EEUU, Colombia y Guaidó: los vínculos del tráfico de armas para derrocar a Maduro

El lunes 23 de marzo en Puebloviejo, lugar de paso entre las ciudades de Barranquilla y Santa Marta, en el caribe colombiano, un puesto de control rutinario hacía la señal de alto a un vehículo Duster blanco que transitaba hacia el norte y era conducido por Jorge Alberto Molinares Duque. Al hacer el registro del vehículo se encontró que llevaba abundante material militar, por lo que el conductor fue detenido inmediatamente y procesado por el delito de fabricación, porte y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Molinares afirmó que no conocía cuál era el contenido de las cajas que transportaba, también señaló que la carga le fue entregada por la señora Yasid Álvarez en Barranquilla, y que debía ser entregada en Riohacha, capital del departamento de La Guajira, al norte de Colombia, a una persona de quien sólo sabe que tiene el apodo de Pantera.

Dentro del material incautado hay 26 fusiles de asalto AR15 calibre 556, de fabricación estadounidense, sin marca ni número de serie; 28 visores nocturnos de dos ojos AN/PSV7B, 9 visores nocturnos de un solo ojo sin marca AN/PSV14; 24 miras para fusil marca Sparg; miras de láser de un punto marca Sightmark; 14 designadores laséricos marca Steiner y 7 marca Sniper; 15 cascos tácticos HEDS, 3 chalecos antibalas Crye Precision, 2 radios Motorola y otros elementos.

De acuerdo con el tipo y cantidad de armamento incautado, este estaba, casi con seguridad, destinado a una operación de asalto nocturno, de una unidad pequeña que debía desarrollar una acción corta, posiblemente una emboscada, hostigamiento o extracción de algún objetivo de un lugar con mediana seguridad.

Las primeras investigaciones empezaron a dirigirse rápidamente hacia Clíver Alcalá, antiguo militar venezolano que llevaba viviendo tres años en Barranquilla y que en diferentes oportunidades se ha manifestado contrario al gobierno de Nicolás Maduro y reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

La recompensa

Alcalá fue mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muy cercano a Hugo Chávez desde 1992; luego de la muerte de este en 2013, se distanció del gobierno de Nicolás Maduro, pasó a ser parte de la oposición y se radicó en la ciudad de Barranquilla desde 2016, convirtiéndose en uno de los referentes más vehementes de la oposición desde Colombia.

Tres días después de la incautación del material de guerra en Colombia y cuando los primeros indicios ya apuntaban a Clíver Alcalá, Mike Pompeo hace el anuncio de la recompensa ofrecida por el gobierno estadounidense por Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y otros funcionarios del gobierno venezolano acusados por el fiscal general de EEUU, William Barr, de ser los líderes de un cartel llamado el Clan de los Soles, quienes junto con los colombianos Jesús Santrich e Iván Márquez, quienes regresaron a las armas luego de separarse del acuerdo de paz firmado en 2016, habrían traficado más de 200 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

Una de las cosas extrañas en la decisión de Estados Unidos de ofrecer recompensas por funcionarios venezolanos es que se incluye en la lista justamente a Clíver Alcalá, quien en ese mismo momento estaba siendo señalado por los detenidos en Barranquilla de ser el responsable del envío de las armas hacia la frontera con Venezuela. Pero es más extraño el requerimiento  cuando el mismo Alcalá ha afirmado en varias ocasiones haberse reunido con agentes norteamericanos en Colombia con el fin de planificar acciones para el derrocamiento de Maduro, con lo que se puede concluir que el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto de que Alcalá lleva varios años por fuera del gobierno venezolano.

Días después del comunicado de Estados Unidos, la emisora La W, de Colombia llama a Alcalá, quien afirma que le parece extraño que se le requiera como parte del gobierno venezolano, pues Estados Unidos está al tanto de sus actividades, incluso de que las armas incautadas en el caribe colombiano son producto de un contrato firmado por asesores norteamericanos con Juan Guaidó con el fin de proveer armas “para la liberación del pueblo venezolano”.

