El debate político de los precios

Doña Norma ingresa al almacén arrastrando los pies que cargan sus 70 años y la pobreza que se viene profundizando en su hogar; Jessica, del otro lado del mostrador, ha prestado oídos a la situación de Norma y conoce que, como muchos vecinos, el hijo de ella ha quedado desempleado.

Han acordado el fiado sobre algunos productos como huevos, leche, fideos y, aunque Jessica se lo ha ofrecido, desde una humilde dignidad que refleja en su triste mirada, Norma cuenta monedita por monedita para pagar los 250 gramos de yerba que ha pedido. Son los que están al borde de acudir a la olla popular.

“El fiado es algo que en estos últimos años ha ido aumentando, ya que difícilmente las personas llegan con su sueldo a fin de mes, a eso le sumamos la cantidad de personas que han perdido el empleo y trabajan por su cuenta, vendiendo artículos de segunda, ya sea en ferias, como mujeres que realizan ‘vivos’ de vestimenta (cada vez más)”, nos cuenta Jessica.

En cuanto al fraccionamiento, nos dice que “hay aumento de los artículos fraccionados: azúcar, lentejas, e incluso han pedido sal y aceite. También lo que es leche en polvo en sobre individual, que viene como los saquitos de café. (Me hace recordar a mi infancia, cuando se compraba todo fraccionado, envuelto en papel de estraza). La mayoría de los clientes abonan con tarjetas, ya sean débito o crédito, e incluso los fiados muchos de los clientes los abonan con tarjeta”.

Jessica tiene el almacén como un negocio familiar y es de los tantos almacenes barriales que sobreviven en la periferia de la ciudad.

“¿Bajaron las ventas?” “Bastante sí, se nota muchísimo la necesidad en las personas, el contar muchas veces las monedas y llevar lo justo. Por eso muchas veces, cuando leo por ahí que todas las personas que cuentan con un plan social o canasta alimenticia son ‘mantenidos por el estado, pichis, vagos, etc.’, me duele, porque ningún ser humano vive con $ 1.200 en un mes, esos $ 1.200 los gastás en un día, como mucho dos. Y hay tanta, tanta gente que realmente se ha visto afectada, con toda la crisis de pandemia ahora con la guerra, el próximo año vaya a saber qué más.

La gente apenas llega para el consumo alimenticio, porque es impresionante lo que sube constantemente todo”.

Fraccionamiento

La posibilidad de vender productos fraccionados empezó a ser un reclamo de Cambadu (Centro de almaceneros, minorista, baristas y afines del Uruguay) ante una realidad denunciada por sus socios; cada día más clientes podían acceder a productos si eran vendidos en menores cantidades.

El mayor problema es garantizar las medidas sanitarias desde el punto de vista bromatológico y que el precio del fraccionado no genere especulaciones.

La Intendencia de Canelones fue la primera en recoger el guante y poner en marcha la propuesta.

La disposición que regirá por 180 días establece que el fraccionamiento debe realizarse delante del consumidor final, es decir frente al cliente al momento de comprar y con aquellos productos poco perecederos, habilitados por la dirección de contralor de la comuna.

La Intendencia de Montevideo está estudiando tomar una resolución parecida y seguramente algunas intendencias del interior del país adopten la medida, siempre pensando en los pequeños comercios minoristas.

Acuerdos políticos

19 alimentos podrían tener una baja del IVA si el Senado ratifica la minuta de comunicación aprobada por unanimidad de los cuatro partidos políticos (Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto) en la Comisión de Hacienda del Senado.

La propuesta presentada por el senador Manini Ríos toma como antecedente la exoneración del IVA por un mes al corte de asado y propone hacerlo por seis meses a las harinas, fideos, azúcar, arroz, aceite, sal, polenta, pulpa de tomate, porotos, lentejas, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, carne vacuna (picada,paleta, osobuco, falda), pollo, carne de cerdo, pan flauta y galleta de campaña.

A su vez promueve acuerdos con la cadena de distribución y comercialización de esos productos para reducir los márgenes de ganancia y buscar mecanismos para evitar la escalada de precios, como la liberación de importación, incentivos a pequeños y medianos comercios para compensar la reducción del margen de ganancia y tarifas públicas diferenciales para las pymes que adhieran a estas medidas.

La comisión esta integrada por Sergio Botana (presidente), Raúl Batlle, Danilo Astori, Alejandro Sánchez, Mario Bergara, Jorge Gandini, Guido Manini Ríos, Silvia Nane y Amín Niffouri.

