El avance del trabajo por aplicaciones

El complejo camino de enfrentar la desregulación laboral

Las transformaciones que ha traído el ingreso de la tecnología de las aplicaciones en el mundo del trabajo, en particular en el sector del comercio y el reparto, han promovido el intento de reglamentar esta actividad. No obstante, los cambios en el país ponen en duda este objetivo.

Por Pablo Silva Galván

El mundo del trabajo está hoy cruzado por una polémica que enfrenta a los partidarios de una desregulación lo más amplia posible y los que sostienen la necesidad de controles y protección social del trabajador. La irrupción de nuevas tecnologías en esta área puso en el orden del día el trabajo para aplicaciones, administradas por empresas que muchas veces no se encuentran en el país. Quienes trabajan para empresas de aplicaciones no cuentan con cobertura social y de salud, muchas veces deben hacerse cargo de sus vehículos y su mantenimiento, de posibles multas y del pago de los servicios de salud. No están formalmente empleados y cobran según pedido entregado o pasajeros transportados. El caso más notorio es Uber y los delivery.

Para poner un poco de orden en este universo caótico, el gobierno de Tabaré Vázquez presentó un proyecto de ley al Parlamento tendiente a regular la actividad de los repartidores en moto y bicicleta que trabajan para estas empresas de aplicaciones.

Sostienen los defensores del sistema que los trabajadores son autónomos o por cuenta propia, lo que les da libertad. No obstante, por esta misma situación se encuentran expuestos a todo tipo de riesgos sin ningún tipo de cobertura. Todo corre por cuenta de ellos. Es decir que la empresa traslada a sus empleados sus propias responsabilidades en una forma que ha recibido el nombre de autoexplotación por parte de quienes estudian el fenómeno.

Por esta razón el proyecto entiende que “resulta imprescindible que cuentan con cobertura del Seguro Nacional de Salud, así como seguro contra accidentes o enfermedades profesionales, no resultando aplicable para esta realidad la figura del monotributo”.

Andrés Palermo, dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) y del sindicato que agrupa a los trabajadores de este rubro, dijo a Caras y Caretas que el gremio respalda el proyecto, aunque no tiene confianza en que prospere, vista la nueva realidad del país.

“El proyecto implica es que estas personas contratadas por las aplicaciones sean empleados dependientes. Se trata de eliminar la desventaja de los trabajadores frente a las aplicaciones. Como sindicato, estamos de acuerdo con eso”, subrayó.

“Entendemos que todos estos trabajadores son dependientes de las aplicaciones y necesitan cobertura”, sentenció.

Recordó que se establece la obligatoriedad de que estas empresas radiquen en el país. “Lo que dice el proyecto es que no les permita trabajar hasta que no se establezcan en el país. Para que la empresa pueda contratar gente, tiene que estar radicada en el país”, agregó.

No obstante señaló que el sindicato no confía en que la iniciativa tenga “la misma viabilidad que cuando se presentó con el gobierno anterior”.

Desde la Academia hay una visión poco optimista respecto a la reglamentación de estas empresas. Para Silvia Lema, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), “la posibilidad de reglamentar siempre existe”, aunque “es limitada”.

Lema, quien también es secretaria de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), dijo a Caras y Caretas que “la pregunta central en estos casos es qué tipo de garantías establece para los trabajadores y si avanza en derechos”.

Recordó que hay un avance del capital sobre el trabajo que se expresa, entre otras cosas, en la desregulación laboral. Estas iniciativas procuran disminuir los costos de los empresarios, aumentando sus ganancias y desplazando estos costos hacia los trabajadores. Incluso “se vuelve hacia formas arcaicas de trabajo, como son las labores por cuenta propia”.

En este rubro entran quienes trabajan para las aplicaciones, que son considerados trabajadores autónomos. Carecen de protección y deben hacerse cargo de todo, desde los seguros a los medios de trabajo. El caso de Uber es uno de los más paradigmáticos.

Señaló que se había instalado la necesidad de regular el mundo del trabajo, sin embargo, con los cambios procesados en el país, a su juicio, “no habrá muchas posibilidades” de avanzar en ese sentido.

No obstante, en algunos lados se ha logrado formalizar a los trabajadores, como es el caso de Pedidos Ya, donde, según Palermo, “hay unos 200 compañeros que son empleados de la empresa, cobran por hora y además un incentivo por pedido”.

Precisó que en este rubro hay tres modalidades de contratación: el contrato directo -comprende a quienes están en mejores condiciones, mejor pagados, tienen uniforme y beneficios-; cadeterías, que si bien ganan un poco menos son empleados de una empresa que le da servicio a otra. Los que están en peores condiciones son los que trabajan para las aplicaciones que cobran solo si les llegan pedidos.

 

Un sector fluctuante

Por otra parte, Palermo indicó que el sector de las aplicaciones y entregas a domicilio es “muy fluctuante, hay mucha gente que va y viene”. No obstante, “mantenemos unos 400 compañeros organizados en el sindicato. Incluso “se ha creado un subgrupo para los Consejos de Salarios para este sector. La idea es que al haber un consejo ya armado, se va a afiliar más gente”.

Los trabajadores del sector comenzarán a negociar un convenio colectivo en junio. Recordó que hasta el momento estos integran “un grupo residual que incluye mensajería y cadetería y hay algunas cosas que no aplican para la tarea que nosotros desarrollamos”. Por esta razón es que se ha creado el subgrupo especial.

 

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