Diputados del FA presentan recurso de nulidad del contrato con Katoen Natie

Sobre el mediodía de éste ocho de octubre presentaron al Poder Ejecutivo un Recurso de Revocación contra la Resolución del Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, N° 401/2021, del día 25 de febrero de 2021, por la cual “se aprueba el acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y las Compañías KNG a celebrarse entre el Estado uruguayo y las sociedades Seaport Terminals N.V., Katoen Natie N.V.,Seaport Terminals Montevideo S.A. y Nelsury S.A”.

Los legisladores entienden que la resolución de Presidencia carece de vicios formales y constitucionales, la inexistencia de un procedimiento administrativo previo, la errónea e insuficiente motivación, la ausencia de motivos, pero especialmente un vicio de incompetencia en tanto se trata de una acto dictado por el Poder Ejecutivo en una materia reservada exclusivamente a la Ley (la creación de un monopolio en favor de un privado y la creación de una nueva sociedad de economía mixta), lo que es decir, una materia competencia del Poder Legislativo, violando flagrantemente normas constitucionales que distribuyen y atribuyen las competencias entre los Poderes del Estado.

El acto administrativo aprueba un acuerdo que establece un monopolio privado en favor de Katoen Natie, cuando los monopolios privados requieren Ley formal aprobada por ⅔ de cada Cámara, atento al Artículo 85 Nº 17 de la Constitución.

La conferencia

Los diputados Ana Olivera, Cristina Lustemberg, Gustavo Olmos y Daniel Caggiani fueron los encargados de anunciar la medida administrativa.

Caggiani expresó que ahora están a la espera de la respuesta del Poder Ejecutivo y que de no producirse, acudirán en primera instancia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no descartan la posibilidad de presentar un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por su lado el diputado Gustavo Olmos expresó que esta es una medida en defensa del rol de todos los legisladores, que no fueron consultados como señala la ley en un acuerdo de éstas características y que necesita la aprobación de 2/3 de cada Cámara.

Olivera explicó que ahora el Poder Ejecutivo tiene 150 días para responder y si no lo hace se entiende que no revocará el contrato.

Los legisladores ante ese escenario tienen 60 días para presentar el recurso ante el TCA, quién tiene un año calendario para expedirse.

En tanto, se inició la denuncia penal presentada por los senadores frenteamplistas y tanto la denuncia judicial como el recurso de revocación no tienen efectos sobre el funcionamiento de la empresa portuaria.