"A este gobierno parece no importarle la opinión de la sociedad y sus organizaciones sociales en relación con sus reformas, como también quedó demostrado en la reforma jubilatoria, que se llevó a cabo sin tomar en cuenta al movimiento sindical", expresa con contundencia el informe 2023 sobre la situación de los Derechos HUmanos en Uruguay , presentado ayer por Serpaj.
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Ayer 14 de diciembre el informe fue presentado realizando una mesa redondo donde participaron Gerardo Caetano , Andrea Sorondo (Integrante de Serpaj) y Pablo Martinis (Decano de la Facultad de Humanidad y Ciencias de la Educación de la Udelar).
En diálogo con Caras y Caretas Andrea Sorondo expresó que en todos los temas relativos a Derechos Humanos, durante el año 2023 la vulneración de Derechos se ha profundizado.
Serpaj, una de las organizaciones que desde la época del Terrorismo de Estado viene impulsando el esclarecimiento de las violaciones a los Derechos Humanos y ante un nuevo 10 de diciembre y un nuevo informe que se realizan desde 1988, insiste con que "A 50 años del Golpe de Estado seguimos exigiendo Verdad y Justicia. Aún queda mucho por enmendar, y las señales políticas no son las correctas. Con muy poco compromiso por parte de este gobierno, y con una ley que busca mandar a los militares enjuiciados por crímenes de lesa humanidad a sus casas, la lucha por nuestros desaparecidos y desaparecidas continúa siendo fundamental para la construcción de la democracia. Un año más, el movimiento social demuestra su compromiso en la lucha por la memoria, una causa que atraviesa todos los movimientos, porque es a través de la unidad que construimos el país que queremos. Con la participación de nuestra sociedad y organizaciones que siempre estarán presentes para denunciar cualquier forma de desigualdad y para defender los derechos de nuestro pueblo".
El informe señala que "En 2023, la relación del Estado con la sociedad ha sido compleja y distante. Se ha observado la ausencia del Estado al retirarse de las políticas públicas territoriales y al depender de ollas y merenderos populares para abordar el hambre en nuestra población, una responsabilidad que el Estado no puede eludir. Se han tomado medidas insignificantes frente a problemas graves, como la falta de agua potable durante casi 100 días en la zona metropolitana, donde una vez más se prioriza el mercado en detrimento del medio ambiente y dela población. Además, se ha registrado un aumento del 24% en la cantidad de personas en situación de calle en Montevideo durante este año. Los refugios se encuentran desbordados y en condiciones deplorables, y su mantenimiento se debe únicamente al esfuerzo incansable de sus trabajadoras y trabajadores".
Analizando el sistema educativo el informe concluye que "se ha implementado una reforma educativa sin una visión clara de su funcionamiento. A pesar de su discurso sobre una “transformación profunda”, en la práctica, los cambios se limitan a cambiar los nombres de las asignaturas y a aumentar la carga administrativa. No solo el año se ha llenado de problemas, sino que se ha decidido avanzar con la siguiente fase de la reforma, ahora centrada en el Bachillerato. Solo con documentos preliminares a meses de su implementación, patrón de trabajo que caracteriza a este gobierno, la comunidad educativa se ha manifestado en contra de estas reformas en numerosas ocasiones, como lo demuestra el rechazo en las Asambleas Técnico Docentes (ATD), donde 238 de los 240 liceos del país se manifestaron en contra".
En una de las situaciones de mayor vulneración de derechos que son los y las privadas de libertad Serpaj sigue advirtiendo que "El sistema carcelario sigue en un estado deplorable, con más de 15 mil personas privadas de libertad, lo que resulta en hacinamiento y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Las organizaciones de Derechos Humanos denuncian esta situación de manera constante y argumentan la necesidad de explorar alternativas. Es evidente que el sistema actual no está funcionando, ya que la tasa de criminalidad no disminuye y la reinserción es ineficaz. Según el informe del Comisionado Parlamentario, sólo el 10% del total de reclusos se encuentra en unidades que cumplen con las condiciones necesarias para la rehabilitación y la reintegración social. En cambio, el 56% no cuenta con suficientes oportunidades, mientras que el 34% experimenta condiciones de trato cruel, inhumano y degradante".
Las responsabilidades del gobierno y el Estado también son puestas de manifiesto: "A este gobierno parece no importarle la opinión de la sociedad y sus organizaciones sociales en relación con sus reformas, como también quedó demostrado en la reforma jubilatoria, que se llevó a cabo sin tomar en cuenta al movimiento sindical. Por otro lado, el Estado muestra un comportamiento cuestionable en su relación con la sociedad. Esto se evidenció en la intervención en el Liceo IAVA, donde se destituyó a un director utilizando regulaciones de la época de la dictadura y se eliminó el salón gremial con la excusa de mejorar la accesibilidad, utilizando una causa como excusa para su verdadero propósito, continuar impidiendo que la sociedad se manifieste en defensa de sus derechos y reclamos. La persecución sindical continúa, la utilización de la Ley de Urgente Consideración (LUC) para desalojar las ocupaciones se ha convertido en un teatro absurdo que llegó al desborde en ocupaciones como las del Liceo Zorrilla, donde la policía estuvo a punto de recurrir a la violencia física contra estudiantes".
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