En primer lugar, porque incorpora el hábitat como parte del Plan Quinquenal de Vivienda, convirtiéndose así en el primer plan que integra de manera explícita ambas dimensiones: vivienda y hábitat. Esto responde a la convicción de que los principales desafíos en materia de acceso y permanencia en la vivienda no pueden abordarse sin considerar su localización, el territorio en el que se inserta, las particularidades de cada localidad y la forma en que se articula con la sociedad que habita ese espacio.
Otro aspecto relevante es que, por primera vez en diez años, se reunió de forma conjunta la Comisión Asesora de Vivienda y la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial, tanto en la zona metropolitana y en Montevideo como en el interior del país. En ese proceso participaron más de 50 organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, empresarios, instituciones académicas y la Universidad, que presentaron más de 180 propuestas.
Todas estas iniciativas se articularon con el programa de gobierno elegido por la ciudadanía y con las prioridades establecidas en el primer Consejo de Ministros, lo que dio forma a este Plan Quinquenal.
Entonces ahí ya hay una construcción distinta con la incorporación del territorio y con la construcción participativa.
Lejos de adoptar una mirada refundacional, se realizó un balance y una evaluación de las políticas aplicadas por los gobiernos anteriores, con el objetivo de transformar aquellas iniciativas que tenían un propósito valioso o una búsqueda interesante, pero que requerían ajustes normativos o reglamentarios.
Un ejemplo de ello es el Plan Entre Todos, que reconocemos como una propuesta positiva, aunque con aspectos que necesitaban ser revisados. Otro caso es el del subsidio de alquiler, una herramienta que decidimos valorar y fortalecer.
El desafío está de nuestro lado: lograr que estos casi 15 mil millones de pesos se ejecuten y rindan de la mejor manera posible, de modo que quede en evidencia que este es el camino correcto El desafío está de nuestro lado: lograr que estos casi 15 mil millones de pesos se ejecuten y rindan de la mejor manera posible, de modo que quede en evidencia que este es el camino correcto
En lo que respecta a los pasivos, en lugar de concentrar los recursos en la construcción de edificios específicos —como lo hacían tradicionalmente el Ministerio y el BPS—, optamos por una estrategia más eficiente: permitir que los jubilados puedan alquilar viviendas en sus propios barrios, cerca de sus familias y de los lugares donde desarrollaron su vida. De este modo, se optimizan los recursos y se brinda una solución más cercana a las necesidades reales de las personas.
En ese sentido, también se vuelve necesario un subsidio parcial. Porque uno de los grandes desafíos es dejar de concebir la vivienda como un simple “cuento de casas construidas”, como ocurría antes, y empezar a comprender su carácter complejo y multidimensional. Esto implica apostar a la construcción cuando sea necesario, así como al acceso a la propiedad, pero sobre todo garantizar soluciones habitacionales que permitan la permanencia en la vivienda que hoy las familias pueden tener.
Si miramos la experiencia de los últimos veinticinco o treinta años, vemos que en todos los gobiernos, en mayor o menor medida, se relocalizaron cientos de asentamientos. Sin embargo, el número total de asentamientos se mantiene prácticamente igual. Eso demuestra que hemos estado echando baldes y baldes de agua en una canilla que nunca logramos cerrar.
Podemos hacer enormes esfuerzos en relocalizar, mejorar barrios y fortalecer el stock de viviendas donde la gente ya vive, pero si no detenemos el flujo constante de nuevas generaciones hacia los cinturones de pobreza y los asentamientos, difícilmente lograremos un cambio real. Y para ello es fundamental incorporar una mirada centrada en la permanencia de las personas en los lugares donde viven o pueden vivir, fortaleciendo así la estabilidad de sus comunidades.
Un ejemplo de este enfoque es la incorporación del subsidio parcial de alquiler. La pregunta clave es: ¿cuánto le falta a una familia para poder sostenerse en una vivienda digna? Muchas veces no se trata de que deba mudarse a un asentamiento para que el Estado le construya una casa. A veces, mientras permanece en su hogar, le faltan dos o tres mil pesos al mes; y esa diferencia puede ser la que marque el límite entre comer o no comer, o entre mantenerse en su vivienda o caer en un asentamiento.
De ahí la importancia de abordar la problemática habitacional de manera integral, no reduciéndola al “cuento de casas construidas”, sino mediante una batería de herramientas más amplia y efectiva.
