¿Cuáles son las principales líneas programáticas que el sindicato está proponiendo para abordar en el Congreso de la FUS?
Estamos llegando al 20º Congreso con un gremio que ha crecido mucho, un gremio que ha pasado estos cuatro años enfrentando, como la mayoría de los uruguayos, a un Gobierno con un programa claramente contrario a las aspiraciones populares.
Enfrentamos la pandemia, estuvimos en la primera línea de lucha contra ella, al igual que todos los trabajadores de la salud. Desde el punto de vista salarial, rechazamos a un Gobierno que tomó como variable de ajuste el salario de los trabajadores.
Nosotros, junto con el gremio de la construcción, fuimos los únicos sectores que firmamos convenios de mantenimiento del salario real, dos convenios para el período 2020-2022 y 2022-2025, en donde además logramos mantener algunas conquistas que teníamos y, sobre todo, no perdimos las que ya habíamos alcanzado.
Estamos enfocados en el crecimiento del Instituto de Formación Sindical de la FUS.
Nos estamos preparando, en el marco de las condiciones laborales, para los cambios tecnológicos que ya están teniendo lugar en el sector, cambios que hasta ahora no han costado puestos de trabajo.
Una de las cuestiones centrales de este congreso, que se llevará a cabo 18 meses antes de la próxima negociación colectiva, es anticiparnos a qué gobierno nos enfrentaremos. No sabemos qué gobierno estará en el poder el 1 de julio de 2025. Asumimos que viviremos una nueva realidad en el trabajo.
Las nuevas tecnologías en el mundo laboral están teniendo un fuerte impacto en la salud, tanto en áreas asistenciales como no asistenciales. Por eso, discutiremos cómo nos preparamos nosotros, cómo las patronales y las instituciones deben preparar a sus trabajadores, y cómo nosotros, junto con ellos, defendemos nuestro salario y nuestro empleo.
Salario, empleo y condiciones laborales son los grandes desafíos que tendremos que abordar para elaborar un programa que surja del 20º Congreso y que apunte hacia un país en el cual esperamos que, con su voto entre octubre y noviembre, se elija un gobierno que tenga una visión favorable a los trabajadores.
Discutir el aumento del salario real sin considerar que hay gobiernos con un carácter claramente conservador y neoliberal que ven los salarios de los trabajadores, las pensiones y las jubilaciones como variable de ajuste, ya no es posible.
Por lo tanto, el crecimiento salarial, aunque nos movilicemos y protestemos, dependerá de un contexto político. Necesitamos un gobierno cuyo programa se base en los intereses de los grandes sectores populares.
¿El Congreso se detendrá solamente en los aspectos reivindicativos de los trabajadores de la salud o se debatirá también sobre la atención a los usuarios y la sostenibilidad de las empresas del sistema?
Lo importante es la vigencia y la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Si recordamos cuando se promulgó la ley que estableció el SNIS, tanto el sector privado como el público atravesaban una profunda crisis.
Entre 2000 y 2005, durante el gobierno Jorge Batlle, ocho instituciones de salud colapsaron. Hubo una pérdida considerable de empleos y un aumento en el número de personas en situación de pobreza en Uruguay. No existía un sistema de salud unificado. La atención se limitaba a aquellos que podían pagarla, y muchos trabajadores de la salud no podían permitirse atender a sus propios hijos en las mutualistas, lo que los obligaba a recurrir a la atención pública.
El SNIS, con sus tres pilares fundamentales, cambió de modelo de gestión, cambió de modo de atención y cambió de modelo de financiamiento, mantuvo a flote las instituciones de salud existentes y permitió su avance y desarrollo, facilitando la incorporación de nuevas tecnologías.
Es importante destacar que el 95 % de los afiliados a estas instituciones son socios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), lo que demuestra el amplio respaldo de la población al sistema.
