Le llaman el “FMIgate” y desde hoy, en Argentina, es una causa penal.
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La denuncia fue realizada por la Oficina Anticorrupción (OA) del vecino país, contra el ex presidente Mauricio Macri y todo el equipo económico involucrado en la negociación del préstamo solicitado durante el mandato de Macri, al Fondo Monetario Internacional (FMI).
La querella criminal, señala esta jornada Página 12, es instrucción directa del presidente Alberto Fernández.
La tarea de investigación a los responsables del crédito por 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron casi 45 mil, recayó en la Oficina Anticorrupción, quien, con informes de la Sigen y el Banco Central, cumplió la tarea encomendada.
El medio de prensa recuerda que el pasado 1 de marzo, en el discurso inaugural de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo pasado, el actual mandatario había instruido a la Oficina Anticorrupción para que realizara “la denuncia penal contra Mauricio Macri y su equipo económico por el denominado FMIgate”.
En dicha ocasión, resalta Página 12, Alberto Fernández dijo: “Pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo (…) he instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».
La denuncia penal fue presentada por la Oficina Anticorrupción, ante el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional federal No, 5.
Con este paso, se abría así la Causa 3561/2019 “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
El medio de prensa, que tuvo acceso a la denuncia, reseña que en el escrito de la OA se afirma: «Los delitos son defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos».
No es la única causa que se lleva en este juzgado, allí se procesan otras denuncias vinculadas a los “procedimientos aplicados para la celebración del acuerdo stand by suscripto entre el país y el Fondo Monetario Internacional en 2018, por un monto total de 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron casi 45 mil”.
Con respecto al carácter judicializable, o no, del crédito solicitado a la institución financiera internacional, el escrito de la OA, afirma que: «la Sigen había destacado que si bien es cierto que la decisión de suscribir la Carta de Intención con el FMI constituye una decisión de política económica (que como tal involucra aspectos de prudencia política), no es menos cierto que dicha decisión debe sujetarse al previo cumplimiento de los procedimientos e intervenciones de órganos competentes, a los efectos de determinar su razonabilidad y conveniencia».
La evaluación de la OA se traduce en “que solicitar un crédito no es judiciable”, pero sí “lo es la violación de normas y procedimientos, como es el caso del FMIgate”, afirman los denunciantes.
En su denuncia, recalca el medio de prensa, la “Oficina Anticorrupción menciona con nombre y apellido a quienes considera responsables del FMIgate: Mauricio Macri en su carácter de presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de ministro de Finanzas y presidente del Banco Central; y Federico Sturzenegger y Guido Sandleris como presidentes del Banco Central”.
Para la OA, “la Sigen verificó que los compromisos asumidos con el FMI fueron contraídos sin contar con la previa intervención de los órganos competentes en la materia, ni con la información económica, financiera y jurídica necesaria para su celebración”.
«Se trató de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con fidelidad», enfatiza, finalmente, el documento.