En este marco, existen dos objetivos públicos claramente definidos. Por un lado, la emergencia habitacional, que se manifiesta sobre todo en los territorios con asentamientos. Por otro, un sector muchas veces relegado: la clase media y los sectores medios bajos. Para ellos se han diseñado distintas políticas bajo la estrategia de la primera vivienda, orientada a facilitar el acceso al primer hogar donde construir un proyecto de vida.
¿Cómo vamos a implementarlo? A través de diversas herramientas: el alquiler social, el subsidio parcial de alquiler, y los préstamos del Banco Hipotecario, que está trabajando para alcanzar un financiamiento del 95 % del capital, de modo que el ahorro previo requerido sea mínimo.
También avanzaremos con el Plan Entre Todos, mediante el subsidio para la compra de vivienda nueva y el subsidio a la demanda. Esto significa que no se subsidiará al capital, sino directamente a las familias, ayudándolas a cubrir parte de la cuota de su vivienda.
Además, se implementarán subsidios para la compra de vivienda usada. Este año, el Ministerio ya adquirió 350 viviendas en el interior del país bajo esta modalidad, ajustándose al presupuesto disponible. A partir del 1° de enero, este programa se ampliará significativamente.
Esos son los dos, diría yo, ejes principales de públicos objetivos, la emergencia habitacional y los sectores medios y medios bajos, en cuanto a la búsqueda de diferentes herramientas para colaborar con el acceso y la permanencia. Luego hay una circunstancia que tiene que ver con el ordenamiento territorial, que es fundamental, que lo importante es poder planificar ese ordenamiento territorial, porque es lo que termina definiendo qué pasa y lo que no pasa en las ciudades y en los países.
Otro lineamiento imprescindible es la profesionalización de la gestión. Siempre es necesario recordar que ninguna política pública puede ser buena ni efectiva si la ciudadanía no sabe que existe. Por eso estamos trabajando para que el Ministerio de Vivienda, el Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Vivienda y MEVIR se fortalezcan como parte de un verdadero sistema público de vivienda: que se visibilicen, compartan información, actualicen y sistematicen sus datos, y generen políticas de manera conjunta.
Esto requiere, a su vez, contar con instrumentos y mecanismos de comunicación que acerquen este sistema a la gente. La ciudadanía debe saber claramente cómo acceder, desde sus propias necesidades, a la oferta de políticas públicas que brinda el Ministerio.
De manera transversal, todo este trabajo está orientado a un objetivo prioritario: la erradicación de la pobreza infantil. Se trata de un compromiso de todo el gobierno, pero también de la sociedad en su conjunto y de todos los partidos políticos. Comenzamos con el Programa Crece Desde el Pie. Esa política busca que no haya niños y niñas que nazcan en el Uruguay en un piso de tierra, sin el acceso a un baño, a una cocina o a un techo, en condiciones de hacinamiento no dignas. Ya comenzamos con el piloto, junto con Uruguay Crece Contigo. Hay más de 50 casos de embarazadas o niños recién nacidos que están siendo parte de este plan piloto, que a fines de febrero vamos a evaluar; se va a dimensionar, se va a costear y la idea es poder escalarlo para que ya no sea solamente un proceso de realojo, que lleva muchos años, sino que, cuando nacen, tengan una solución momentánea hasta ese momento.
Acceso a la vivienda
Hay un tema que se impone. El plan necesita recursos para implementarse. ¿En qué está eso? ¿Cómo va a ser el presupuesto de vivienda?
-Obtuvimos un presupuesto anual de 14.400 millones de pesos destinados a inversiones y gastos. Considerando el contexto de cuidado del déficit y las circunstancias económicas, políticas y financieras imprevistas que el gobierno debió afrontar desde el 1° de marzo, podemos decir que estamos satisfechos. Este presupuesto representa un aumento del 20 % respecto al que manejaba el gobierno anterior.
Es evidente que en materia de vivienda los desafíos son inagotables, complejos y siempre requieren mayores niveles de inversión. Sin embargo, en este marco entendemos que la asignación presupuestal es adecuada. Contamos con una hoja de ruta razonable, elaborada de forma participativa, que permite comprender la complejidad de la vivienda desde una perspectiva más integral y ofrece herramientas para mejorar la gestión.
Ahora el desafío está de nuestro lado: lograr que estos casi 15 mil millones de pesos se ejecuten y rindan de la mejor manera posible, de modo que quede en evidencia que este es el camino correcto.
