímos el texto y vimos las modificaciones a las alícuotas, u obligar a las intendencias como compromiso de gestión el aumento de la Contribución Inmobiliaria Urbana al barrer -y ahí paga el que tiene un rancho o una casa-, entendíamos que eso no era lo correcto. Hoy no quedó. Esperemos que definitivamente haya quedado sin efecto”, concluyó.

El pasado 30 de julio el Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad la propuesta del Poder Ejecutivo, aunque con la discrepancia del Frente Amplio, cuyos intendentes plantearon sus reparos.

Fue el caso del jefe comunal de Montevideo, Christian Di Candia, que en su cuenta de Twitter publicó: “Montevideo termina siendo una capital realmente olvidada desde el presupuesto. Pero no estamos para instalar el relato de la grieta ni política ni social. Por eso trabajamos hoy para llegar a este consenso y vamos a seguir haciéndolo cada vez que sea necesario”.

La propuesta de la OPP mantiene el 3,33% del presupuesto destinado a transferencias a los gobiernos departamentales, pero atado a tres compromisos de gestión. Estos consisten en ahorros al rubro 0, o sea, las retribuciones personales, aumento de la recaudación y reportes mensuales de ejecución financiera.

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