Este sistema garantiza la cobertura de salud para todos. Por eso es un tema central, incluso para que no haya nuevas "Casa de Galicia", para que instituciones que están en situaciones delicadas puedan afianzarse y puedan asegurar su continuidad. En el período de 15 años que precedió a este gobierno no cayó ni una sola institución de salud de las que hoy integran el sistema. Varias tuvieron dificultades pero desde el Gobierno, y con el aporte de médicos, funcionarios y usuarios, se encontraron caminos para su sostenibilidad.
Discutamos los tres pilares que mencionamos. No podemos seguir con una realidad en la cual los trabajadores ganan muy poco, los usuarios aportan mucho y hay un pequeño pero reducido núcleo corporativo médico que gana fortunas con la salud de la gente.
Esos temas hay que discutirlos en serio. Pero también para ello tiene que haber un gobierno que lo haga, que quiera discutir. Insisto con esto, en cuatro años de gobierno de la coalición no hicieron nada para cambiar y mejorar el SNIS. Sin el SNIS no se hubiera podido enfrentar, como se enfrentó, la pandemia del covid-19. En otros países, donde el neoliberalismo había borrado los sistemas de salud, la gente moría en la calle. En Uruguay se enfrentó esa cuestión. Y la enfrentó también porque los trabajadores asumimos el momento político y, en vez de ser, como dicen los parlamentarios y los propagandistas de este Gobierno, "un palo en la rueda", fuimos actores principales en el combate al covid-19 y tuvimos que postergar reclamos en función de la atención de la salud de la población.
El Gobierno dice estar controlando especialmente a algunas entidades del sistema, tal vez las más grandes y con más prestigio, como el CASMU y la Asociación Española. ¿Cuál es su percepción general al respecto?
Los trabajadores conocemos todas las situaciones y seguimos atentamente todas las realidades. No podemos equiparar todas las situaciones. Si no se discute el funcionamiento del sistema y no se profundizan los cambios necesarios, podríamos caer en una espiral negativa que podría llevar al colapso del propio sistema. Si hablamos de instituciones que pudieran estar en una situación delicada, esta responsabilidad recae principalmente en el Gobierno, especialmente en el Ministerio de Salud Pública y en el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, al ser el responsable de los recursos financieros, tiene un papel crucial en la determinación de las políticas que avanzan y cuáles no, quién vive y quién muere. No hay cómo mirar para el costado, el Ministerio de Economía es el que baja el pulgar. Por lo tanto, no podemos abordar las políticas de salud con una mentalidad puramente ortodoxa ni creer que todas las soluciones están en el mercado.
Preferimos no mencionar instituciones específicas, ya que entendemos que lo que puede ser un problema para unos puede ser motivo de alegría para otros. Lamentablemente, la competencia entre las instituciones de salud en ocasiones es feroz y no todas comprenden que navegan en el mismo barco. Nuestro objetivo es evitar el cierre de cualquier institución de salud y contribuiremos para que las instituciones resuelvan sus problemas y prosperen.
En el caso del CASMU, consideramos que su buen y normal funcionamiento es crucial para el SNIS. Por lo tanto, desde hace un año y medio, la Federación Uruguaya de la Salud ha estado trabajando en colaboración con AFCASMU, el sindicato de trabajadores del CASMU, para abordar diversos aspectos de la gestión y la política institucional, así como los aspectos financieros. En este sentido las cosas se están haciendo bien.
Allí hay una bipartita que se reúne cada 15 días y que además cada mes debe ir al Ministerio del Trabajo a dar cuentas de los temas que vienen discutiendo. En ese marco estamos acordando seguros de paro rotativos. Logramos que la institución no despida más trabajadores. Acordamos también un complemento salarial para los trabajadores que van al seguro de paro, que en algunos casos compensa hasta el 90 % de su salario. Además, tengo entendido que los números del Balance auditado también son buenos dentro de la complejidad de la situación y que el Balance ha sido aprobado por la amplia mayoría de los médicos en la Asamblea.
Bueno, esas son situaciones que, en medio de tantas penurias, de alguna manera ayudan a una salida que tiene que ser mucho más rápida y que el Gobierno la debe asumir sin excusas y sin culpar a otros por sus inoperancias.
