Los usuarios de Spotify de Uruguay amanecieron este martes con la noticia de que la popular plataforma amenazó con retirarse del país. La razón de esta medida, según trascendió en las últimas horas, está en dos artículos del proyecto de Rendición de Cuentas que esta empresa de origen sueco considera que son perjudiciales para su negocio.
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En una carta enviada al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que está firmada por Dustee Jenkins, encargada global de Asuntos Públicos de la popular plataforma de streaming, se advierte al gobierno que las modificaciones introducidas a dos artículos -284 y 285- de la ley 9.739, que regula los derechos de autor, forzarían el retiro del país, según informó El País. "Si la reforma propuesta se convirtiera en ley en su forma actual", se manifiesta en esta carta, "el negocio de Spotify en Uruguay podría volverse inviable, en detrimento de la música uruguaya y sus fanáticos".
Las modificaciones introducidas en los citados artículos determinarían que la plataforma tenga que realizar un pago adicional a los artistas por los servicios de música, y no se contempla "ningún mecanismo para compensar ese monto de los costos de la adquisición de licencias ya existentes”.
Esto "afectaría severamente la capacidad de invertir y brindar servicios a precios razonables para los consumidores" , sostiene la empresa, y se "alterarían sustancialmente el entorno comercial de la música grabada e interferiría con la contratación privada. Pedir a las plataformas de streaming que paguen dos veces por el mismo contenido que ya ha sido licenciado por sellos discográficos resultará en pagos por duplicado injustos”.
La modificación del artículo 284 incorpora a las redes sociales e internet como formatos por los que, si se reproduce una pieza musical uruguaya a través de ellos, los artistas tienen derecho a una retribución económica.
Por otro lado, la modificación del artículo 285 propone que “los acuerdos que celebren autores, compositores, artistas intérpretes o ejecutantes, directores y guionistas respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones audiovisuales” tienen el derecho a una justa y equitativa remuneración.
¿Cuál será la actitud del gobierno ante esta presión de Spotify? Hasta ahora, ni las autoridades del MEC ni del Ministerio de Industria se han pronunciado sobre el tema.
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