Después de la Macrisis: La esperanza en Alberto

Enviado especial a Argentina

Cuando alrededor de las 10.40 de la mañana del martes pasado, todos esperaban, como se había dicho, que Daniel Rodríguez, amigo de Alberto Fernández, saliera manejando el coche del presidente electo, rumbo al Congreso, Alberto sorprendió a todo el mundo. “Aquí conduzco yo”, parecía haber dicho y tomó el volante, saludando con su mano izquierda durante todo el camino. Una señal semiótica que no parece haber sido casualidad. Cristina es la vicepresidenta y Alberto el presidente. ¿Entendieron?

Su discurso en el Congreso fue un llamado de unidad a todos los argentinos, recordó la pesada herencia que recibió de Macri, lo que no le impidió saludarlo con afecto, que contrastó con ciertos gestos de Cristina, que pidió otra lapicera que la usada por el mandatario saliente para firmar su juramento y también le hizo señas visibles señalándole que él se iba.

Al terminar su discurso en el Congreso, Alberto se emocionó durante los agradecimientos, en particular, cuando recordó a su madre y a su padre. “Me marcaron con su ejemplo en la senda de la decencia y el esfuerzo”, dijo, lagrimeando. También agradeció a Cristina y destacó la gestión del expresidente Néstor.

A las 13.05, cuando ya se bailaba a ritmo de cumbia en una Plaza de Mayo repleta, como no había estado desde la asunción de Alfonsín, el presidente entrante dijo: “Si me desvío del compromiso asumido, salgan a la calle”.

A diferencia de Macri, Alberto no es rico ni mucho menos. Es creíble, busca consensos y ha transitado su vida de manera pragmática. En su gabinete no hay CEO de empresas ni sindicalistas.

La herencia de Macri

Más allá de otros antecedentes, la herencia que dejó Macri, en cuatro años, es muy pesada.

La inflación es la más alta desde los últimos 28 años, la tasa de desocupación es la más alta desde 2006, se perdieron 150.000 empleos registrados, y la indigencia es la más grave desde 2010, dejó 16 millones de pobres y cuatro de cada seis niños en esa situación. Los observadores hablan de un industricidio cometido por Macri. La producción industrial se sitúa a valores de 2006, al cerrarse 20.000 empresas en los últimos cuatro años.

El plan contra el hambre

Alberto Fernández confirmó que su gobierno intervendrá la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que los fondos dejarán de ser reservados y se redistribuirán para ser utilizados en el plan contra el hambre. “Nuestros compatriotas tomaron créditos para comprar alimentos o remedios y pagar las tarifas públicas. La situación de las pymes es preocupante. Queremos un Estado presente, constructor de justicia social”, dijo.

Alberto definió el plan contra el hambre como la “primera política de Estado del siglo XXI”.

Su eje principal será la creación un Consejo Federal y un Observatorio Nacional. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, será su conductor. Se espera que dure, por lo menos los próximos cinco períodos. El programa se basa en dos grandes ejes. Es una gran convocatoria a un Consejo Federal contra el hambre, integrado por organizaciones sociales y religiosas, empresas, universidades y medios de comunicación para trabajar juntos con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales. En segundo lugar, plantea la creación de un Observatorio Nacional contra el hambre “para monitorear, seguir y evaluar el plan. Será el encargado de hacer el seguimiento y los estudios, como los análisis de peso y talla; y va a seguir lo que se está comiendo hoy en Argentina”, según Arroyo. Además, se encargará de hacer un trabajo de acompañamiento a comedores y merenderos. “Si un chico come mal, aprende mal; y si aprende mal, se reproduce la pobreza”, sintetizó Arroyo.

El Consejo Federal y el Observatorio Nacional serán los encargados de evaluar e implementar el plan que consiste en cinco aspectos principales: Garantizar el acceso a la canasta básica a precios razonables. Entre los mecanismo que se utilizarán están la aplicación de una ley de góndolas, para que todos los productos puedan ser exhibidos. Se reintegrará el IVA a personas que reciben planes sociales. Fortalecer la cadena de producción y comercialización de alimentos para impulsar la economía popular y social, además de generar mecanismos para federalizar los procesos; acompañamiento del Estado para garantizar la calidad nutricional de los alimentos que se consumen. Esto se implementará a través de una tarjeta que identificará los consumos, sobre todo en familias con menores de seis años, y con el trabajo de promotores de salud y trabajadores sociales. Garantizar que el programa sea federal, con participación de las provincias y municipios, para que se acomode a las características de cada lugar del país. Infraestructura básica para que todos tengan acceso al agua potable y otros servicios básicos.

El plan para los primeros 100 días

En octubre pasado, se conoció el documento Aportes de Equipos Técnicos de la Unidad, que el PJ le entregó a Alberto. Incluye diez medidas para los primeros 100 días y otras para el mediano plazo. El documento incluye 18 rubros estratégicos, entre ellos la energía. Argentina es productor de energía. No hay motivo por el que los consumidores deban pagar el mismo valor que se paga en países que no cuentan con recursos. Por ello, los eventuales aumentos del dólar no pueden ser trasladados automáticamente al consumidor. El precio que pagarán los consumidores será fijado nacionalmente, en función de los costos reales de producción y de las necesidades de sus ciudadanos y su desarrollo productivo.