Las soluciones temporales no son suficientes, no podemos permitirnos dejar instituciones en crisis para que el próximo gobierno las resuelva. Querer dejar una institución en situación crítica al gobierno que venga es un error colosal. Desguazarla también es un error. Por eso, hablando del Sistema Nacional Integrado de Salud, hablando de la situación de las instituciones, nosotros le propusimos en diciembre a la actual ministra de Salud Pública que convoque al Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Ese organismo está consagrado por ley, lo utilizó el ministerio de María Julia Muñoz, lo utilizó el ministerio de Jorge Venegas, y sin embargo este Gobierno no lo quiere utilizar porque tiene miedo a la discusión y al debate, porque, por ejemplo, por algo no le dan lugar a los usuarios en las discusiones. Por eso ha reducido el poder de la participación democrática de usuarios y trabajadores en los organismos de discusión política de la reforma en Montevideo y sobre todo en el interior.
Bueno, si el Gobierno no lo hace, nosotros vamos a convocar a un diálogo nacional en salud con todos los actores sociales, incluidos los partidos políticos, para que nos digan qué piensan y qué piensan realizar, porque lamentablemente la salud hoy no está en los temas de la discusión de la agenda política. Si de la salud no hablamos ahora, vamos a lamentarlo.
No todas las instituciones dan las mismas prestaciones y probablemente las que están en situación más difícil son las que dan las mayores prestaciones. ¿Habría que pensar que la defensa del sistema incluye uniformizar las prestaciones en forma tal de que los usuarios no sean los que tienen que pagar la sostenibilidad del sistema?
Sin duda que es una seña de distinción del movimiento sindical uruguayo, de la FUS y del Sindicato Médico del Uruguay. La idea del Sistema Nacional de Salud, yo lo leí, está en la biblioteca del Instituto de Formación Sindical, en el congreso del año 1970, por primera vez la FUS hablaba de un sistema nacional de salud. Y en el 11 congreso de la FUS, en abril del 2003, en la ciudad de Mercedes, en medio de la caída de los puestos de trabajo y del salario, la FUS con aquella comisión de programa, donde incluso la integraba, entre otros, el economista Daniel Olesker, que era asesor del Pit-Cnt y de la FUS, propusimos la idea de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Algunas cosas que salieron y otras no. Por ejemplo, nosotros no estuvimos de acuerdo con que los seguros privados estén dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud y aprovechen la cuota Fonasa.
Digo esto porque en algún momento nosotros fuimos muy críticos con algunas instituciones, el CASMU y la Asociación Española, por ejemplo, cuando se generó una estrategia de competencia con los seguros privados de salud, pero luego lo entendimos en la discusión con otras instituciones, porque si hay algo que caracteriza a esta FUS es que más allá de las diferencias y las movilizaciones y las horas de paro, tenemos un montón de horas de diálogo con quienes dirigen las instituciones.
Claramente había una desproporción en la cual los socios de mayor poder adquisitivo se iban de las instituciones a los seguros privados, entre otras cosas, por los tiempos de espera en el Sistema Nacional Integrado de Salud.
En este sentido, nosotros en el año 2013 juntamos 56.000 firmas y se las entregamos a la entonces ministra Susana Muñiz, planteándoles cuatro puntos que hoy siguen vigentes: disminución de los tiempos de espera, disminución del valor de tickets y de órdenes, complementación entre el sector público y privado y participación de los usuarios en la discusión de la gestión.
Bueno, eso sigue vigente, eso es parte del programa que con distintas asociaciones de usuarios presentamos en el Congreso del Pueblo que el Pit-Cnt llevó adelante el año pasado. Por lo tanto, para nosotros es claro, todas las instituciones tendrían que tener el mismo valor de ticket y de órdenes, la misma calidad de prestaciones en los pacientes ambulatorios y en los que requieren internación, en los que consultan en policlínicas y en las emergencias. Obviamente, esto no es así.
