Un total de 390 personas fueron imputadas por agravio a la autoridad o resistencia al arresto desde que se puso en práctica la Ley de Urgente Consideración.
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El dato surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por La Diaria. Desde el 9 de julio de 2020 hasta el 16 de setiembre, del total de las formalizaciones registradas, 126 fueron por resistencia al arresto y 264 por agravio a la autoridad policial.
Los departamentos de Salto, Soriano, Artigas y Flores son los que más han aplicado la figura y los departamentos de Rivera, Treinta y Tres, Montevideo y Florida los que menos lo hicieron, en relación a su población.
El artículo 11 de la LUC crea la figura de agravio a la autoridad policial, para quien “obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas”, y prevé penas de tres a 18 meses de prisión.
El artículo aclara que “no serán castigados el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta ante la acción policial”, y establece como circunstancias agravantes que el agravio sea cometido por tres o más personas, sea contra varios funcionarios o se haga “en las inmediaciones” de la sede donde el funcionario presta servicio habitualmente o de su domicilio. Como atenuantes, señala la “retractación del ofensor, aceptada por el funcionario en cuestión, manifestada y asentada en audiencia”.