“El Estado asegurará la adecuada prestación de los servicios de gas y electricidad a un costo mínimo para los usuarios y de acuerdo a sus ingresos, que posibilite una rentabilidad justa y razonable a las licenciatarias”, asegura el documento y para ello se analizarán estructura de costos y niveles de ganancia de las empresas, entre otros, y que hasta que se definan estos valores se congelarán la tarifas.

Otro gran cambio respecto a la política de Macri, es que Vaca Muerta debe desenvolverse en función de las necesidades de desarrollo socioeconómico del país, “no del de actores particulares”, y que YPF debe ser el principal actor en este sentido.

Las diez medidas son las siguientes:

1) Se creará la Comisión de Revisión Tarifaria Integral que deberá establecer el costo real de producción y transporte de gas y electricidad en un plazo de 100 días. Esta comisión continuará sus funciones en los próximos años, siguiendo la evolución real de los costos de generación, transmisión y distribución de la energía.

2) Una vez conocida la verdadera ecuación económica de estas empresas, se renegociarán las tarifas de luz y gas, y se desarrollará una política de actualización futura que contemplará: los costos de mantenimiento; el valor de las inversiones realizadas y requeridas; y una tasa de rentabilidad razonable de los operadores. Hasta tanto no esté establecida la estructura de costos, las tarifas permanecerán congeladas.

3) Se establecerá una tarifa social de luz y de gas, orientada a hogares que por diversas situaciones no puedan afrontar el valor regular, a organizaciones barriales y comunales que tengan como finalidad la promoción social, y a pequeños y medianos productores.

4) Se regulará el precio y la disponibilidad de las garrafas de gas.

5) Se revisará el marco regulatorio, se intervendrá el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y se desplazarán las conducciones actuales, que representan exclusivamente los intereses de las empresas operadoras.

6) Se establecerán criterios de calidad de prestación del servicio eléctrico y multas asociadas a la falta de cumplimiento.

7) Se formulará un plan estratégico de desarrollo de Vaca Muerta, que incluirá un plan de infraestructura para la distribución del gas a los distintos puntos del país (generadoras, industrias, usuarios, puertos) y que deberá también detectar y describir las posibilidades de incorporación de tecnología y trabajo argentino.

8) Se impulsará una revisión de la legislación sobre matriz eléctrica para desarrollar una hoja de ruta de transición energética, la cual se ordenará en función de las necesidades nacionales y la capacidad industrial, tecnológica y científica del país, con el objetivo de contar con una política coherente para el desarrollo de largo plazo del sector energético.

9) Se desarrollarán herramientas especiales de financiamiento para proveedores nacionales del sector energético y para el desarrollo de proyectos energéticos con tecnología de empresas de origen nacional.

10) Se creará un observatorio de monitoreo del costo de producción de la energía que deberá establecer y monitorear en el tiempo los costos reales de producción del barril de petróleo crudo y del millón de BTU de gas; este observatorio no podrá estar constituido por funcionarios que se hayan desempeñado en cargos directivos en empresas privadas del sector.

Renegociación de la deuda

Alberto dijo que su gobierno tiene voluntad de cumplir con los compromisos internacionales, pero advirtió: “No hay pago de deuda que se pueda sostener si el país está en crisis. Para poder pagar, hay que crecer primero. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de la capacidad de hacerlo. Queremos resolver el problema, pero necesitamos que las partes trabajan responsablemente”.

La idea es no pedirle más plata al Fondo Monetario Internacional [FMI], que no termine de desembolsar los US$ 11.000 millones que restan del préstamo de 57.000 millones que se aprobó en 2018. Fernández no quiere caer en las condicionalidades y las típicas recetas de ajuste y de reformas estructurales que impone el FMI. Para eso su ministro de Economía es Martín Guzmán, discípulo, en la Universidad de Columbia en Nueva York, del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

No se busca un default, sino una reestructuración de deuda voluntaria en la que los acreedores acepten postergar por dos o tres años el cobro de lo que es el capital, pero también de los intereses de la deuda.

Después de la seguridad social, la deuda es el segundo rubro de gastos del Estado.

El plazo máximo en el que debería concluir la reestructuración es marzo de 2020, pero tal vez se alargue.

La propuesta final deberá estar alineada con la necesidad de recuperar la sustentabilidad de la deuda, es decir que el gobierno pueda enfrentar los futuros pagos. Y ésta sería una condición necesaria para recuperar el crecimiento.

Stiglitz mantuvo en el pasado varios encuentros con la vicepresidente electa, Cristina Kirchner, cuando esta ocupaba la presidencia. El Premio Nobel siempre defendió los enfoques heterodoxos de política económica que se plantearon durante el kirchnerismo y ha sido un histórico crítico de los planes de ajuste que propone el Fondo.

Mientras tanto, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, felicitó al flamante presidente Alberto Fernández por su asunción e indicó que comparte los objetivos de reducir la pobreza y fomentar el crecimiento sostenible.