Cuando el criterio policial se impone a la rehabilitación

Sin embargo, lejos de dejar de ser cuevas (donde incluso los presos pueden mantener secuestrados a otros presos por 60 días), la mayoría de los centros de reclusión, como reconoció el propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, son lugares donde se violan los derechos humanos básicos.

Para colmo, como si el tema de por sí ya no tuviera un grado de complejidad que no se resolvía quitando de la administración a los frenteamplistas, el ciudadano Heber, que le cayó en gracia ser ministro del Interior, reconoció en un honesto acto de sincericidio que era ignorante en el tema cárceles.

Del aumento del hacinamiento no se los puede hacer responsables exclusivos; en verdad, todo el mundo le había advertido que descomprimir la población carcelaria no era tan sencillo y que las políticas punitivas impactaban en el sentido contrario.

El Plan Dignidad es la mínima expresión que abarca a una población de unos pocos centenares que trabajan en huertas y algunos talleres de elaboración de productos artesanales con respecto a las casi 14.000 personas privadas de libertad que hay en todo el país. Aunque los presos cosechando papas o exhibiendo mermeladas caseras se lleven los flashes y cámaras de los grandes medios de prensa, es poco menos de una isla en un inmenso océano donde prima la lógica de las cavernas.

Vendando ojos

En el reportaje mencionado a González, este justificaba la mayor presencia policial para brindar la seguridad que necesitaba el personal civil encargado de realizar los talleres. Si ese nivel de seguridad se cumplió, parece demasiado contradictorio haber eliminado la presencia de los talleristas, como pasó con las organizaciones Nada Crece A la sombra y Ombiján.

Tampoco parece coincidir con el desmantelamiento de talleres del Centro de Reclusión de Punta de Rieles y las políticas de uno de sus directores, que impuso a uno de los centros con reconocimiento internación en sus políticas de rehabilitación, al nivel del Penal de Libertad.

Podrá ser obra de la casualidad  pero lo cierto es que al tiempo que la presencia de civiles operando en las cárceles fue disminuyendo hasta desaparecer, la represión policial creció en la misma proporción.

Uno tiene el derecho a preguntarse si garantizar la no presencia de civiles imbuidos de una lógica de políticas de rehabilitación, de unos ojos curiosos que pueden mirar por encima de los criterios policiales, no busca evitar tener testigos inoportunos. Es solo una duda.

El marginal

La exitosa serie de argentina de Netflix no tiene mucho que envidiarle a la dura realidad de las cárceles uruguayas.

Quizás sí nos falte el policía infiltrado como preso con afán justiciero de comprobar la corrupción, pero como Uruguay tiene tamaño de aldea, casi todo se sabe, o da elementos de presunción bien cercanos a la realidad.

Operadoras penitenciarias y funcionarias policiales que mantienen vínculos sentimentales con presos, directores removidos por casos de corrupción y extrañas apariciones de presos que son encontrados asesinados.

El más notorio de ellos fue el del joven Marcelo Anaya, que apareció muerto en el Compen y fue uno de los tantos procesados en aplicación de la Ley de Urgente Consideración; aunque su cuerpo no sufrió heridas, el sicariato dentro de las cárceles cada tanto ofrece una nueva víctima.

En el otro extremo el caso de Otero Granja, una persona privada de libertad que hizo un acuerdo con Fiscalía para denunciar a los funcionarios policiales del Penal de Libertad que formaban parte de la banda de estafadores a cambio de no cumplir su condena en el penal, y que en octubre de este año, rompiendo los acuerdos, fue trasladado y se encuentra actualmente en el sector La Piedra del Penal de Libertad bajo la custodia de algunos de sus denunciados.

Mientras desde el Instituto Nacional de Rehabilitación reivindican su derecho a resolver como mejor entiendan lo que deben hacer con la suerte del preso, la familia de este ya recibió amenazas por las denuncias públicas.

El porcentaje de personas privadas de libertad que se han suicidado en este período -marzo 2020-noviembre 2021- es uno de los mas altos.