Lo que pasa es que los tickets y las órdenes hoy tienen un valor recaudador y no el valor que tenían antes de moderador. ¿Por qué? Porque hoy son parte de las que financian el acto médico que en el año 1993, con la lógica neoliberal de Lacalle Herrera, se le entregó a las sociedades anestésico quirúrgicas y luego fue avanzando en la cabeza de los sectores médicos esa visión economicista.
Y nosotros lo lamentamos mucho porque creemos que el Sindicato Médico del Uruguay debe jugar un papel transformador y de cambio.
Lo que nació con Fosalba, con la idea de Fosalba, para nosotros sigue siendo vigente. Pero el problema es que cuando nos sentamos a discutir estas cuestiones tenemos serias diferencias en cuanto a cómo vemos y sobre todo los intereses económicos que defienden unos y que defendemos otros.
Pero lo que está claro es que para ir a la transformación del Sistema Nacional Integrado de Salud y rescatarlo de la parálisis que hoy tiene y que lo está asumiendo en una situación casi crítica, se debe dar la discusión con todos, con todas las opiniones, con todas las voces y con todos los planteos. El Ministerio de Salud Pública no tiene valentía política. Yo creo que es un tema de valentía política; no me estoy metiendo con nadie en particular, pero creo que es un tema de valentía, este Ministerio de Salud Pública no tiene la valentía política para convocar ese Consejo Consultivo Nacional.
Por lo tanto, lo vamos a hacer los trabajadores con la única aspiración de que logremos -yo no quiero nombrar la Conapro, porque tan malos resultados nos dejó después de tanto esfuerzo que se hizo-, no digo una nueva Conapro, sino que haya, en materia de salud, una nueva discusión que le permita que tenga un resumen, no que se discuta que tenga un resumen en dos, tres meses y el gobierno que venga en marzo del 2025 tenga una base, más allá de las ideas propias que tenga cada uno, para poder discutir el cómo avanzamos en un elemento clave para la vida de los uruguayos que es la salud y que, por lo tanto, es absolutamente clave el funcionamiento correcto del Sistema Nacional Integrado de Salud.
El CASMU
Hay, entre las instituciones prestadoras de salud, casos y casos. En particular el CASMU ha sido objeto de opiniones y titulares en los medios en los últimos meses. Sin tanta exposición mediática, la situación del CASMU como institución integral sin fines de lucro ha sido difícil durante los últimos sesenta años, y sigue existiendo y constituye uno de los pilares fundamentales del sistema, como se sabe todos los días y se demostró en la pandemia.
Nosotros queremos que el CASMU siga existiendo, supere sus dificultades y siga cumpliendo los acuerdos laborales, manteniendo las fuentes de trabajo y suministrando servicios de calidad a los usuarios. En lo que se refiere a la visión que los trabajadores tenemos de la gestión de la empresa, con sus autoridades actuales, hay mutua voluntad de diálogo, aunque nada que ver con una luna de miel.
Esta semana se informó que el déficit del FONASA en 2023 aumentó con respecto a años anteriores.
Se dan cifras que habrá que observar con seriedad, analizando cantidad de usuarios, inflación, tasa de cambio. Es una reverenda tontería del periodista que el aporte del Estado para cubrir el presunto “déficit” se haya hecho para que “no caiga el FONASA”. El aporte del Estado no es una contribución discrecional, sino parte de los ingresos del FONASA, según la ley nro. 18.211.
Si el Gobierno, este o el próximo, no quiere aportar eso, tendrá que valorar la posibilidad de reestudiar los criterios de cálculo y el monto de las cápitas, las remuneraciones a todas luces exageradas de algunas de las especialidades médicas y de algunos de los cuadros gerenciales, la superposición de tecnología y la complementación de servicios; y, por qué no, la posibilidad de gravámenes impositivos a las grandes ganancias, los depósitos en el exterior y las herencias.
Esto es difícil de discutir en la campaña electoral, pero inevitable si queremos asegurar servicios esenciales como la salud y la educación, invertir en innovación e investigación científica, así como para enfocarse en la pobreza, en particular la pobreza infantil y la desigualdad.