Sin embargo, la propuesta puede naufragar en la sesión de Senado, en la que legisladores del partido de gobierno han comentado públicamente su disconformidad con la misma; el senador Botana ha manifestado a la prensa: “Ese tipo de soluciones no me gusta. Esos acuerdos de precios terminan en desabastecimiento, en otro tipo de distorsiones, o en falta de control o pérdida de calidad de los productos que se ofrecen”, analizó, y propuso que, en cambio, una verdadera solución puede ser “habilitar la importación de productos, terminando con las exclusividades y con algunos excesos de regulación de nuestros organismos públicos, que encarecen la producción que ingresa”.

Otro senador que se plantó en contra de la medida es el nacionalista Sebastián Da Silva, que dijo que tiene sus propias medidas “antiinflacionarias”, como la suspensión de la mezcla de biodiésel.

El senador frenteamplista Sebastián Sabini consideró que “la cuestión de fondo es que las medidas que ha tomado el gobierno [hasta ahora] son marginales e insuficientes” y que “no han tenido un impacto en el bolsillo de la gente ni en los ingresos, por varias razones: no solo porque eran pocos productos, sino porque el mecanismo de contralor o de asegurar que esa rebaja realmente llegara a las familias es muy defectuoso”. Sabini hizo alusión a la exoneración de IVA del pan, las pastas y los fideos que se aprobó la semana pasada.

El senador Mario Bergara, que integra la Comisión de Hacienda expresó: “Nos parece muy insuficiente, un saludo a la bandera”. El legislador frenteamplista informó que los otros partidos que integran la Comisión de Hacienda apoyaron el planteo del Frente Amplio, que esta reducción del IVA pueda canalizarse a través del pago de medios electrónicos. “La experiencia del asado de tira muestra que, si no se hace de esa manera, el beneficio y renuncia fiscal del Estado no necesariamente llega al consumidor, a las familias, que son las destinatarias de estas medidas”, explicó.

Agregó que “esto garantiza que la renuncia fiscal que hace el Estado por la rebaja del IVA efectivamente llegue al usuario, a las familias” y enfatizó en que estas medidas deberían complementarse con aumentos salariales mayores, transitorios, que les permitan a algunos sectores más sumergidos recuperar algo del salario perdido en los últimos dos años.

Descolorados

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, y el de Ganadería, Fernando Mattos, ambos del sector Ciudadanos del Partido Colorado, entregaron a Lacalle Pou en su despacho un documento con ocho propuestas que incluyen reducción del IVA a productos básicos, recuperación salarial en Consejo de Salarios, aumento de las asignaciones sociales, un bono excepcional para jubilaciones sumergidas y la sugerencia de llevar adelante un acuerdo voluntario entre los principales fijadores de precios del mercado, entre otras propuestas.
“Hay ingresos que se van a dejar de percibir y gastos que hay que asumir, pero creemos que las cuentas nacionales hoy lo permiten porque hemos tenido una gestión muy ordenada de los números”, dijo Peña en rueda de prensa, al salir de la reunión.

Ciudadanos viene hace tiempo trabajando en las propuestas; el ministro Fernando Mattos, ante la guerra de Rusia con Ucrania en febrero, comentó a Peña y a su sector político que un primer efecto internacional importante se vería en el precio de los alimentos, y que lo mejor era ir pensando en cómo compensar el daño.

Sin embargo, desde el sector Batllistas de Julio María Sanguinetti dijeron sentirse desconcertados y molestos por esta medida de ciudadanos.

Algunas de esas sugerencias al gobierno se venían manejando en el Comité Ejecutivo Nacional del partido (CEN). El asunto se trató en algunas sesiones de marzo e incluso en una de ellas habían participado Mattos y el subsecretario de Industria, Walter Verri. Las molestias en algunos dirigentes colorados es tal que algunos han expresado que esto es una movida del ministro Adrián Peña para marcar perfil.

Carnaval demagógico

“Carnaval de demagogia en Semana Santa. Esperemos que el Poder Ejecutivo haga oídos sordos”, expresó desde su cuenta de Twitter el asesor de campaña del Partido de la Gente y exintegrante del gobierno de Luis Alberto Lacalle, Javier de Haedo, refiriéndose a la propuesta de Cabildo Abierto y de Ciudadanos del Partido Colorado. En el informe sobre coyuntura económica que publica en el Monitor de Coyuntura de la Universidad Católica sostiene que “La inflación se acelera con firmeza y se aleja, una vez más y como tantas veces antes, de las metas oficiales. Sin embargo, si se excluyen los rubros más volátiles, que representan aproximadamente un quinto de la canasta del IPC, la aceleración es menos pronunciada. En este contexto, también suben las expectativas que son relevadas mensualmente por el BCU entre economistas e instituciones del sector privado”.

