Como recordarán los lectores, el pasado martes corrió como reguero de pólvora la noticia de que la plataforma Spotify amenazó con retirarse de Uruguay si prosperaban algunos cambios en dos artículos de la Rendición de Cuentas, que tienen directa relación con el pago de los derechos de autor.
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Las modificaciones introducidas en estos artículos, ya votados en cámara de Diputados, determinarían que la plataforma tenga que realizar un pago adicional a los artistas por los servicios de música, y no se contempla "ningún mecanismo para compensar ese monto de los costos de la adquisición de licencias ya existentes”, sentenció Dustee Jenkins, encargada global de Asuntos Públicos de la popular plataforma de streaming, en una carta enviada al Ministerio de Educación y Cultura.
Esto "afectaría severamente la capacidad de invertir y brindar servicios a precios razonables para los consumidores" , sostiene la empresa, y se "alterarían sustancialmente el entorno comercial de la música grabada e interferiría con la contratación privada. Pedir a las plataformas de streaming que paguen dos veces por el mismo contenido que ya ha sido licenciado por sellos discográficos resultará en pagos por duplicado injustos”.
Ahora, el ministro de Industria Omar Paganini salió a "moderar" las aguas agitadas por la amenaza de la empresa sueca, diciendo que el gobierno sigue de cerca el tema y que se espera que en la discusión que ya comenzó en el Senado encuentre una solución al tema.
“Nos preocupa que las plataformas que todos usamos de alguna manera trabajen tranquilamente en nuestro país”, afirmó el Paganini. "Es un tema que vale la pena que se trate en el Parlamento", agrego.
Contra esta postura conciliadora con la presión que ejerció la multinacional, la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes (Sudei) consideró que esta amenaza es propia de "un patoterismo internacional".
En declaraciones que recogió El Observador, Gabriela Pintos (Sudei), dijo: "Es una amenaza con que se van a ir o que van a cobrar más por mes. Ellos van a pagar lo mismo, lo único que queremos es que se reparta mejor, que haya una legislación para que después podamos ir a negociar con ellos el porcentaje que nos corresponde".
Hasta ahora, cuando se reproduce una pieza musical (a través de la radio, la televisión o en una fiesta), la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) retiene el 60% de lo que se paga por concepto de derechos, y el 40% restante se reparte entre los sellos discográficos y los intérpretes.
Este sistema, señalan los intérpretes, es obsoleto. Desde hace varios años la mayor parte de las reproducciones de los grabaciones musicales se realiza a través de plataformas internáuticas, En este contexto, la plataforma sueca, Spotify, tienen acuerdos con los sellos, que son los que negocian los pagos a los autores.
Hay que tener en cuenta que por cada reproducción, Spotify se queda con el 30%, y el 70% restante se reparte en los sellos, los distribuidores y los autores.
En este escenario, dijo Pintos, "cobran Agadu y la Cámara Uruguaya del Disco, nosotros no". Y luego denunció: "Los intérpretes son la parte más vulnerable de la industria".