Las armas de Guaidó

En este marco, Alcalá grabó un video desde su casa, en el que afirmó que las armas le pertenecen “al pueblo venezolano” y que hacen parte de un contrato firmado desde hacía varios meses con “asesores norteamericanos” para la conformación de una unidad militar llamada “libertad para Venezuela”, unidad que se encargaría de desarrollar acciones armadas en ese país caribeño con el fin de “levantarlo desde sus cenizas”.

En el video, que ha sido ampliamente difundido, Alcalá afirma en varias ocasiones que lo que ocurre hace parte de un plan que se está desarrollando, por medio de un contrato firmado por Juan Guaidó, el diputado Sergio Vergara y el asesor J.J. Rendón. De igual manera afirma que este es un plan que estaba en conocimiento de varios miembros de la oposición desde hace tiempo; dentro de los nombres que mencionó Alcalá en su video, figuran Iván Simonovis, quien fue detenido y condenado por los hechos de violencia del Puente Llaguno en 2002 y que tras fugarse de arresto domiciliario, reside en Estados Unidos; mencionó también a Leopoldo López, quien se encuentra en la Embajada de España en Venezuela, luego de haberse fugado también de arresto domiciliario para acompañar a Guaidó en una acción que fracasó a mediados de 2019.

Las afirmaciones de Alcalá tienen unas implicaciones profundas en la institucionalidad venezolana debido a que Juan Guaidó, a nivel de los medios internacionales ha sido presentado como el presidente interino de Venezuela, hecho que fue reconocido inicialmente por varios países, pero que con el tiempo se ha debilitado por fuera de la esfera del grupo de Lima y principalmente de países como Colombia, Chile, Bolivia y Brasil. Pero, dentro de Venezuela, Juan Guaidó es un ciudadano que reside dentro de su territorio, además de ser un diputado elegido en la Asamblea Nacional.

Ningún país en el mundo en conocimiento de información que señale a uno de sus ciudadanos de comprar armamento, que sería usado en la conformación de un grupo armado para atentar contra las instituciones vigentes, puede quedarse de brazos cruzados. Es esta la razón por la que Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, publicó un video el 31 de marzo, en el que dio a conocer el requerimiento para el jueves 2 de abril, con el fin de que Juan Guaidó presente su declaración por el posible magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de gobierno.

Las acciones

Las armas incautadas en Barranquilla iban con destino a La Guajira; es importante recordar que ese es el punto que históricamente ha sido el epicentro del contrabando entre Colombia y Venezuela. Maicao, en la frontera, fue durante años el lugar por donde pasaba toda la mercancía que inundó Colombia con productos sin impuestos traídos de Venezuela. Es un punto alejado y con una débil y corrupta vigilancia, lo que seguramente permitiría que el cargamento con las armas pasara sin mayor dificultad hacia el interior de Venezuela, donde, según el mismo Alcalá, está pronto un contingente de 90 mercenarios que han sido entrenados también en Colombia.

Por otra parte, el 5 de marzo en el aeropuerto nacional de Valencia, en Venezuela, fue incautado por la Guardia Nacional Bolivariana un cargamento de elementos bélicos compuesto por cartuchos para fusil, cargadores, culatines y guardamanos para AK47. Este cargamento venía de Bogotá, por lo que en ese momento las declaraciones del gobierno venezolano insistieron en que desde ese país se ha venido orquestando un plan de desestabilización de la institucionalidad venezolana.

Es importante señalar que en el documento escrito por Craig Faller, jefe del Comando Sur, se menciona la conformación de grupos armados que puedan generar acciones que fomenten el caos en Venezuela, tomando como trampolín la frontera con Colombia, que a su vez serviría como retaguardia estratégica para estos grupos armados. Por esto, las denuncias hechas desde el palacio de Miraflores no deben ser tomadas a la ligera, ya que los hechos están demostrando que no están lejos de la realidad.