También confiamos que el crecimiento, la apuesta a la inversión y las generaciones de mayor recurso para el país, pueda ir generando en su momento mayores posibilidades presupuestales para incorporar otras herramientas o potenciar algunas de las que ya tenemos.
Esto de las nuevas herramientas me parece importante, porque este no es un plan que se cierra y no se abre nunca más, como todo en la política pública estamos abiertos a que aparezcan nuevas soluciones, nuevas posibilidades y herramientas que permitan ampliar el acceso y la permanencia a la vivienda, porque no hay una sola que solucione todo.
Hay un malestar de las cooperativas en este caso.
-Sí, existe un malestar. En el período pasado las cooperativas construyeron 12 mil viviendas, mientras que en esta administración estamos proyectando 15 mil, lo que representa un aumento del 25 % respecto al período anterior. Se trata de un crecimiento incluso superior al del presupuesto, que aumenta un 20 %.
Pero más allá de lo cuantitativo, estamos trabajando junto al sistema cooperativo, sus federaciones y los IAT en la mejora cualitativa del modelo, un aspecto que, diría, no es mayor pero sí casi tan importante como la construcción misma.
Estamos revisando en profundidad los reglamentos y el marco normativo de las cooperativas, una demanda histórica que hasta ahora no había sido atendida. Hoy funcionan cuatro mesas de trabajo dedicadas a estos temas.
Además, estamos abordando la problemática de los cupos vacíos, que superan las 400 viviendas. Se trata de un problema tanto para la sociedad como para las propias cooperativas. Por eso, estamos buscando mecanismos de financiamiento que permitan generar garantías y facilitar que esas viviendas hoy desocupadas puedan ser adquiridas por familias que las necesitan.
Tanto en Fucvam como en Fecovi principalmente estamos trabajando por algo que parece fundamental, que es el contralor de los subsidios. Hoy las cooperativas tienen altos niveles de subsidios, con un control, diría yo, muy laxo y bastante flexible, donde ni el ministerio ni la cooperativa se termina de hacer cargo de los pedidos que hacen las diferentes familias.
Creo que ahí hay un trabajo importante del Ministerio para que parte de ese Fondo Nacional de Vivienda, que hoy se destina a subsidios mal otorgados, puedan permitir mayor construcción de viviendas, pero además puedan fortalecer aquellas familias que realmente necesitan subsidio. Nosotros tenemos que cuidar la herramienta del subsidio.
Yo diría que en general estamos trabajando muy bien y que nos parece que en principio es razonable el número que se propone en este marco, obviamente de restricción. Igualmente el objetivo primordial, la priorización del gobierno es la emergencia habitacional más extrema. Allí tenemos que apuntar, por ejemplo, con otra política que se está desarrollando, que el presidente ha llamado Mientras Tanto, que todavía no hemos encontrado otro nombre, pero es qué sucede mientras se hace el proceso de realojo y pasan cinco o seis años con los gurises que nacen ahí.
Si para cualquiera de nosotros cinco o seis años es mucho, para los niños es parte importante, o esencial, de su crecimiento, su formación, de su desarrollo cognitivo, su desarrollo físico, con las consecuencias que tiene para el niño, para la familia y ni hablar para la sociedad en otros términos. Ahí también hay una apuesta presupuestal importante, la de DINISU, Dirección Nacional de Integración Social Urbana, que tiene a cargo el Plan Juntos, el Avanzar y las licitaciones para tener diferentes herramientas de acuerdo a los territorios.
Vivienda promovida
¿Qué pasa con la vivienda promovida?
-Creo que allí hubo un sinceramiento del sistema político y del gobierno. Nosotros siempre señalamos que la ley de vivienda de interés social, luego llamada vivienda promovida, terminó transformándose con los años —y especialmente tras la última liberalización de 2020— en una ley de promoción del empleo y de la inversión. Era lógico que esa visión fuera defendida por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el SUNCA y el PIT-CNT. Sin embargo, no podía considerarse una ley orientada a promover el acceso a la vivienda social.
Con esa normativa se impulsó la construcción en barrios como Barrio Sur, Palermo, Cordón, La Comercial, La Blanqueada y Ciudad Vieja, donde hacía mucho tiempo no se edificaba. También fomentó la inversión en la franja costera y en otros departamentos, especialmente del litoral. Pero, desde nuestra perspectiva, no se trataba de una ley que pudiera llamarse de “interés social” ni que garantizara el acceso a la vivienda del público objetivo que realmente necesita la intervención del Ministerio de Vivienda.