Mucho pa’ que aprenda a no volar

El estribillo del popular candombe no puede ser más gráfico de la situación. Si “volar” refiere a lo que permite a los reclusos las políticas de rehabilitación en base a los talleres de formación, entonces los palos apuntan a evitar su vuelo.

Los hechos acaecidos en los últimos tres meses dan cuenta de que los presos apaleados son los que han tenido más suerte.

El 6 de octubre algunos medios publicaron que una mujer y su hija de un año fueron tomadas de rehenes durante la pelea de dos privados de libertad del módulo 11 del Complejo Penitenciario de Santiago Vázquez.

MSC, la supuesta rehén, manifestó a Caras y Caretas Portal que en la jornada del 5 de octubre concurrió a la visita sobre las 8.30 de la mañana a visitar con su hija de un año a su esposo, que está preso. En determinado momento otro PPL que también tenía visita increpó al esposo y extrayendo cortes carcelarios empezaron a pelear.

La guardia policial ingresó con escopetas y realizó dos disparos, según MSC, directamente a los PPL. Uno recibió una perdigonada en una pierna, y el esposo de MSC en el rostro, según la mujer cuando ya estaba en el suelo, y ahora se encuentra internado en el CTI del INOT.

“En la visita pasada también mi marido se había peleado con otro PPL, pero ahí la Policía para mí estuvo perfecto, los separaron a palazos”, cuenta MSC.

“Acá dispararon en una sala llena de gente en una habitación que debe ser de seis por seis metros. A mi bebé la salpicó una mancha de sangre de uno de los PPL que recibió el balazo y es mentira que dispararan al suelo y rebotaran las balas”.

Apenas unos días después otra PPL recibió una perdigonada en la cabeza que hasta la fecha lo mantiene en el CTI.

El 12 de noviembre, fuentes carcelarias informaron a Caras y Caretas de una brutal golpiza a PPL en el sector B del Módulo 3 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) por parte de efectivos policiales.

Según relataron a este medio las fuentes allegadas a la penitenciaría, la situación comenzó en la noche del miércoles, cuando a raíz de discusiones entre reclusos, motivadas por las malas condiciones del sector (mayoritariamente no hay agua, la comida es “terrible” y no hay oportunidades de trabajo ni estudio para los internos), los mismos fueron trasladados al comedor del sector.

Una vez allí, los internos fueron avisados de que serían trasladados al Penal de Libertad, a sectores “de castigo”, según detallaron las fuentes. Este aviso, que finalmente no llegó a concretarse, generó mayor malestar entre los reclusos.

Finalmente, en la pasada noche del jueves, los internos fueron derivados nuevamente al sector 3 y en ese momento se produjo la brutal golpiza a cerca de 20 PPL.

Las fuentes relataron que hasta el momento se desconoce la situación exacta sobre el estado de salud de los internos, ya que no se ha podido establecer ninguna comunicación con ellos. Esta situación genera preocupación entre los familiares de los reclusos que no han tenido respuesta del centro penitenciario.

Sin embargo, un video grabado dentro del establecimiento, muestra graves heridas en al menos cuatro internos, dos de cuales se encuentran vendados en la cabeza y los restantes exhiben varias laceraciones en sus espaldas.

Los golpes se devuelven

El criterio de que PPL formaran parte de los trabajos o los talleres de formación para reducción de penas no está claro y tiene la característica de una suerte de “premio” que la autoridad del Centro de Reclusión se reserva. No parece ser la lógica de una politica de rehabilitación, si es que queda algo de ella circulando por las cárceles.

Pensar que los golpes recibidos, los perdigones incrustados en la cabeza, las mujeres separadas de sus hijos y recluidas por ingresar y/o portar unos gramos de droga volverán al seno de la sociedad redimidos y con modales de la Heidi de los Alpes es no haber terminado de comprender el asunto, salvo que les sea funcional.

Como el hijo de aquel vidriero que salía a romper vidrios de noche para que su padre los arreglara al otro día, las cárceles uruguayas parecen oficiar de una fábrica de delincuentes, para que al ser liberados, reincidan y la Policía vuelva a demostrar su eficacia en la cifra de baja de los delitos; un diabólico círculo vicioso.