Rendón, el asesor externo que también anduvo por Uruguay 

No deja de llamar la atención que el contrato firmado por la oposición venezolana con un grupo de “asesores norteamericanos” tiene tres firmas, como se ha planteado: una es la de Juan Guaidó, la segunda es la de Sergio Vergara y la tercera es la de J.J. Rendón, quien ha sido una de las figuras más prominentes de la ultraderecha venezolana a nivel internacional; su conocimiento específico está orientado a estrategias de mercadeo y publicidad política.

Sus más conocidas acciones como publicista se realizaron en Colombia durante las campañas presidenciales desarrolladas para la sucesión de Álvaro Uribe en la presidencia desde 2008. Su táctica consistió no en publicitar las propuestas del candidato para quien trabajaba, sino en generar rumores y noticias falsas para desacreditar a sus competidores, pero no emitiendo información de manera aleatoria, sino diseñando complejas campañas que buscaban aprovecharse de los temores de la población sobre determinados temas para hacer uso de eso en detrimento de la imagen de sus víctimas.

Es a J.J. Rendón a quien se le debe la rápida propagación de la idea de que cualquier propuesta electoral alternativa en cualquier país terminaría convirtiendo a ese país en una segunda Venezuela. Rendón participó activamente en 2015 en la campaña que pretendía evitar que Evo Morales fuese avalado para su reelección por medio de un plebiscito. En esa ocasión se generó el fuerte rumor de que Evo Morales tenía un hijo no reconocido y que, para mantener callada a la madre de ese hijo, se le daban generosas prebendas por parte del gobierno. Esta campaña fracturó la imagen de Evo Morales e hizo que gran parte de su base dejara de creer en él. Morales perdió el plebiscito y, aunque la mujer finalmente confesó que lo que dijo no era verdad, el daño estaba hecho. Ese fue el origen del golpe de Estado en Bolivia en octubre del año anterior.

Como este ejemplo hay varios. Rendón ha participado en Campañas sucias en Bolivia, Colombia, México, Perú y otros lugares, lo que ha hecho que se le conozca como “el rey del rumor y la propaganda negra”, lo que no solo no parece molestarle, sino que le enorgullece, como lo ha hecho saber en una de las entrevistas que el derechista Jaime Bayly le ha realizado en Perú.

También por Uruguay supo andar J.J. Rendón. Según varias denuncias, su nombre estaba atrás de la campaña para aquellas elecciones del empresario Juan Sartori, quien de ser un desconocido pasó a convertirse en un personaje dentro del Partido Nacional, desplazando a Jorge Larrañaga a un tercer lugar y convirtiéndose en senador en las elecciones nacionales. Rendón apareció por aquellos días como asesor externo de la campaña de Juan Sartori, una figura que siempre usa para no generar vínculos directos con nadie y poder zafar sin mayores problemas por las consecuencias que traigan sus campañas. No hay que olvidar que el competidor directo de Sartori en las internas era el ahora presidente Lacalle. Por esos días aparecieron una serie de publicaciones que atacaban a Lacalle y que nada de raro tiene que hubiesen salido de una campaña ideada por este asesor.

Los rumores en esa campaña tenían un doble efecto beneficioso para Sartori; por un lado, dinamitaban la imagen de Lacalle, mientras que por otro ponían como principal sospechoso de generar dichos rumores al Frente Amplio, con lo que desgastaba a su rival de primera mano mientras iba preparando la batalla en la primera ronda de las elecciones en caso de ganarle a Lacalle.

El nombre de Rendón no era muy conocido en Uruguay y pasó casi desapercibido en la campaña de Sartori, sin embargo, la ingenuidad en política no existe, la campaña del joven competidor de Lacalle requería jugársela toda para entrar en el espectro electoral y lo hizo con Rendón. Ahora ese mismo asesor aparece estampando su firma en un contrato para comprar fusiles de asalto y conformar comandos de mercenarios para matar personas en Venezuela. No estaría de más saber qué opina Sartori sobre su asesor.