Separamos las aguas. La vivienda construida bajo el régimen de vivienda promovida, con exoneraciones y un precio tope —que estamos definiendo en la reglamentación—, quedará dentro del marco de promoción del Ministerio de Vivienda.
En cambio, aquellas construcciones que superen esos costos seguirán recibiendo nuestra opinión en lo que respecta al producto arquitectónico —porque debe ser vivienda— y al ordenamiento territorial, que es nuestra competencia. Sin embargo, en esos casos la exoneración y promoción dejarán de ser una política habitacional para transformarse en una política de empleo e inversión económica. Por lo tanto, pasarán a la órbita de la COMAP y del Ministerio de Economía, que serán quienes evalúen si la inversión resulta de interés.
En definitiva, el sistema se sinceró.
Ese sinceramiento del sistema, ¿también va a llevar a que haya cambios, por ejemplo, para evitar que la ministra firme exoneraciones a piscinas en un barrio privado?
-Por lo pronto la ministra de Vivienda no va a firmar nunca más ese tipo de exoneraciones. En lo inmediato, el cambio es que no va a pasar más eso por Vivienda. Lo que sí va a ser es que cuando pase el expediente diremos, sí está bien, esto es una vivienda, cumple con la vivienda, y en este marco de ordenamiento territorial, está bien que se construya ahí. Si quiere exonerarlo, va Economía, y si Economía entiende que hay viviendas que generan empleo, que la inversión les sirve… pero no va a estar en el marco de un sistema público de vivienda.
¿En el plan de vivienda se contempla a aquellas personas con empleo formal, que pagan alquiler, pero no tienen capacidad de ahorro?
-Tanto el Plan Entre Todos como el subsidio de alquiler están dirigidos a ese público objetivo. En el caso del Plan Entre Todos, por ejemplo, el Banco Hipotecario financia el 95 % del valor de la vivienda, que se paga en cuotas a 25 años. Supongamos que la cuota resulta en 28 mil pesos: esa cifra será subsidiada parcialmente por el Ministerio de Vivienda, de modo que la familia pague, por ejemplo, 18, 16 o 22 mil pesos. Es decir, un valor mucho más cercano al de un alquiler actual que al de una cuota de compra de vivienda. Ese es el espíritu del Plan Entre Todos. Además, según el nivel de ingresos del hogar, el Ministerio subsidia una parte de la cuota, lo que amplía significativamente el acceso a la vivienda para un público más amplio.
Por su parte, el subsidio de alquiler no apunta a la compra, pero considera el ingreso del hogar y cuánto incide el costo del alquiler en el salario. Hoy, en promedio, los hogares uruguayos destinan un 25 % de sus ingresos al alquiler; sin embargo, en los sectores más bajos ese porcentaje asciende al 37 %, lo que resulta mucho más oneroso. En general, lo razonable para cualquier institución financiera al otorgar un crédito es que la cuota no supere el 25 % del ingreso; en algunos países se admite hasta un 30 %. Cuando ese límite se sobrepasa, el Ministerio interviene con un subsidio que permite equilibrar la carga económica.
Siempre se mira al Ministerio de Vivienda con el tema de los asentamientos. El gobierno pasado lanzó una iniciativa, el Plan Avanzar. ¿Cómo está eso contemplado en el Plan de Vivienda?
-El Plan Avanzar continúa, donde se comenzó a construir, se va a continuar. El Plan Avanzar tenía una fortaleza: tenía plata. Tenía un Fideicomiso de Integración Social Urbana, y eso permitió iniciar muchos proyectos. Pero pudieron empezar mil y pico de viviendas, muy poco para todo el país.
Pero la capacidad del fideicomiso está, existe, y nosotros obviamente que la vamos a utilizar.
¿Cuál es la pata floja del Plan Avanzar? El sostén, el acompañamiento social anterior, durante obra y posterior. En algún momento creyeron que con poner plata y construir casas alcanzaba, y eso obviamente que parte de una mirada política y es parte de una ausencia de conocimiento territorial y de las situaciones de pobreza multidimensional.
Lo que nos corresponde a nosotros no es quitar el fideicomiso, sino incorporarle la mirada social que le está faltando al Plan Avanzar.
Por eso la DINISU, que es la Dirección de Integración Social y Urbana, lo que va a hacer es trabajar en conjunto el plan Juntos, el Plan Avanzar y el Plan Mejoramiento de Barrios, para fortalecer la pata débil de cada uno.
