Luz Ibarburu, 10 años de existencia del Observatorio de DDHH

El 10 de octubre de 2012 en la sala Acuña de Figueroa del Palacio Legislativo, acompañados con quien posteriormente integraría la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Dr. Alberto Pérez Pérez, presentábamos una innovadora respuesta de la sociedad civil para enfrentar las dificultades políticas, judiciales y administrativas, que existían en el Estado, para que se cumpliera la en tiempo y forma, la obligación impuesta al Uruguay por el sistema interamericano de derechos humanos a partir de la sentencia de febrero del 2011 en el caso Gelman.

Si bien dicha sentencia establece diversas obligaciones para el Estado, el Observatorio Luz Ibarburu se creaba originariamente como una herramienta destinada a monitorear una de aquellas obligaciones, la de remover todos los obstáculos que pudieran impedir la actuación de la justicia en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el llamado pasado reciente.

Habían trascurrido casi 20 meses de la sentencia Gelman, en los que las organizaciones defensoras de los derechos humanos habíamos desarrollado un intenso relacionamiento con los distintos poderes del Estado y la totalidad del sistema político, que, en nuestra opinión, debían articular sus políticas públicas para hacer efectivo el cumplimiento de la citada sentencia del sistema interamericano de derechos humanos.

Allí, tomamos cabal conocimiento de las dificultades y demoras existentes, a todos los niveles, en disponer las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Sentencia Gelman.

¿Dónde encontramos las dificultades? En declaraciones desde el Poder Ejecutivo, que no alentaban un encare serio y eficaz con relación al cumplimiento de la Sentencia, y los pronunciamientos de los tribunales judiciales, que podían ser un indicio peligroso en torno a qué posición se asumiría a con relación a los plazos de prescripción de los homicidios especialmente agravados. Y, por otro lado, con un Poder Ejecutivo, que no definía la forma de dejar sin efecto las resoluciones administrativas que en el pasado comprendieron a las denuncias penales, en el artículo 1º de la ley de caducidad. Y como telón de fondo, el Frente Amplio como fuerza de gobierno con mayorías parlamentarias, que se omitía de realizar cualquier iniciativa a nivel parlamentario, si no contaba con el aval previo de José Mujica. el presidente de la República. ¿Dónde encontramos las dificultades? En declaraciones desde el Poder Ejecutivo, que no alentaban un encare serio y eficaz con relación al cumplimiento de la Sentencia, y los pronunciamientos de los tribunales judiciales, que podían ser un indicio peligroso en torno a qué posición se asumiría a con relación a los plazos de prescripción de los homicidios especialmente agravados. Y, por otro lado, con un Poder Ejecutivo, que no definía la forma de dejar sin efecto las resoluciones administrativas que en el pasado comprendieron a las denuncias penales, en el artículo 1º de la ley de caducidad. Y como telón de fondo, el Frente Amplio como fuerza de gobierno con mayorías parlamentarias, que se omitía de realizar cualquier iniciativa a nivel parlamentario, si no contaba con el aval previo de José Mujica. el presidente de la República.

En ese escenario se transformó en un aspecto de fundamental importancia, el lograr la unidad de un núcleo importante de organizaciones sociales que levantaran en torno a ese tema, un programa radical de defensa del derecho a la verdad y la justicia. Es a partir de esas premisas, que desde la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT, le formulamos a las organizaciones de derechos humanos, la propuesta de crear el observatorio Luz Ibarburu, y estas la asumieron. A partir de ahí, teníamos dos elementos imprescindibles para dar con cierto nivel de eficacia y coherencia la batalla por verdad y justicia instalada en el sistema judicial penal: un programa, y un núcleo inicial de fuerzas sociales atrás de él respaldándolo.

Estábamos, hace 10 años, en condiciones de desarrollar las iniciativas tendientes a el logro del objetivo de esa etapa: el cumplimiento cabal de la sentencia Gelman, como eje importante de la lucha contra la impunidad.

En el propio desarrollo de estos 10 años, acrecentamos nuestras fuerzas iniciales, y asumimos nuevos desafíos. También logramos tejer ciertos criterios, propios de nuestra cultura de unidad, que fueron resolviendo o ubicando los matices y las tensiones en su justo y adecuado termino. Dicho de otra forma, a partir de la creación del Observatorio, se consolidó un grupo humanos que se sostenía, más allá de las representaciones institucionales, con un importante caudal de confianza y lealtad personal.

Pensamos, y estamos convencidos, que la acción del Observatorio, contribuyó y va a seguir haciéndolo de forma muy importante, a que el rumbo que finalmente tome el cumplimiento de la Sentencia Gelman con la acción de la fiscalía especializada a cargo del Dr. Percivalle. Estoy convencido de que no hay fórmulas mágicas, por lo que los resultados y la eficacia del camino que finalmente elegimos recorrer con el Observatorio, contribuyó sustancialmente a estar en la situación en que estamos.

Por esa razón, creímos que no debía pasar desapercibido, este aniversario de una de las tantas herramientas que es imprescindibles que existan, cualquiera sea el color del gobierno que se tenga, para enfrentar las conductas violatorias de los derechos humanos por el Estado.