Cambadu en alerta

El centro que nuclea a pequeños y medianos comercios a través de su página y ante el debate político por el aumento de los precios, se posiciona en su editorial ante el tema y plantea: “Desde mediados de marzo escuchamos a muchas personas hablar del tema, con opiniones de todo tipo y color, sobre las “medidas para contener los precios de la canasta básica de alimentos. Y la verdad es que no escuché a nadie hablar sobre la formación de precios en el sistema alimentario, y sobre el rol de los minoristas. Y eso es lo que hay que explicar a la gente, el cómo se forman los precios que llegan a los consumidores, y cuáles son las limitaciones que tienen los minoristas a la hora de fijar precios.

El editorial firmado por el presidente de la institución, Daniel Fernández, explica que “lo primero que hay que mencionar es que el sistema alimentario (o la cadena de abastecimiento de alimentos) es largo. Se debe decir que existen los precios de los alimentos, cómo se forman y el rol de los minoristas, muchos intermediarios entre que el alimento se fabrica o importa hasta que llega a manos del consumidor. Por tanto, como es de esperar en un sistema que para funcionar correctamente necesita de varios intermediarios, el precio se multiplica cuando llega al consumidor. Es un tema de consumo masivo, lo que se fabrique o se importe debe llegar a todos los minoristas de cada rincón del país, y para eso primero debe pasar por una gran red de distribuidores y mayoristas”.

Aunque no se refiere directamente a la propuesta aprobada en la comisión de hacienda y por la semana de turismo su editorial termina afirmando que «en el sector minorista no existen rentabilidades asombrosas producto de márgenes exorbitantes, la realidad es que se lucha por ser sustentables. Es así que los precios se fijan con precaución, cubriendo los cada vez más pesados costos fijos, intentando dejar un margen aceptable, y además cuidando no perder clientes. Lo más preciado que tenemos son los clientes fieles, es nuestra razón de ser, y lo que sostiene los comercios abiertos, por tanto, no vamos a fijar precios que atenten contra ellos. Es importante entender el negocio de cada actor del sistema, y entender cómo se forman los precios, porque de otra forma se pueden generar prejuicios maliciosos, y así asignar culpas o responsabilidades injustas”.

Cambadu también expresa que desde hace años viene planteando proyectos de ley que permitan la defensa de los pequeños comerciantes ante el avance de las multinacionales de cadenas de supermercados, que adoptan el sistema de almacenes o centros de cercanías, pero que no ha logrado que ningún proyecto sea votado.

“Para muchos pequeños comerciantes -dijo Daniel Fernández, presidente de Cambadu, a Caras y Caretas – la presencia de un centro de cercanía implica una baja importante de la caja que hace al final del día”.

En el proyecto de ley mencionado, Cambadu analiza entre otros puntos que “no obstante en los últimos tiempos se ha notado una vuelta del público a los pequeños y medianos negocios. Y conjuntamente con este fenómeno, las grandes cadenas de supermercados han comenzado a establecer comercios medianos en cuanto a las superficies (en algunos casos no llegan a los 200 metros cuadrados), pero se han multiplicado en diversas zonas, manteniéndose sin perjuicio los grandes supermercados originales. Esta nueva modalidad se ha traducido en los hechos en la existencia de grupos económicos u organizaciones comerciales que bajo distintas formas, ya sea, la misma razón social o nombre de fantasía, franquicias, colores o símbolos, se sitúan en una posición dominante del mercado. En efecto se trata de grandes organizaciones que en virtud de su gran poder económico, y la multiplicidad de locales de venta, adquieren una posición que les permite imponer precios de compra y venta, y condiciones a los proveedores al momento de negociar los productos. Todos estos elementos les están dando a estos grupos una preeminencia sobre todo en el mercado de los productos alimenticios, que debe ser controlada por el Estado de acuerdo a lo establecido en el art. 50 de la Constitución”.

En ese sentido la propuesta del Centro de Almaceneros es una reforma a la Ley 17.657, agregando un inciso al art. 1 en los siguientes términos: “Ninguna persona física o jurídica, conjunto económico o grupo de sociedades o empresas, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, podrá ser titular de más de 20 establecimientos comerciales destinados a la venta de artículos alimenticios, higiene personal y de uso doméstico por departamento y 50 en total a nivel nacional. Aun teniendo menos de 20 locales deberá pasar por la comisión de promoción y defensa de la competencia si en su conjunto los locales ocupan más de 4.000 metros cuadrados de atención al público”.

Hasta el momento, el Parlamento no le ha querido poner el cascabel al gato.